El partido incluye en su programa para el 29-N el compromiso de rebajar la semana laboral a 37,5 horas y abrir la vía hacia las 35 mediante negociación colectiva, un año después de que el Congreso tumbara una reforma similar.
El programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre incluye el compromiso de completar la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas y fomentar, vía diálogo social, un avance posterior hasta las 35 horas sin pérdida salarial, un año después de que el Congreso rechazara una reforma equivalente. El partido incluye en su programa para el 29-N el compromiso de rebajar la semana laboral a 37,5 horas y abrir la vía hacia las 35 mediante negociación colectiva, un año después de que el Congreso tumbara una reforma similar. En la práctica: De aplicarse, la medida afectaría a la jornada legal de millones de trabajadores en España, pero su materialización depende de una mayoría parlamentaria que no existía en septiembre de 2025 y cuya configuración tras el 29-N es incierta.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, en una imagen de archivo de 2018; usada como imagen de contexto del partido y no corresponde al acto de presentación del programa electoral del 15 de noviembre de 2026.
Foto: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com · Licencia: CC BY-SA 3.0 de · Archivo original · Condiciones de la licencia
El PSOE incorporó a su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el compromiso de completar la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas y de fomentar, mediante la negociación colectiva, un avance posterior hacia las 35 horas, sin pérdida salarial, según recoge el documento del partido titulado "La fuerza de seguir avanzando", de 113 páginas, divulgado el 15 de noviembre de 2026 y descrito de forma coincidente por Europa Press, Infobae, crprensa y pressdigital.es.
El texto socialista plantea un calendario que, según cita pressdigital.es, "beba del diálogo social" y contemple periodos transitorios para que pequeñas y medianas empresas puedan adaptarse de forma gradual. El programa añade el refuerzo del registro horario digital y de la Inspección de Trabajo para combatir las horas extra ilegales y no remuneradas, junto a una reforma de la regulación del despido improcedente para alinearla con la Carta Social Europea.
El capítulo laboral del programa no se limita a la jornada: el PSOE plantea blindar por vía constitucional que el salario mínimo interprofesional no pueda situarse por debajo del 60% del salario medio, y reformar el régimen de despido improcedente para dotarlo de una "reparación efectiva, proporcionada y disuasoria", en línea con las exigencias que organismos europeos han planteado a España en relación con la Carta Social Europea, según recoge Infobae en su resumen del documento de 113 páginas.
La propuesta llega poco más de un año después de que el Congreso de los Diputados rechazara, el 10 de septiembre de 2025, la tramitación del proyecto de ley que habría reducido la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin recorte salarial. El bloqueo se produjo con los votos en contra de PP, Vox y Junts, que sumaron 177 votos frente a la iniciativa, según el resumen verificado en Wikipedia a partir de fuentes parlamentarias. Como consecuencia, la jornada máxima legal en España continúa fijada en 40 horas semanales de promedio en cómputo anual.
La votación de septiembre de 2025 reflejó posiciones diferenciadas entre los partidos que bloquearon la reforma: el PP, con 137 diputados en contra, defendió que la reducción de jornada debía negociarse por convenio colectivo y no imponerse por ley; Vox, con 33 votos en contra, rechazó frontalmente la medida; y Junts per Catalunya, con 7 diputados, condicionó su apoyo a un mayor consenso y a garantías adicionales para la pequeña y mediana empresa, según ese mismo resumen verificado en Wikipedia a partir de fuentes parlamentarias de la época.
Esa distinción histórica es relevante para entender el anuncio de ahora: no se trata de una norma en vigor ni de un proyecto de ley actualmente en tramitación, sino de una promesa de campaña para "completar" una reforma que ya fracasó parlamentariamente en la legislatura anterior, y de abrir después una segunda fase de reducción hasta las 35 horas que el programa no fija en el tiempo ni condiciona a un calendario legal concreto. La diferencia entre una jornada ya vigente por ley y una jornada prometida en un programa electoral no es menor: mientras no se constituya un nuevo Congreso con una mayoría distinta a la que bloqueó la reforma en septiembre de 2025, el límite legal seguirá siendo de 40 horas semanales, con independencia de lo que recoja cualquier programa de partido.
El Gobierno saliente, pese al rechazo congresual de 2025, avanzó por vía reglamentaria en la obligatoriedad del registro horario digital, una medida que el nuevo programa electoral retoma y amplía como garantía de cumplimiento de los límites horarios, según recogen de forma coincidente Infobae y crprensa.
El bloque laboral se enmarca en un programa más amplio presentado el mismo 15 de noviembre de 2026, que incluye una reforma constitucional del artículo 47 para declarar la vivienda derecho fundamental, la movilización del 1% del PIB anual para garantizar su acceso, un parque público de 100.000 viviendas gestionado a través de "CASA 47" y nuevos tributos a los grandes tenedores y fondos de inversión en vivienda, según el resumen coincidente de Infobae y crprensa.
El programa, estructurado en cinco grandes bloques (economía y empleo, vivienda, igualdad, calidad democrática y política exterior), vincula así la medida laboral a otras propuestas económicas presentadas el mismo día, como la protección constitucional de las pensiones y del derecho al aborto, el rechazo a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB y un nuevo tramo fiscal del 35% sobre las rentas de capital superiores a 300.000 euros, de acuerdo con el resumen de Infobae.
Ninguna de las fuentes consultadas atribuye a la propuesta de jornada un coste presupuestario estimado ni un calendario de tramitación legislativa, y su aplicación depende por completo del resultado de las elecciones del 29 de noviembre y de que el nuevo Congreso cuente con una mayoría distinta a la que bloqueó la reforma en 2025. Esa incertidumbre sobre la futura aritmética parlamentaria es, según las propias fuentes consultadas, el principal factor que condicionará si la promesa de completar la jornada a 37,5 horas llega a tramitarse o corre la misma suerte que el proyecto rechazado en 2025.
La página original de Europa Press que recogió primero el anuncio, así como las de teleprensa.com y democrata.es, bloquearon el acceso automatizado de verificación (HTTP 403); la comprobación se apoyó en cuatro fuentes leídas de forma directa e independiente —Infobae, crprensa, pressdigital.es y Wikipedia— cuyos contenidos coinciden en los términos esenciales del compromiso.
El 4 de febrero de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial; el proyecto fue remitido a las Cortes en mayo de 2025.
El 10 de septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados rechazó por 177 votos la tramitación de esa reforma, con los votos en contra de PP (137), Vox (33) y Junts per Catalunya (7).
Tras el rechazo parlamentario, el Gobierno avanzó por vía de real decreto en la obligatoriedad del registro horario digital, sin modificar la jornada máxima legal, que sigue en 40 horas semanales a fecha de noviembre de 2026.
De aplicarse, la medida afectaría a la jornada legal de millones de trabajadores en España, pero su materialización depende de una mayoría parlamentaria que no existía en septiembre de 2025 y cuya configuración tras el 29-N es incierta.
El refuerzo del registro horario digital y de la Inspección de Trabajo tendría un efecto más inmediato que la propia reducción de jornada, al apoyarse en vías reglamentarias ya iniciadas por el Gobierno saliente sin necesidad de ley.
El anuncio se enmarca en la presentación completa del programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, que incluye también propuestas fiscales, de vivienda y de reforma constitucional presentadas la misma jornada.
España mantiene desde hace décadas una jornada máxima legal de 40 horas semanales en cómputo anual; el intento más reciente de reducirla a 37,5 horas por ley fracasó en el trámite parlamentario en 2025.
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