Vivanta cierra sus 124 clínicas dentales en España tras fracasar la compra por Donte Group

Vivanta, la cadena de clínicas dentales propiedad del grupo Aestes Dental y controlada por los fondos de capital riesgo Ares y Portobello, cerró el pasado lunes sus 124 centros en toda España, después de que caducara la oferta vinculante de compra de Donte Group sobre el negocio. El cierre se completó en dos fases: 63 clínicas llevaban semanas cerradas de forma gradual desde que la empresa entró en concurso de acreedores en Madrid el 3 de septiembre de 2026, y las 61 restantes, incluidas en la oferta de Donte Group, cerraron el 26 de octubre tras caducar esa oferta, según coincidieron de forma independiente El Economista, Traspaso Dental y OKDiario. Con más de 130 centros en su momento de máxima expansión, Vivanta había llegado a ser una de las mayores redes de clínicas dentales de España antes de entrar en dificultades financieras.

La oferta de Donte Group, prorrogada en tres ocasiones, caducó el 21 de octubre sin que las partes lograran resolver dos obstáculos: la falta de tiempo para cerrar la operación y, sobre todo, la incertidumbre sobre si el préstamo público de 40 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Aestes Dental tendría prioridad de cobro frente a otros acreedores. Los servicios jurídicos del Estado pidieron una revisión del proceso, lo que añadió incertidumbre a una operación que el propio Traspaso Dental valoró en 57,2 millones de euros y que, de haberse cerrado, habría mantenido 656 de los aproximadamente 1.300 empleos afectados por el cierre total. La disputa sobre la prioridad de cobro enfrentaba, en la práctica, al Estado como acreedor público con los acreedores privados y con el propio comprador, que no estaba dispuesto a asumir ese riesgo sin una resolución previa por parte de la Comisión Europea o de la propia SEPI.

Desde el 23 de octubre, Traspaso Dental comercializa en exclusiva las 124 clínicas de forma individual, lo que indica que, de momento, no hay comprador único a la vista y que el futuro de la red depende de operaciones separadas para cada centro. Según los datos recogidos por ese mismo portal especializado, el negocio de Vivanta facturó 93,6 millones de euros en 2025, pero acumula 50,6 millones de euros en tratamientos de pacientes ya cobrados y pendientes de ejecutar, una cifra que resume el riesgo que asumiría cualquier comprador y que explica en parte por qué ninguna oferta ha logrado cerrarse hasta ahora.

El préstamo de la SEPI, concedido en junio de 2022 a través del fondo de solvencia para empresas estratégicas, se estructuró en dos tramos —20,4 millones de euros en forma de préstamo participativo y 19,6 millones como préstamo ordinario— tras una solicitud presentada ya en 2021. El Gobierno ha modificado dos veces el calendario de devolución: primero en 2024, para concentrar los pagos hasta julio de 2028, y de nuevo en abril de 2026, ampliando el plazo hasta julio de 2032. Ni el principal ni los intereses se han devuelto hasta la fecha, según documentaron tanto OKDiario como la cobertura histórica de El Economista sobre las sucesivas renegociaciones. Ese fondo de solvencia, creado por el Gobierno durante la pandemia para sostener a empresas consideradas estratégicas para la economía española, generó controversia desde el principio por incluir a una cadena dental privada entre sus beneficiarios, en un sector compuesto mayoritariamente por pequeñas clínicas independientes sin acceso a ese tipo de ayuda pública.

El Consejo General de Dentistas de España lleva años reclamando que se hagan públicos los informes técnicos que justificaron la calificación de Vivanta como "empresa estratégica" para acceder a esa ayuda pública, calificación que ni la SEPI ni la propia empresa han explicado con documentación abierta, según recogieron Consalud.es y The Objective. El colectivo sostiene que ese rescate supuso un perjuicio comparativo frente a miles de clínicas dentales que, sin ayudas públicas, asumieron deuda propia para mantenerse abiertas durante la pandemia. Se trata de una crítica sectorial atribuida y documentada, no de un hecho judicialmente probado, y ni la SEPI ni Vivanta han respondido públicamente a esa exigencia de transparencia.

El cierre ha dejado sin empleo a cerca de 1.300 trabajadores en toda España. Antes de la clausura total, la compañía ya había iniciado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaba a 464 empleados a nivel nacional, diez de ellos en Zaragoza, donde las dos clínicas de la ciudad cerraron la misma semana que el resto de la red. Según OKDiario, algunos pacientes con tratamientos en curso están siendo derivados a centros de la cadena Vitaldent, aunque no hay un acuerdo público y formal de traspaso de pacientes entre ambas compañías. El ERTE previo a la clausura total ya había generado meses de incertidumbre salarial entre la plantilla, que según los mismos medios denunció retrasos en el pago de nóminas antes de conocer si su situación derivaría en despido definitivo.

El impacto alcanza también a más de 30.000 pacientes con tratamientos pendientes o ya financiados mediante créditos vinculados a las clínicas, que se han quedado sin información oficial sobre cómo continuar sus tratamientos o recuperar los importes abonados por adelantado. Ni Vivanta ni Aestes Dental han emitido un comunicado propio detallando los pasos a seguir para estos pacientes, y la información disponible hasta ahora procede de la cobertura de medios especializados y económicos, no de la compañía. Varios de esos pacientes contrataron sus tratamientos mediante financiación a plazos gestionada por entidades de crédito externas vinculadas a las clínicas, lo que significa que algunos seguirán pagando cuotas mensuales por tratamientos que ya no pueden completarse en los centros donde los contrataron.

Con las 124 clínicas cerradas y la venta en manos de Traspaso Dental por centros individuales, el desenlace del concurso de acreedores de Vivanta sigue abierto. La deuda de 40 millones de euros con la SEPI permanece pendiente de cobro, el Consejo General de Dentistas mantiene su exigencia de transparencia sobre el rescate original y no hay, por ahora, ningún calendario público sobre si alguna de las clínicas podría reabrir bajo nueva propiedad.