Sánchez no descarta indultar al exfiscal general García Ortiz antes del 29-N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el 9 de octubre de 2026 que "no lo descarto" al ser preguntado si el Consejo de Ministros aprobará un indulto para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La frase, recogida inicialmente en una entrevista de Sánchez, fue confirmada y reproducida de forma independiente por COPE, Infobae y El Español el mismo día, junto con declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien añadió: "No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente". Ninguno de los dos fijó una fecha concreta ni confirmó que la decisión esté ya tomada; ambos la presentaron como una posibilidad todavía en estudio.

García Ortiz fue condenado hace aproximadamente un año por el Tribunal Supremo por revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que le convirtió en el primer fiscal general de la historia de España condenado e inhabilitado en el cargo mientras lo ejercía. La sentencia le impone dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según recogen COPE e Infobae, el criterio desfavorable del propio tribunal sentenciador limita jurídicamente cualquier indulto a uno parcial —que reduciría la inhabilitación a menos de seis meses—, y no permitiría un indulto total que le restituyera de forma inmediata en la Fiscalía General del Estado, cargo que en todo caso ya no ocupa tras la condena.

El Ministerio de Justicia ya ha tramitado al menos dos peticiones de indulto para García Ortiz, según Vozpópuli, que informa de que el propio Tribunal Supremo ha descartado tramitar un indulto "exprés" y tardará varios meses en emitir su informe preceptivo, en el que deberá constar la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado, encargada de la defensa de García Ortiz durante el proceso. Esa limitación temporal introduce una duda material sobre si el procedimiento podría completarse antes del 29-N, al margen de la voluntad política expresada por Sánchez: un informe preceptivo que se demore varios meses haría coincidir, como mínimo, la resolución final con la nueva legislatura, independientemente de qué partido la encabece.

El PP y Vox han rechazado de forma explícita la posibilidad de un indulto. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo cuestionó si el Ejecutivo está "con el fiscal general condenado o con el Tribunal que lo condenó", y el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó a Sánchez de buscar "pagar favores pendientes" ante el temor a que García Ortiz "hable", según COPE. Frente a esas críticas, Bolaños defendió, según Democrata, que una eventual decisión respetaría la ley y no supondría una presión sobre el Supremo, en un intercambio que se suma al enfrentamiento previo entre Moncloa y la oposición por otras medidas que el Gobierno estudia impulsar antes de las elecciones a través de la Diputación Permanente del Congreso o de sus propias competencias ejecutivas.

La controversia se produce en un contexto de disolución de las Cortes por la convocatoria electoral del 29-N, lo que obliga al Gobierno a estudiar la "viabilidad" de tramitar medidas pendientes bien por la vía de la Diputación Permanente, bien mediante actos de su propia competencia ejecutiva, como es formalmente el indulto, que corresponde al Consejo de Ministros y no requiere aprobación parlamentaria. Esa circunstancia explica, según las fuentes citadas, por qué el Ejecutivo puede plantearse mover el expediente en plena campaña sin necesidad de un trámite en el Congreso, pero no elimina el requisito legal de recabar antes el informe del tribunal sentenciador y la opinión de la Fiscalía.

Por el momento no hay constancia pública de una fecha fijada para resolver el expediente. García Ortiz, su defensa y el Ministerio Público no se han pronunciado públicamente sobre la petición de indulto más allá de los trámites ya iniciados, y tampoco ha trascendido si el propio García Ortiz ha solicitado expresamente la gracia o si las peticiones tramitadas por el Ministerio de Justicia proceden de terceros. El PSOE no ha emitido, al cierre de esta información, una posición oficial distinta de la expresada por Sánchez y Bolaños.

El episodio se enmarca en una campaña electoral ya marcada por el choque dialéctico entre Sánchez y el PP sobre otros temas, entre ellos el debate parlamentario sobre vivienda que el propio presidente abrió el mismo día al afirmar que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en pisos de lujo", una frase que generó una réplica inmediata del PP acusándole de no parecerse tampoco él "a la calle". Ese intercambio, de carácter más retórico, ha quedado en un segundo plano frente a la trascendencia jurídica y política de la posibilidad de un indulto a un exfiscal general condenado.

Si el Gobierno formalizara el indulto antes del 29-N, sería la primera vez que un Ejecutivo en España concede esta gracia a un alto cargo del Ministerio Público condenado durante su mandato por delitos relacionados con el ejercicio del cargo, lo que, según los críticos citados, sentaría un precedente sobre la relación entre el Gobierno y la Fiscalía; el propio Gobierno, por su parte, sostiene que cualquier decisión se adoptaría dentro del marco legal vigente y tras recabar los informes preceptivos del tribunal y de la Abogacía del Estado.