El alto tribunal exige al Ministerio del Interior que acredite si los 61.603 dispositivos contratados para votar con DNI digital pasaron los controles de seguridad obligatorios, a raíz de un recurso de Iustitia Europa.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al Gobierno pruebas documentales sobre los 61.603 terminales de lectura de QR contratados por 7 millones de euros, antes de resolver sobre las medidas cautelares pedidas por un partido minoritario que había pedido corregir el acuerdo de la Junta Electoral Central que levantó la suspensión de MiDNI. El alto tribunal exige al Ministerio del Interior que acredite si los 61.603 dispositivos contratados para votar con DNI digital pasaron los controles de seguridad obligatorios, a raíz de un recurso de Iustitia Europa. En la práctica: Una eventual certificación negativa o la falta de respuesta de Interior en plazo podría reabrir el debate sobre la fiabilidad del voto con DNI digital a menos de dos semanas de las elecciones generales.

Sede del Tribunal Supremo de España, en Madrid.
Foto: Luis García (Zaqarbal) / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 48 horas al Ministerio del Interior para que certifique si los 61.603 dispositivos contratados para verificar la identidad de los votantes que usen el DNI digital en las elecciones generales del 29 de noviembre superaron los controles de seguridad legalmente exigidos. La resolución, dictada el 17 de noviembre por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se produce doce días antes de la votación y en pleno despliegue logístico de los colegios electorales.
La Sección Cuarta es la sala competente para resolver los litigios en materia de proceso electoral que llegan al Tribunal Supremo, incluidos los recursos contra acuerdos de la Junta Electoral Central. En este caso actúa dentro de una pieza de medidas cautelares, es decir, antes de entrar a resolver sobre el fondo del recurso, para decidir si procede o no suspender cautelarmente el uso del sistema cuestionado mientras se tramita el litigio principal.
Los terminales en cuestión son teléfonos móviles arrendados por el Gobierno a Telefónica Defensa y Seguridad mediante un contrato de emergencia valorado en 7.000.455 euros. Su función es leer el código QR que genera la aplicación MiDNI para comprobar la identidad de los electores que opten por acudir a votar con la versión digital del documento de identidad en lugar del DNI físico, un sistema que el Gobierno presenta como parte de la modernización del proceso de votación y que se suma a la implantación progresiva del DNI digital en otros trámites administrativos del Estado.
El requerimiento se apoya en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad y obliga a las administraciones públicas a verificar periódicamente los sistemas de información que tratan datos sensibles, entre ellos los que gestionan la identificación de los ciudadanos. El auto se enmarca en el procedimiento ordinario 2317/2026, pieza de medidas cautelares 0001, previo a que el Supremo resuelva sobre la petición de suspensión cautelar del uso de MiDNI que ha planteado la parte recurrente para la jornada del 29-N.
El recurso fue presentado por Iustitia Europa, formación dirigida por el abogado Luis María Pardo, que ya se había dirigido en agosto a la Junta Electoral Central pidiendo garantías sobre la identificación digital de los votantes. Según la reconstrucción coincidente de varios medios, la Junta llegó a adoptar un acuerdo que levantaba una suspensión previa sobre el uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con DNI electrónico el 29 de noviembre; Iustitia Europa pidió al Supremo corregir ese acuerdo, y es en ese contexto procesal donde se dicta el requerimiento a Interior.
"Queremos conocer la marca y el modelo de los teléfonos, las verificaciones realizadas", declaró Pardo, en referencia a la documentación técnica que su formación exige junto con el resto de garantías de seguridad sobre el sistema. Esa declaración fue recogida por EsDiario como parte de la cobertura del recurso presentado por la propia formación, que además reclama conocer las especificaciones técnicas completas de los 61.603 terminales antes de que se usen el día de la votación.
El auto no establece que existan deficiencias de seguridad en los dispositivos: el Supremo no ha hecho ninguna valoración sobre el fondo del sistema, sino que exige a Interior que, si los controles se realizaron, lo demuestre con documentación técnica que lo acredite conforme al Esquema Nacional de Seguridad. Si la certificación es positiva, el Gobierno deberá aportar esa documentación justificativa; el tribunal no ha ordenado, por ahora, ninguna suspensión del sistema de voto con DNI digital, y la decisión final sobre las medidas cautelares queda pendiente de la respuesta de Interior.
El plazo de 48 horas vence el 19 de noviembre, diez días antes de la jornada electoral, lo que deja margen para que el Supremo resuelva después sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa, incluida la posible suspensión del uso de MiDNI el día de la votación. La proximidad del plazo con el reparto de material a los colegios electorales añade presión logística sobre el Ministerio del Interior, que deberá reunir y remitir la documentación técnica en un tiempo muy ajustado, a escasos días del inicio de la jornada de votación.
El contrato de emergencia con Telefónica Defensa y Seguridad para el arrendamiento de los 61.603 lectores de QR se adjudicó sin concurrencia competitiva ordinaria, al tratarse de una necesidad sobrevenida ligada al calendario electoral, una fórmula de contratación que en sí misma no implica irregularidad pero que explica por qué Iustitia Europa reclama ahora trazabilidad sobre las verificaciones técnicas realizadas antes del despliegue de los dispositivos en los colegios electorales.
Hasta el cierre de esta información no se ha hecho pública ninguna respuesta del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral Central sobre el cumplimiento del requerimiento judicial. El texto íntegro del auto tampoco figuraba aún en el repositorio público del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), por lo que esta pieza se basa en la coincidencia de detalles —cifra de dispositivos, coste del contrato, plazo y base legal— entre varios medios que han tenido acceso a la resolución o a fuentes judiciales próximas al procedimiento.
La decisión final sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa dependerá de si Interior aporta en plazo la documentación técnica exigida por el Supremo; mientras tanto, el sistema de voto con DNI digital mediante la aplicación MiDNI sigue vigente sin que el tribunal haya ordenado, por el momento, ninguna suspensión cautelar de su uso en la jornada del 29 de noviembre, lo que deja a los colegios electorales preparándose con normalidad para la convocatoria mientras se resuelve el requerimiento documental planteado por la Sección Cuarta.
Iustitia Europa había solicitado garantías a la Junta Electoral Central en agosto de 2026, antes de recurrir directamente al Tribunal Supremo.
Una eventual certificación negativa o la falta de respuesta de Interior en plazo podría reabrir el debate sobre la fiabilidad del voto con DNI digital a menos de dos semanas de las elecciones generales.
El Supremo no ha cuestionado hasta ahora la seguridad del sistema; el requerimiento es documental, previo a resolver sobre la suspensión cautelar de MiDNI pedida por Iustitia Europa.
El Gobierno introdujo la posibilidad de votar con DNI digital mediante la aplicación MiDNI como parte de la modernización del sistema electoral.
Interior contrató de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad el arrendamiento de 61.603 terminales lectores de QR por 7.000.455 euros para dotar a los colegios electorales de cara al 29 de noviembre.
La Junta Electoral Central había adoptado un acuerdo que levantaba una suspensión previa sobre el uso de MiDNI, acuerdo que Iustitia Europa pidió corregir ante el Supremo.
El PSOE entrega a Pedraz el listado de sus abogados y facturas de 2021 a 2025 en el 'caso Leire Díez' y pide que queden bajo secreto
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.
El Supremo rechaza por segunda vez el recurso de Vox para suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
El juez del caso Koldo rechaza la nulidad del registro de la UCO en casa de Ábalos
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
Feijóo defiende pactar con Vox pero pone como línea roja la excarcelación de etarras
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
Un exempleado de la cantera que surte de balasto a Adif denuncia ante la jueza de Adamuz que el material es "defectuoso"
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.