La Delegación del Gobierno cifra en 30.000 los asistentes a la marcha por Ceuta en Madrid, que terminó con un minuto de silencio ante el Congreso

Miles de personas, muchas de ellas llegadas desde Ceuta en autobuses fletados para la ocasión, se concentraron este domingo 25 de octubre en Madrid en una manifestación convocada por el movimiento Mujeres Caballas, que partió de la plaza del Emperador Carlos V, junto a Atocha, hacia el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno medidas urgentes ante lo que describen como una situación insostenible en la ciudad autónoma tres meses después de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. La concentración arrancó a las once y media de la mañana, según la convocatoria difundida por los propios organizadores y recogida por varios medios; la Policía Nacional tuvo que adelantar varias veces el inicio del recorrido para dar cabida al volumen de asistentes.

La Delegación del Gobierno en Madrid cifró en unas 30.000 las personas que participaron en la marcha, según informaron de forma independiente Euronews y Libertad Digital; se trata de la primera cifra oficial de asistencia disponible sobre esta convocatoria, distinta de las estimaciones de Vivas sobre la situación en Ceuta. La marcha concluyó ante el Congreso con cánticos, canciones ceutíes y la lectura de un manifiesto final, y los organizadores guardaron un minuto de silencio en memoria de los 141 migrantes fallecidos en la frontera entre Marruecos y España, según la cifra difundida por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y recogida por Euronews.

Entre los asistentes, procedentes no solo de Ceuta sino también de ciudades como Valladolid, Alicante, Granada, Sevilla, Málaga y Toledo, se corearon consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "¿Dónde están mis derechos?", en alusión a la percepción de abandono institucional que, según los convocantes, sufre la ciudad autónoma desde la entrada masiva del verano. Los organizadores calcularon en más de diez los autobuses llegados únicamente desde Ceuta, financiados en parte por empresarios locales, a los que se sumó transporte adicional desde otras provincias españolas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), participó en la marcha y volvió a denunciar que, pasados tres meses, "no se ha producido ninguna" devolución administrativa de los migrantes llegados en aquellos días, y que solo se han dado retornos voluntarios o vinculados a la comisión de delitos. Vivas cifró en unas 15.000 las personas que, a su juicio, permanecen aún en la ciudad tras aquella entrada, una estimación que corresponde a su propio cálculo político y que no está respaldada por una cifra oficial publicada por el Ministerio del Interior.

La expresidenta del PP Esperanza Aguirre asistió a la manifestación y, según recogió Libertad Digital, afirmó que "hay que apoyar a Ceuta y a su presidente" y acusó a Pedro Sánchez de haber "abandonado" a la población ceutí. En sentido contrario, el diputado socialista Melchor León pidió, también según Libertad Digital, "un Real Decreto para expulsar a todas las personas que estén de forma ilegal en territorio español", una posición que no coincide con la línea oficial del Gobierno expresada días antes por el Ejecutivo central.

Durante el acto, Vivas atribuyó a la crisis un aumento "del 60%" de la delincuencia en Ceuta, un incremento "del 400%" en la atención sanitaria urgente y una caída de hasta cinco puntos en el PIB local. Se trata de cifras aportadas por el propio presidente ceutí en el contexto de un acto reivindicativo y de precampaña política; no han sido confirmadas de forma independiente por estadísticas oficiales de criminalidad del Ministerio del Interior ni por datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que se presentan aquí como denuncia política, no como hecho verificado.

La movilización, impulsada por una plataforma de vecinas de Ceuta formada por profesionales como policías locales, sanitarias y docentes —con portavoces como la policía local Maxi Lacasa y la enfermera Elisabeth Muñoz, secretaria del sindicato Satse—, reclamó el retorno efectivo de los migrantes a Marruecos, el refuerzo de la frontera con más medios humanos, materiales y tecnológicos, y una reforma urgente de la Ley de Extranjería adaptada a la situación de Ceuta y Melilla. Los organizadores leyeron un manifiesto ante el Congreso en el que fijaron un plazo de 30 días para que el Ejecutivo adopte medidas, bajo la amenaza implícita de nuevas movilizaciones si no hay respuesta.

La cifra de 80.000 personas que, según la convocatoria y la cobertura de Europa Press, entraron en Ceuta desde Marruecos el 30 de julio no coincide con la cifra oficial fijada después por el Ministerio del Interior, que el 4 de agosto de 2026 situó el balance en 72.000 entradas; la cifra de 80.000 fue mencionada públicamente a mediados de agosto por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, antes de que el Gobierno la corrigiera y reafirmara la cifra de 72.000.

Frente a las acusaciones de inacción, el Gobierno central ya había respondido días antes, el 20 de octubre, negando "inactividad" en los expedientes de devolución y defendiendo que su actuación representa "todo lo contrario, trabajo intenso" en coordinación con el Ejecutivo autonómico ceutí, según declaraciones recogidas por Infobae. Ninguna fuente del Ministerio del Interior ni de la Delegación del Gobierno en Ceuta ha respondido públicamente, hasta el cierre de esta actualización, a las cifras concretas de delincuencia y sanidad citadas por Vivas en la manifestación, ni a la petición de Melchor León de un Real Decreto de expulsiones, que tampoco ha sido avalada por el Ejecutivo.

La crisis migratoria de Ceuta se ha convertido en uno de los frentes políticos más persistentes del Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas, en plena precampaña de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre: el propio presidente admitió hace pocos días, en una entrevista televisiva en el programa 'La Revuelta', que la gestión de la crisis "se podía haber gestionado mejor", aunque matizó que su Ejecutivo ha invertido en la frontera y mantenido la cooperación con Marruecos. La magnitud de la convocatoria, con una cifra oficial de 30.000 asistentes y la presencia de figuras políticas de perfil nacional como Aguirre, refuerza la presión sobre el Ejecutivo a cinco semanas de la cita electoral.

Hasta el cierre de esta actualización no se han anunciado nuevas medidas gubernamentales como respuesta directa a la manifestación, y el plazo de 30 días fijado por los organizadores para exigir cambios vence a finales de noviembre, coincidiendo con la fecha de las elecciones generales. La propia plataforma Mujeres Caballas ha avisado de que, si no hay respuesta en ese plazo, valorará nuevas movilizaciones, lo que sitúa a Ceuta como un asunto que previsiblemente seguirá presente en la agenda política española durante toda la recta final de la campaña.