El Supremo absuelve a un padre de una de las dos bofetadas a su hija de 11 años al no dejar lesión

El Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre de uno de los dos delitos de maltrato familiar por los que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en 2023, al entender que una de las dos bofetadas que dio a su hija, entonces de 11 años, se ampara en el llamado 'derecho de corrección' parental porque no dejó lesión acreditada. La sentencia de la Sala Segunda, fechada el 2 de octubre de 2026, mantiene en cambio la condena por el segundo golpe, que sí provocó una herida que requirió atención médica. El fallo, avanzado por elDiario.es y corroborado de forma independiente por Público y otros medios, reabre un debate jurídico que lleva más de una década sin resolverse de forma unívoca en los tribunales españoles.

El primer episodio ocurrió el 2 de agosto de 2021, cuando la familia regresaba de vacaciones en coche y la niña vomitó durante el trayecto. Según los hechos probados recogidos por los medios que han tenido acceso a la resolución, el padre la insultó llamándola 'inútil', la amenazó con dejarla en la carretera y finalmente le propinó una bofetada en la cara que no dejó marca ni requirió asistencia sanitaria. Fue por este hecho concreto por el que la Audiencia Provincial de Madrid le había condenado en primera instancia, condena que el Supremo revoca ahora en casación.

Meses después —en noviembre de 2021, según precisa El Sol Solidario—, en otro incidente en el domicilio familiar, el padre volvió a golpear a la menor, causándole una contusión con herida en el labio que sí precisó asistencia médica. Es por este segundo hecho por el que el Supremo mantiene la condena penal, al considerar que una agresión que deja lesión acreditada supera el límite que, a su juicio, delimita el ejercicio legítimo de la corrección parental. La Sala distingue así, dentro del mismo procedimiento y contra el mismo acusado, dos conductas de apariencia similar pero con consecuencias penales opuestas en función exclusivamente de si hubo o no lesión objetivable.

El tribunal define ese derecho de corrección como una potestad educativa de dirección y contención "inherente a la función parental", con límites como el interés superior del menor, su dignidad y la prohibición de causar lesión física o psíquica. Cuando el golpe deja lesión, sostiene la Sala, ese amparo desaparece y la conducta sí alcanza relevancia penal. El fallo subraya que el reconocimiento de ese margen pretende evitar que se criminalicen conductas como "un leve azote o la prohibición de salir un fin de semana", según recoge Público, mientras El Sol Solidario cita textualmente que una conducta sin lesión "no alcanza la antijuridicidad necesaria" para ser delito.

Esta no es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre los límites del derecho de corrección desde que la Ley 54/2007 eliminó del Código Civil la referencia expresa que permitía a los padres "corregir razonable y moderadamente a los hijos". Pese a esa supresión legal, distintas resoluciones posteriores han seguido empleando la figura como criterio interpretativo para deslindar la disciplina doméstica del delito. En una sentencia de enero de 2020, citada por Confilegal, el propio Supremo afirmó que el derecho de corrección "no legitima el uso de la violencia física" contra los hijos, en un pronunciamiento que los juristas han interpretado como una restricción progresiva de la doctrina frente a su formulación más laxa de décadas anteriores.

La resolución ha generado críticas de juristas y asociaciones de defensa de la infancia. Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas FeMes, ha señalado que esta posición "contradice la Convención de Derechos del Niño y la ley de protección integral a la infancia de 2021" (conocida como Ley Rhodes). La asociación de juristas Themis ha advertido, en un estudio citado por Público y El Sol Solidario, de que estándares difusos como 'moderado, razonable o proporcional' abren la puerta a la "subjetividad y los prejuicios" en la interpretación judicial de estos casos, y ambas organizaciones han calificado la doctrina de "obsoleta".

El núcleo de la controversia jurídica reside precisamente en que, al no existir ya una definición legal del derecho de corrección desde 2007, su contenido y sus límites quedan en manos de la interpretación caso por caso de cada tribunal, lo que explica que resoluciones con hechos superficialmente parecidos puedan dar lugar a fallos distintos según la gravedad y la acreditación médica de la lesión. Los críticos sostienen que esa dependencia de la prueba de lesión física, y no de la propia violencia ejercida, traslada el debate del acto en sí a sus consecuencias visibles.

El hombre, que arrastraba una condena previa de octubre de 2020 por violencia de género, había sido sentenciado por la Audiencia Provincial de Madrid a 20 meses de prisión y una orden de alejamiento de más de un año por los dos episodios contra su hija. Con la sentencia del Supremo, esa condena queda ahora reducida a la parte correspondiente al segundo episodio, el que causó lesión con asistencia médica, mientras que el primero, el de la bofetada en el coche, queda definitivamente absuelto. La sentencia, al proceder de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, agota la vía de casación penal ordinaria en este procedimiento, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que el condenado o la acusación pudieran plantear ante otras instancias.