Repsol ha presentado en octubre demandas contra Iberdrola, Naturgy y Endesa, y responsabiliza solidariamente a Red Eléctrica, por los daños que el apagón de abril de 2025 causó en cinco refinerías y plantas petroquímicas. La petrolera reclama unos 120 millones de euros, una cifra que ha variado desde los 105 millones que citó en abril y los 125 millones de su estimación interna de mayo.
La petrolera ha formalizado en octubre las demandas anunciadas tras el apagón de abril de 2025, con una reclamación de unos 120 millones de euros por el parón forzoso de cinco refinerías y plantas petroquímicas, mientras la CNMC tramita en paralelo decenas de expedientes sancionadores que, aclara el propio regulador, no determinan por sí solos el origen de la avería. Repsol ha presentado en octubre demandas contra Iberdrola, Naturgy y Endesa, y responsabiliza solidariamente a Red Eléctrica, por los daños que el apagón de abril de 2025 causó en cinco refinerías y plantas petroquímicas. La petrolera reclama unos 120 millones de euros, una cifra que ha variado desde los 105 millones que citó en abril y los 125 millones de su estimación interna de mayo.

El complejo petroquímico de Repsol en Tarragona, una de las plantas cuyo parón forzoso por el apagón de abril de 2025 figura en la demanda de la petrolera contra Endesa.
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Repsol ha presentado demandas civiles contra Iberdrola, Naturgy y Endesa, y responsabiliza solidariamente a Red Eléctrica (REE), por los daños que el gran apagón del 28 de abril de 2025 causó en varias de sus instalaciones industriales en España, según informaron este lunes Euronews, El Español y Deia, entre otros medios. La petrolera reclama en conjunto unos 120 millones de euros por el parón forzoso de refinerías y plantas petroquímicas que el corte de suministro eléctrico provocó hace más de un año y medio.
Las demandas, presentadas en octubre, se dirigen contra la distribuidora que suministra electricidad a cada complejo afectado: Naturgy por la planta de A Coruña, Iberdrola por las instalaciones de Bilbao y Cartagena, y Endesa por las de Tarragona y Puertollano. Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico español, aparece como demandada solidaria en las cuatro reclamaciones, al considerar Repsol que también le corresponde parte de la responsabilidad por la gestión de la red durante el incidente.
La vía judicial llega después de que la legislación española exigiera a Repsol intentar antes una resolución extrajudicial. La compañía envió en abril de 2026 burofaxes y comunicaciones formales a REE y a las distribuidoras implicadas; al no alcanzarse un acuerdo satisfactorio en ese plazo, la petrolera formalizó las demandas seis meses después, en octubre, ante los tribunales correspondientes a cada instalación.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, explicó el planteamiento de la compañía el 30 de abril de 2026, durante la presentación de resultados del primer trimestre, según recogió Pressdigital. En ese momento, Imaz cifraba el impacto del apagón en unos 105 millones de euros y advertía: "Si este intento previo de resolución extrajudicial resulta insatisfactorio, Repsol presentará las demandas correspondientes contra todas estas compañías." Imaz justificó su confianza en recuperar la cantidad citando un precedente: una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que concedió a Petronor, filial de Repsol, 18 millones de dólares por un apagón de 2016.
La cifra reclamada por Repsol ha variado en los sucesivos trimestres. En mayo de 2026, la propia compañía situó su estimación interna del perjuicio en torno a 125 millones de euros para el conjunto de sus cinco refinerías, según recogió Hispanidad. Los 120 millones que finalmente figuran en las demandas de octubre son, por tanto, una cifra distinta y algo inferior a esa estimación de mayo, y superior a los 105 millones que Imaz mencionó en abril; las tres cantidades corresponden a momentos diferentes del proceso y no deben confundirse entre sí, ya que reflejan sucesivos refinamientos del cálculo del daño a medida que avanzaba la instrucción interna del caso y se precisaban los costes reales de cada parada de planta.
En el mismo acto de abril, Imaz criticó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por lo que calificó de "efecto ventilador": a su juicio, el regulador mezclaba problemas y plazos distintos de forma dispersa, generando confusión sobre a quién correspondía la responsabilidad del apagón. Esa crítica se produjo mientras la propia CNMC ampliaba, en sucesivas tandas desde abril de 2026, el número de expedientes sancionadores abiertos por el apagón, que según El Español e Infobae llegaron a sumar más de 55 expedientes repartidos entre Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, ANAV y Bahía de Bizkaia de Electricidad, entre otras compañías.
La propia CNMC calificó la conducta de Red Eléctrica como infracción "muy grave", mientras que las de Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, ANAV y Bahía de Bizkaia de Electricidad fueron clasificadas como "graves". El regulador precisó, no obstante, que la apertura de estos expedientes no implica por sí misma atribuir a las compañías afectadas el origen o la causa del apagón, un matiz relevante porque distingue el procedimiento administrativo sancionador —centrado en el cumplimiento normativo— de la demanda civil de Repsol, que sí reclama una responsabilidad causal directa por los daños económicos sufridos.
Las eléctricas demandadas no han respondido públicamente, hasta la fecha de esta información, a las demandas presentadas en octubre. El precedente más cercano de postura pública es el de Naturgy, cuyos directivos sostuvieron en la junta de accionistas de la compañía que sus instalaciones no tenían responsabilidad en el apagón y advirtieron de que resolver la vía judicial llevará, en sus palabras, "muchísimo tiempo", según recogió Hispanidad. Ni Iberdrola, ni Endesa ni Red Eléctrica han hecho declaraciones específicas sobre las demandas de octubre que hayan podido verificarse de forma independiente para esta información.
El apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin suministro eléctrico a España y Portugal durante varias horas y obligó a Repsol a detener de forma súbita cinco refinerías y varias plantas petroquímicas, con el consiguiente daño a procesos industriales que no estaban diseñados para pararse de golpe. Año y medio después, el reparto final de responsabilidades sigue sin resolverse: la investigación administrativa de la CNMC puede prolongarse entre nueve y dieciocho meses según la gravedad de cada expediente, y las demandas civiles de Repsol, que no cuentan todavía con fecha de vista conocida, podrían tardar años en resolverse por la vía judicial ordinaria.
El litigio se suma a otros frentes abiertos por grandes consumidores industriales tras el apagón, aunque Repsol es, por volumen de reclamación conocido hasta ahora, uno de los casos más visibles entre las compañías que han optado por la vía judicial en lugar de esperar únicamente al resultado de los expedientes sancionadores de la CNMC. El desenlace de estas demandas, y el grado en que los tribunales acaben atribuyendo responsabilidad a las distribuidoras o al operador del sistema, previsiblemente servirá de referencia para otras reclamaciones industriales pendientes por el mismo incidente.
El apagón masivo del 28 de abril de 2025 dejó sin electricidad a España y Portugal durante varias horas y provocó el cierre forzoso de numerosas instalaciones industriales. Desde entonces, la CNMC ha abierto sucesivas tandas de expedientes sancionadores contra distribuidoras, generadoras y grandes consumidores, mientras Repsol avanzaba desde el anuncio de posibles acciones legales en abril de 2026 hasta la formalización de las demandas en octubre de ese año.
Repsol reclama judicialmente unos 120 millones de euros a Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica por los daños del apagón de abril de 2025 en cinco refinerías y plantas petroquímicas, en un litigio que puede marcar el reparto final de responsabilidades económicas tras el mayor corte eléctrico de la historia reciente de España.
La demanda llega tras el fracaso de un intento previo de resolución extrajudicial exigido por la legislación española, y discurre en paralelo a un procedimiento sancionador de la CNMC que ha abierto más de 55 expedientes por el apagón, pero que el propio regulador aclara que no determina por sí solo la causa del incidente.
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