Muere Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años cuyo desahucio se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda en España

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió el miércoles 7 de octubre a los 87 años en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, según informaron BBC Mundo, CNN en Español y el diario Público. Había sido hospitalizada el 23 de septiembre, el mismo día en que fue desalojada por la fuerza del piso de 92 metros cuadrados del barrio de Retiro en el que había vivido desde 1956.

Abascal era inquilina bajo un contrato de renta antigua firmado por su padre en plena dictadura franquista, que heredó tras la muerte de su madre en 2005. Pagaba unos 500 euros mensuales hasta que el edificio cambió de manos: la familia propietaria lo vendió en 2018 a Renta Corporación, que le ofreció comprar el piso por 247.000 euros —oferta que ella rechazó—, y en 2020 el inmueble pasó a la gestora de inversión Urbagestión, que reclamó una subida de alquiler de hasta 1.650 euros al mes, muy por encima de su pensión, cercana a los 1.350-1.400 euros, según Chequeado y El Financiero.

El caso se enmarca en una disputa legal que se prolongó desde 2018, cuando el primer cambio de titularidad del inmueble abrió la vía judicial para recuperar la vivienda. Es un patrón que organizaciones de inquilinos españolas vienen denunciando desde hace años: la compra de edificios con contratos de renta antigua por parte de fondos y sociedades de inversión, seguida de ofertas de compra o subidas de alquiler que fuerzan la salida de inquilinos de edad avanzada que llevan décadas en sus viviendas, especialmente en barrios céntricos de Madrid y Barcelona donde el valor de mercado se ha disparado.

El desalojo del 23 de septiembre, ejecutado con presencia policial, no fue el primero que se intentó: un primer lanzamiento fue frenado por vecinos en octubre de 2025, y dos intentos posteriores, el 3 y el 24 de junio de 2026, también se detuvieron ante la movilización en el portal del edificio. Cuando finalmente se ejecutó la orden, Abascal fue retirada en camilla directamente al hospital. Su abogada, Beatriz Duro, declaró a la cadena SER —según recoge BBC Mundo— que el caso "deja patente que la violencia de este tipo de procedimientos y desahucios [...] tienen un impacto en la salud que es evidente", señalando que un año antes la mujer era autónoma y se movía con normalidad.

El desahucio desató una acampada en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre que se extendió a otras ciudades españolas y colocó la crisis de la vivienda en el centro del debate político semanas antes de unas elecciones generales. El Sindicato de Inquilinas anunció el 29 de septiembre un acuerdo con Urbagestión para que Abascal pudiera regresar a su vivienda con una renta próxima a la original, pero la propia organización reconoció que el pacto "ha llegado demasiado tarde" y calificó el proceso de "absolutamente evitable".

En el plano político, el rechazo en el Congreso a dos decretos de protección en materia de vivienda impulsados por el Gobierno llevó al presidente Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, en un movimiento que varios análisis vincularon directamente a la presión social generada por el caso Abascal y la acampada de Sol. La secuencia —desahucio, movilización, bloqueo parlamentario y adelanto electoral— convirtió un caso individual de desahucio en un asunto de agenda nacional en menos de dos semanas.

Tras conocerse la muerte de Abascal, Sánchez expresó "todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen" y añadió: "Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trasladó sus "condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final"; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, escribió: "Gracias por tu valentía y tu dignidad. Descansa en paz, Maricarmen".

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidió evitar la instrumentalización política del caso: "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada". El Sindicato de Inquilinas, por su parte, convocó una huelga general para el 11 de noviembre en demanda de soluciones habitacionales, y advirtió: "Con cada subida de alquiler, con cada acoso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud".

Según recogieron varios medios, Abascal había expresado el deseo de poder morir en la habitación en la que fallecieron sus propios padres, en el mismo piso del que fue desalojada. El acuerdo alcanzado el 29 de septiembre para permitir su regreso llegó formalmente a tiempo sobre el papel, pero su salud ya no se recuperó lo suficiente para que ese regreso llegara a producirse antes de su muerte el 7 de octubre.

Ninguna fuente oficial ni el hospital Gregorio Marañón han difundido una causa médica concreta de la muerte de Abascal. La atribución de su fallecimiento al impacto del desahucio es, por el momento, una valoración de su abogada y de colectivos activistas basada en el deterioro físico observado entre el desalojo y la muerte —de persona autónoma a hospitalización directa e ininterrumpida—, no un diagnóstico médico confirmado ni una conclusión judicial. Esa distinción, explícita en la cobertura de BBC Mundo, Chequeado y El Financiero, es la que separa el hecho constatado —la secuencia temporal entre desalojo, ingreso hospitalario y muerte— de la interpretación causal que han hecho de ella sus defensores.