Marlaska y Feijóo coinciden en Ceuta, cada uno por su lado, al cumplirse 53 días de la crisis migratoria

Fernando Grande-Marlaska viajó este lunes a Ceuta, su cuarta visita desde la entrada masiva de migrantes registrada el 30 y 31 de julio, para seguir de cerca el proceso de triaje en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Según el propio ministro, el objetivo del proceso es identificar a cada persona, evaluar su situación administrativa y determinar si procede una solicitud de asilo o un expediente de devolución. El ministro tenía previsto además visitar unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegadas en la ciudad, así como las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio.

De forma paralela y sin coordinación con el Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió también a Ceuta —su cuarta visita desde el inicio de la crisis— acompañado del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y de la eurodiputada Dolors Montserrat. Ambos fueron recibidos por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del PP. Según fuentes del partido, el objetivo de la visita era implicar a la Unión Europea en la crisis y reclamar la devolución de todas las personas que entraron de forma irregular a finales de julio.

Feijóo fue especialmente crítico con la gestión del Gobierno, a quien acusó de actuar con 'intolerable la indolencia, la inacción y la soberbia' durante la crisis, y llegó a describir la situación como la de 'una ciudad invadida' en la que, dijo, 'España sigue siendo una nación sin gobierno'. Desde el Ejecutivo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió acusando al PP y a Vox de querer que la crisis 'se enquiste' con fines electorales y de generar 'esperanzas vanas' entre los migrantes con declaraciones que consideran populistas.

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El trasfondo europeo de la disputa se agravó esta misma semana, cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución que calificaba de 'invasión' la situación migratoria en Ceuta, con el respaldo del PPE, los liberales y Vox, pese a los intentos del grupo socialista europeo de bloquear el texto. Se trata de una resolución de naturaleza política, sin efectos jurídicos vinculantes sobre la gestión española del dispositivo migratorio, pero que eleva la visibilidad internacional de la crisis.

El choque de agendas —el ministro centrado en el procedimiento administrativo, el líder de la oposición en la denuncia política con respaldo europeo— resume el estado de la crisis 53 días después de su inicio: miles de personas siguen en la ciudad a la espera de resolución, mientras el debate público se traslada cada vez más al terreno de la confrontación partidista.