Un informe del CENIF detecta 97 perfiles vinculados a estructuras de seguridad marroquíes conectados con administradores de los grupos de WhatsApp que impulsaron la entrada masiva, aunque el propio informe advierte de que son 'indicios', no prueba de una acción coordinada por el Estado.
Un nuevo informe policial remitido a la Audiencia Nacional detecta 97 conexiones telefónicas entre agentes de seguridad marroquíes y los administradores de los grupos de WhatsApp que impulsaron la entrada masiva a Ceuta, un hallazgo que matiza la conclusión del CNI de que no hay pruebas de una acción organizada por el Estado marroquí, aunque el propio informe policial subraya que sus hallazgos son 'indicios y conexiones', no prueba de participación directa. Un informe del CENIF detecta 97 perfiles vinculados a estructuras de seguridad marroquíes conectados con administradores de los grupos de WhatsApp que impulsaron la entrada masiva, aunque el propio informe advierte de que son 'indicios', no prueba de una acción coordinada por el Estado.

La valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos, escenario de sucesivas entradas masivas de migrantes.
Foto: Xemenendura · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Un nuevo informe del Centro Nacional de Inteligencia frente al Fenómeno de la Inmigración Irregular y Fronteras (CENIF), remitido a la Audiencia Nacional y conocido el 17 de noviembre, detecta 97 perfiles con posibles vínculos a estructuras de seguridad marroquíes que mantenían conexiones, directas o indirectas, con los administradores y 'dinamizadores' de los grupos de WhatsApp que impulsaron la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, según informaron Europa Press, Moncloa.com y Vozpópuli. El hallazgo llega apenas un día después de que trascendiera que el CNI, en un informe distinto, concluyera que no existen pruebas de una acción estatal organizada por Marruecos.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había concluido en su informe más reciente remitido a la Audiencia Nacional que 'no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar' que la entrada masiva respondiera a una 'acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes', según adelantó El País y confirmaron Infobae y Libertad Digital. El documento, de nueve páginas, fue remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3, a cargo de la jueza María Tardón, que investiga cómo se produjo el episodio.
Según el CNI, la movilización partió de convocatorias descentralizadas en redes sociales que alcanzaron una viralidad extraordinaria —con llamamientos seguidos por unos 180.000 usuarios— en un contexto de dificultades socioeconómicas en el norte de Marruecos, y no de una operación diseñada desde Rabat para presionar a España, a diferencia de lo ocurrido en la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021.
El informe del CNI mantiene, no obstante, que las fuerzas antidisturbios marroquíes no llegaron a la zona fronteriza hasta las 13:30 del 30 de julio, cuando la situación ya era incontrolable, y que ese retraso coincidió con el despliegue de seguridad dedicado a la Fiesta del Trono, celebrada ese mismo día con la presencia del rey Mohamed VI.
El nuevo informe del CENIF, por su parte, se basa en el análisis de 19 grupos de WhatsApp con 1.141 usuarios, entre los que identificó a 19 administradores y 32 'dinamizadores' que promovieron activamente el cruce. Los investigadores cruzaron los contactos telefónicos y las direcciones de correo de esos perfiles con la filtración de datos conocida como 'Jabaroot', que en agosto de 2026 expuso registros de unos 70.000 efectivos de seguridad marroquíes, además de información abierta en LinkedIn y Facebook, y hallaron 97 'perfiles de enlace' —números y cuentas que figuraban en las agendas de los organizadores con denominaciones sugerentes de pertenencia a cuerpos policiales, de gendarmería o de inteligencia.
El propio informe policial matiza, sin embargo, el alcance de ese hallazgo: lo describe como 'indicios y conexiones', no como prueba de participación directa en la organización del asalto ni de una orden gubernamental marroquí. De los 1.141 números analizados, solo 23 fueron geolocalizados en Ceuta en los días posteriores al 30 de julio, una limitación que los propios investigadores reconocen y que reduce la fuerza probatoria de la conexión telefónica por sí sola. Los investigadores han planteado nuevas solicitudes de información a Google y Meta para ampliar el análisis.
Este hallazgo se suma, sin confundirse con él, a otro informe policial conocido el 15 de noviembre que identificó a 18 altos mandos civiles y policiales marroquíes presentes físicamente junto a la frontera durante la entrada masiva, entre ellos el wali de la región de Tánger-Tetuán y el prefecto de policía de Tetuán, a quienes se atribuye haber dado instrucciones a mandos subordinados y haber dirigido a los migrantes hacia el agua para cruzar a nado, según publicó El Español. Se trata de una línea de evidencia distinta —presencia física de mandos identificados— de la que ahora aporta el CENIF sobre conexiones telefónicas de perfiles anónimos en redes sociales, y ambas deben valorarse por separado dentro de la instrucción judicial.
Esta conclusión del CNI tampoco contradice, sino que matiza, sus propios informes previos sobre el mismo episodio. Uno, fechado el mismo 30 de julio, ya advertía de la ausencia de 'reacción proactiva' operativa marroquí; otro, de 16 de octubre, sostenía ante la jueza Tardón que la inteligencia marroquí (DGED y DGST) 'tiene conocimiento de un incremento real y tangible' de los flujos migratorios en los días previos. El informe de noviembre del CNI no desmiente ese conocimiento previo del riesgo: distingue entre que Rabat conociera el riesgo y que lo hubiera organizado o instigado, una distinción que el nuevo informe del CENIF no resuelve, puesto que documenta conexiones de perfiles individuales sin acreditar una decisión estatal.
El CNI atribuye el deficiente control fronterizo marroquí a una combinación de factores: la prioridad dada a la seguridad real durante la Fiesta del Trono, la escasez de efectivos desplegados habitualmente en la zona fronteriza con Ceuta y el carácter imprevisto y masivo de la convocatoria viral, que el propio servicio de inteligencia había alertado podía superar el episodio de 2021 si se materializaba solo el 10% de los seguidores de las convocatorias detectadas en redes sociales.
La jueza Tardón ha recibido a lo largo de la instrucción más de 37 documentos de distintas instituciones sobre la crisis, entre ellos los sucesivos informes del CNI y, ahora, el nuevo informe del CENIF, en su investigación sobre las responsabilidades de la entrada masiva, que superó las capacidades de control de la Guardia Civil en la frontera y obligó a un despliegue de refuerzo de efectivos desde la península. La instrucción judicial deberá determinar si existieron responsabilidades por omisión, tanto del lado español como del marroquí, en la gestión de los días previos y posteriores al suceso.
Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno marroquí habían realizado declaraciones públicas sobre el informe del CNI ni sobre el nuevo informe del CENIF hasta la publicación de esta información. El propio CNI recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibió tres informes de inteligencia sobre el riesgo en Ceuta en los días previos al 30 de julio, sin que ello equivalga, según el propio CNI, a una prueba de organización estatal del episodio.
El episodio de julio se ha convertido en un asunto recurrente en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre: el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió su gestión de la crisis de Ceuta durante una entrevista electoral reciente, mientras distintos partidos han pedido explicaciones sobre la coordinación entre España y Marruecos en el control de la frontera. El resultado de la instrucción judicial, que sigue abierta en la Audiencia Nacional, podría condicionar el relato político sobre quién es responsable de que el episodio alcanzara la magnitud que tuvo.
Hasta la fecha, ningún informe de inteligencia o policial español presentado ante la jueza Tardón ha acreditado una decisión estatal marroquí de organizar o instrumentalizar la entrada masiva. La distinción, según los documentos conocidos hasta ahora, sigue siendo clara: existen indicios de conexiones individuales y de presencia física de mandos marroquíes durante el episodio, y el propio CNI reconoce que Rabat conocía el riesgo, pero ningún documento prueba todavía que el Estado marroquí decidiera explotarlo ni que diera instrucciones a sus fuerzas de seguridad para permitir deliberadamente el paso de los migrantes.
El CNI ya había informado el mismo 30 de julio de la falta de reacción proactiva marroquí, y el 16 de octubre había señalado ante la jueza Tardón que la inteligencia marroquí conocía con antelación el riesgo de entrada masiva. El informe de noviembre del CNI es el más reciente de ese servicio y matiza, sin desmentir, esas conclusiones previas. Por separado, un informe policial conocido el 15 de noviembre había identificado a 18 altos mandos civiles y policiales marroquíes presentes físicamente en la zona fronteriza durante la entrada masiva, entre ellos el wali de la región de Tánger-Tetuán y el prefecto de policía de Tetuán, documentados dando instrucciones a mandos subordinados.
El nuevo informe policial añade una capa de tensión a la instrucción judicial: mientras el CNI descarta una acción estatal organizada, el CENIF documenta conexiones telefónicas y de perfiles entre agentes marroquíes y los promotores civiles de la entrada, lo que complica el relato político a doce días de las elecciones generales del 29-N sin, por el momento, acreditar una orden gubernamental marroquí.
La coexistencia de dos informes de cuerpos distintos del Estado español con conclusiones de distinto signo sobre el mismo episodio obliga a distinguir con precisión qué prueba cada uno: el CNI analiza la existencia de una decisión estatal marroquí; el CENIF documenta indicios de conexión entre individuos concretos, sin que ello implique por sí solo una instrucción gubernamental.
La entrada masiva de los días 30 y 31 de julio de 2026 implicó a más de 80.000 personas y recordó por su escala a la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando España acusó a Marruecos de instrumentalizar los flujos migratorios como represalia diplomática. El Gobierno de España ha evitado hasta ahora acusar formalmente a Rabat de organizar el episodio de julio.
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