Menores extranjeros no acompañados: qué dice realmente la ley sobre protección, repatriación y residencia

El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 regula específicamente a los **menores extranjeros no acompañados**.

Cuando las fuerzas de seguridad localizan a una persona indocumentada cuya minoría de edad no está clara, deben activar atención inmediata de los servicios de protección y comunicar el caso al Ministerio Fiscal para determinar la edad.

Una vez confirmada la minoría, el menor queda a disposición de los servicios competentes de protección de la comunidad autónoma.

La ley contempla expresamente acuerdos con países de origen para **prevención, protección y retorno**, y establece un procedimiento de repatriación. Por tanto, no es correcto describir el sistema como si la repatriación fuera jurídicamente imposible.

Tampoco existe un 'asilo infantil automático'. El asilo y la protección internacional tienen su propia normativa y requisitos.

Lo que sí existe es un deber reforzado de protección por tratarse de un menor. El procedimiento debe valorar el interés superior del niño y garantizar audiencia y asistencia.

El Reglamento de Extranjería vigente regula después la residencia: cuando se acredita que la repatriación no es posible y, en todo caso, transcurridos 90 días desde que el menor fue puesto a disposición de protección, la oficina de extranjería inicia el procedimiento de autorización.

Al alcanzar la mayoría de edad existen mecanismos específicos de renovación o residencia excepcional para quienes estuvieron bajo tutela, custodia o guarda y cumplen requisitos.

La tribuna de El Confidencial sostiene una interpretación crítica sobre cómo se ha construido este régimen. Esa valoración puede debatirse políticamente, pero **el contenido legal verificable es el texto del artículo 35 y su reglamento**.

La anécdota histórica de las Torres Kio utilizada por la columna funciona como argumento retórico; no es necesaria para determinar qué derechos y procedimientos establece hoy la ley de extranjería.