El presidente del Gobierno dice que la medida de gracia "está sobre la mesa" para el exfiscal general, condenado en firme por revelación de secretos, y no concreta si se decidirá antes o después de las elecciones generales.
El presidente del Gobierno afirmó en una entrevista en Antena 3 que el indulto al exfiscal general del Estado, condenado en firme por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, "está sobre la mesa", sin precisar si se concederá antes o después de las elecciones generales del 29 de noviembre. El PP denunció "inmoralidad política y democrática". El presidente del Gobierno dice que la medida de gracia "está sobre la mesa" para el exfiscal general, condenado en firme por revelación de secretos, y no concreta si se decidirá antes o después de las elecciones generales. En la práctica: Un indulto al exfiscal general convertiría en el centro del debate electoral el uso de esta figura de gracia para un alto cargo condenado por un delito vinculado a la gestión de un caso que afectaba al entorno de la líder de la oposición regional, Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (archivo, Parlamento Europeo).
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó este miércoles que su Ejecutivo indultará al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos. En una entrevista en Antena 3, Sánchez afirmó que la medida de gracia "está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuándo lo hacemos", sin concretar si la decisión llegará antes o después de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas tras la ruptura anticipada de la legislatura.
Sánchez subrayó que la concesión de un indulto corresponde al Consejo de Ministros, con independencia de quién lo integre en ese momento, y que, si la decisión se adopta después de la cita electoral, sería un Gobierno en funciones el que la tramitaría. En la misma entrevista, el presidente defendió también a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, ambos investigados judicialmente por causas distintas, y afirmó: "Me parece que hay casos de corrupción que son reales y hay casos de corrupción que son ficticios", en referencia a las causas que afectan a su entorno familiar y político.
García Ortiz, fiscal general del Estado hasta su dimisión tras conocerse la sentencia, fue condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial para su cargo y a una multa de doce meses por un delito de revelación de secretos. El tribunal consideró probado que filtró, o permitió que se filtrara con su conocimiento, un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— y que emitió una nota de prensa de la Fiscalía sobre el caso que vulneró el deber de confidencialidad reforzado inherente a su cargo. La sentencia subraya expresamente que "el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", en referencia a la justificación que esgrimió la defensa de García Ortiz.
La condena es firme: el Supremo desestimó en febrero de 2026 los incidentes de nulidad presentados tanto por la defensa de García Ortiz como por el propio Ministerio Fiscal, cerrando la vía de impugnación interna y consolidando la sentencia dictada meses antes. Dos magistradas del tribunal, Ana Ferrer y Susana Polo, formularon un voto particular a favor de la absolución, al no considerar probado que el exfiscal general filtrara personalmente el correo ni ver delito en la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía; esta discrepancia interna es citada por los partidarios del indulto como argumento de que la condena no fue unánime, aunque no altera el carácter firme ni la validez jurídica de la sentencia mayoritaria.
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificó de "inmoralidad política y democrática verdaderamente asombrosa" la posibilidad de que el Gobierno indulte a García Ortiz. Sémper sostuvo que el Ejecutivo estaría utilizando de forma impropia la prerrogativa de gracia para beneficiar a quien, a su juicio, actuó en interés del propio Gobierno, y defendió que los indultos no deben convertirse en una recompensa para aliados políticos del presidente. El portavoz añadió que, si el PP gana las elecciones del 29 de noviembre, quienes sean condenados por delitos "no tendrán trato preferente", en un mensaje dirigido tanto al caso García Ortiz como a otras causas judiciales que afectan al entorno de Sánchez.
Desde el punto de vista estrictamente legal, un Gobierno en funciones sí puede tramitar y conceder indultos, lo que matiza —sin desactivar— la crítica política del PP sobre el momento elegido. Una doctrina del Tribunal Supremo de 2005 consideró que esta facultad forma parte de la "actividad normal" del Consejo de Ministros, dado el carácter individual y concreto de cada indulto, y que no constituye por sí misma un acto de dirección política vedado a un Ejecutivo en funciones, que legalmente debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos salvo razones de urgencia o interés general acreditadas. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 15 indultos mientras estaba en funciones, un precedente que resta fundamento jurídico, aunque no necesariamente político, a la idea de que la vía esté vetada tras el 29-N.
El anuncio se produce en plena campaña de las elecciones generales y se suma a otros frentes judiciales que afectan al entorno del presidente, incluidos los casos que implican a su esposa y a su hermano, mencionados por el propio Sánchez en la misma entrevista de Antena 3. La oposición ha utilizado el caso García Ortiz, junto con estas otras causas, como eje central de su discurso sobre el uso de las instituciones del Estado por parte del Gobierno, mientras que Sánchez ha optado por distinguir públicamente entre lo que considera acusaciones fundadas y lo que llama causas "ficticias" contra su entorno.
Por el momento, el Gobierno no ha fijado una fecha para la eventual tramitación del expediente de indulto, que según la ley de 1870 que regula esta figura de gracia requiere un informe previo del tribunal sentenciador y puede iniciarse de oficio por el propio Ejecutivo, sin necesidad de que lo solicite el condenado. Queda por ver si Moncloa prioriza resolverlo antes del 29-N, a sabiendas de la controversia electoral inmediata que generaría, o si prefiere dejarlo para después, ya sea con un Gobierno entrante o, si no hay mayoría para formar uno nuevo, con el actual Ejecutivo en funciones, amparado en el precedente de 2016.
El fiscal general del Estado fue condenado en 2025 y la sentencia devino firme en febrero de 2026 tras el rechazo de los recursos de nulidad.
Un indulto al exfiscal general convertiría en el centro del debate electoral el uso de esta figura de gracia para un alto cargo condenado por un delito vinculado a la gestión de un caso que afectaba al entorno de la líder de la oposición regional, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz dimitió como fiscal general tras conocerse la sentencia condenatoria, en un proceso que generó fuerte tensión entre el Gobierno y la Fiscalía con el Poder Judicial.
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