La patronal SpainDC y Endesa rechazan el real decreto de sostenibilidad para centros de datos que el Gobierno tramita de urgencia ante el Consejo de Estado, al considerar que exige una correlación renovable horaria del 80% inasumible y permite desconexiones sin compensación que, advierten, ahuyentarán inversión internacional.
La patronal SpainDC advierte de que el real decreto de sostenibilidad para centros de datos, en tramitación urgente ante el Consejo de Estado, "firma la muerte del sector a sabiendas". Endesa lo tacha de insuficiente y el sector amenaza con litigar si el texto no cambia antes de su aprobación definitiva. La patronal SpainDC y Endesa rechazan el real decreto de sostenibilidad para centros de datos que el Gobierno tramita de urgencia ante el Consejo de Estado, al considerar que exige una correlación renovable horaria del 80% inasumible y permite desconexiones sin compensación que, advierten, ahuyentarán inversión internacional. En la práctica: Si el decreto se aprueba sin cambios, el sector advierte de una posible fuga de inversión internacional hacia mercados con marcos regulatorios más predecibles, lo que podría frenar proyectos por del orden de 12 GW de capacidad pendiente en España.
Campus de centros de datos DATA4 España en Alcobendas (Madrid), una de las instalaciones del sector afectado por el real decreto de sostenibilidad en tramitación.
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El sector español de centros de datos ha entrado en abierta confrontación con el Gobierno por el real decreto de sostenibilidad que regula la instalación de estas infraestructuras, actualmente en tramitación urgente ante el Consejo de Estado. Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal SpainDC, declaró el 28 de octubre de 2026 que el Ejecutivo "está firmando la muerte del sector a sabiendas de lo que está haciendo", según recogió El Periódico de la Energía.
El núcleo de la disputa es la exigencia de que los centros de datos acrediten hora a hora que el 80% de la electricidad que consumen procede de instalaciones renovables, un requisito que se combina con la posibilidad de que Red Eléctrica desconecte estas instalaciones sin compensación económica durante un periodo de transición de cinco años si el sistema eléctrico lo requiere. Villacís sostiene que el texto mezcla un estándar de sostenibilidad con un mecanismo de seguridad del sistema, dejando al operador expuesto a interrupciones que, según el sector, ningún comité de inversión aceptaría sin una prima de riesgo adicional, de acuerdo con la reconstrucción de merca2.es sobre las conversaciones del sector con el Gobierno.
La patronal rechaza además que los centros de datos sean el primer sector señalado para posibles cortes ante problemas del sistema eléctrico cuando, según Villacís, representan solo el 0,8% del consumo energético total de España. Endesa, por su parte, calificó de "insuficiente" el borrador del decreto, según merca2.es, al considerar que el marco de desconexiones sin compensación altera de forma sustancial la economía de cualquier proyecto de inversión en el sector.
El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, defiende que busca "seleccionar los mejores proyectos" con "el menor impacto ambiental y sin provocar subidas en la factura eléctrica", según explicó a Infobae el pasado 5 de noviembre de 2026. El Ejecutivo cita como justificación tensiones ya registradas en Irlanda, Estados Unidos y Países Bajos, donde el crecimiento no regulado de estas infraestructuras generó problemas de suministro hídrico y eléctrico; en España, Aragón ha concedido ya permisos por 3,6 gigavatios -que podrían triplicar la demanda regional- y Madrid por 4,1 gigavatios, el doble de su consumo actual, según recogió Computerworld España.
El texto en tramitación exige además que las instalaciones renovables asociadas lleven al menos 18 meses operativas antes de que el centro de datos entre en funcionamiento, que los operadores estén establecidos en la Unión Europea para mantener los datos dentro del territorio comunitario, y que las instalaciones de más de 500 kilovatios reporten periódicamente sus métricas de eficiencia al Ministerio, según el detalle publicado por Computerworld España. Las instalaciones ya existentes dispondrán de seis meses para adaptarse una vez aprobado el decreto, mientras que los proyectos nuevos deberán cumplir los requisitos desde su puesta en marcha.
El sector amenaza con llevar el decreto a los tribunales si se aprueba en sus términos actuales, según adelantó El Periódico de la Energía, y advierte de que proyectos pendientes que suman del orden de 12 gigavatios de capacidad -equivalentes a la generación nuclear española o al consumo eléctrico de un día completo en el país- podrían reconsiderarse si el marco normativo no se suaviza. SpainDC y AMETIC piden evitar además una fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas que añada incertidumbre a los inversores.
Esta disputa empresarial es independiente de la movilización ciudadana "Stop Dirty Data Centres", que reunió a más de 100 colectivos de 15 países europeos los días 6 y 7 de noviembre para exigir una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos por motivos medioambientales y de consumo de recursos; mientras los colectivos activistas consideran que el decreto del Gobierno es insuficiente, la patronal del sector sostiene la posición contraria, que el texto es excesivamente restrictivo y pone en riesgo la inversión.
A fecha de esta publicación, el real decreto seguía en fase de tramitación ante el Consejo de Estado sin una versión definitiva aprobada, por lo que tanto el alcance final de los requisitos de correlación renovable horaria como la respuesta del Gobierno a las amenazas de litigio del sector permanecen sin resolver.
El Gobierno inició la tramitación de esta regulación en el verano de 2026, con un periodo de consulta pública entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, tras recibir alrededor de 600 alegaciones al borrador inicial.
Si el decreto se aprueba sin cambios, el sector advierte de una posible fuga de inversión internacional hacia mercados con marcos regulatorios más predecibles, lo que podría frenar proyectos por del orden de 12 GW de capacidad pendiente en España.
Un litigio del sector contra el decreto, si se materializa, prolongaría la incertidumbre regulatoria sobre un sector que el propio Gobierno busca ordenar por motivos de seguridad de suministro y precios eléctricos.
La disputa se produce en paralelo a la primera gran movilización ciudadana europea contra los centros de datos (6-7 de noviembre de 2026), que exige mayores restricciones por motivos ambientales, situando al Gobierno bajo presión simultánea desde posiciones opuestas: la patronal pide suavizar el decreto y los colectivos activistas piden endurecerlo.
España ha sido uno de los destinos preferentes de la inversión en centros de datos en Europa en los últimos años, con permisos concedidos que, según cifras del sector, podrían multiplicar varias veces la demanda eléctrica de regiones como Aragón y Madrid.
España lidera la primera movilización europea contra los centros de datos, con réplica del Gobierno al decreto regulatorio
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