El Tribunal de Cuentas detecta graves deficiencias durante parte del contrato de 2023 de las pulseras telemáticas: geolocalización, interrupciones, baterías, reparaciones y una transición que dejó 123 requerimientos judiciales sin respuesta. Señala que los fallos fueron después resueltos.
El Tribunal no dice que todas las pulseras estén fallando hoy. Dice que el contrato de 2023 tuvo problemas graves durante parte de su vigencia y que, en un servicio de protección, la calidad debe pesar más que ahorrar costes. El Tribunal de Cuentas documenta fallos de geolocalización, interrupciones, baterías deficientes y problemas de transición entre adjudicatarios en el contrato de 2023. También señala que las deficiencias fueron resueltas después. La cuestión central es cómo se gestiona una infraestructura de protección en la que un error técnico puede tener consecuencias personales. El Tribunal de Cuentas detecta graves deficiencias durante parte del contrato de 2023 de las pulseras telemáticas: geolocalización, interrupciones, baterías, reparaciones y una transición que dejó 123 requerimientos judiciales sin respuesta. Señala que los fallos fueron después resueltos. En la práctica: El Tribunal de Cuentas fiscalizó contratos de 2018, 2021 y 2023 por un importe conjunto de 102,6 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha concluido que el sistema de pulseras telemáticas utilizado para vigilar órdenes de alejamiento sufrió **graves deficiencias de contratación y funcionamiento** durante parte del contrato adjudicado en 2023.
El informe fiscaliza los contratos de **2018, 2021 y 2023**, con un importe conjunto de **102,6 millones de euros**. El contrato de 2023 representaba 42,6 millones y estuvo parcialmente financiado con fondos del Plan de Recuperación.
Uno de los problemas empezó antes del funcionamiento técnico: los contratos anteriores no incluían un **plan de transición** suficientemente preparado para un cambio de adjudicatario. Cuando este se produjo, aparecieron problemas para acceder a información histórica.
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Esa falta de acceso impidió responder a **123 requerimientos judiciales pendientes**, según el Tribunal. La situación se mantuvo hasta octubre de 2024, cuando el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para resolverla tras un requerimiento de la Fiscalía.
El informe también enumera problemas operativos: fallos de fiabilidad, interrupciones del servicio, **errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores a víctimas**, baterías con autonomía insuficiente y retrasos en reparaciones.
La formulación necesita una cautela importante. El Tribunal señala que esas deficiencias **han sido resueltas**, aunque considera que comprometieron la efectividad del servicio durante parte del periodo fiscalizado. No afirma que todo el sistema actual esté fallando del mismo modo.
En noviembre de 2025, el Ministerio encargó una auditoría tecnológica externa. Según el Tribunal, esa revisión corroboró vulnerabilidades críticas que ya habían sido detectadas en los dispositivos.
El sistema tiene una función especialmente sensible: comprobar de manera continua que se respetan las prohibiciones judiciales de aproximación y registrar quebrantamientos. Por eso el Tribunal concluye que, en estos contratos, **la calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes**.
El informe formula ocho recomendaciones al Ministerio de Igualdad. Entre ellas está mejorar la preparación de futuros contratos, garantizar transiciones sin pérdida de información y utilizar la mejor tecnología disponible para reducir riesgos para las víctimas.
Las alegaciones del Ministerio y de responsables anteriores también forman parte del expediente. Igualdad destaca cambios como la titularidad pública de equipos, la extensión a víctimas de violencia sexual y nuevas funcionalidades. El debate no es, por tanto, si existe o no el sistema, sino **si una infraestructura de protección crítica se contrató, migró y supervisó con garantías suficientes durante todo el periodo analizado**.
El Tribunal de Cuentas fiscalizó contratos de 2018, 2021 y 2023 por un importe conjunto de 102,6 millones de euros.
El cambio de adjudicatario dejó 123 requerimientos judiciales pendientes sin respuesta por problemas de acceso a información histórica.
El Tribunal documenta fallos de fiabilidad, interrupciones, errores de geolocalización, baterías deficientes y retrasos de reparación durante parte de la vigencia del contrato de 2023.
El contrato de 2023, vigente hasta mayo de 2026, ascendió a 42,6 millones de euros y estuvo parcialmente financiado con fondos europeos.
El Ministerio encargó en noviembre de 2025 una auditoría tecnológica externa que corroboró vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos.
Fuentes: Tribunal de Cuentas — nota oficialTribunal de Cuentas — Informe 1695Europa Press — informe y alegaciones
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