Sanidad garantiza a los psiquiatras que el criterio de ingreso involuntario no cambia, mientras Salud Mental España celebra la nueva ley

El Ministerio de Sanidad convocó a representantes de las principales sociedades de psiquiatría para aclarar, antes del viernes 23 de octubre, cómo deberá aplicarse el nuevo artículo 13 bis de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica la normativa de discapacidad y dependencia y entra en vigor ese día, según confirmaron El País, El Español e Infobae. La convocatoria llegó después de que las sociedades científicas hicieran pública su preocupación por la falta de criterios claros de aplicación a solo unos días de que la norma empezara a regir en toda España.

El texto, publicado en el BOE el 3 de octubre (BOE-A-2026-20528), prohíbe el internamiento involuntario motivado por discapacidad salvo en casos de "urgencia vital", definida como episodios de crisis que comprometen la vida del paciente o de terceros. La norma también prohíbe los ingresos involuntarios protocolizados sin evaluación individual y el mantenimiento injustificado de medidas de internamiento, según el texto consolidado publicado por el BOE, que sustituye un criterio más amplio, basado en la necesidad clínica de tratamiento, por uno centrado exclusivamente en el riesgo vital inmediato.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), junto a cerca de otras veinte sociedades regionales y monográficas —entre ellas las de psiquiatría infantil, trastornos de la conducta alimentaria y psicogeriatría—, firmó un comunicado conjunto advirtiendo de que la redacción actual deja a los psiquiatras en "indefensión legal" ante pacientes graves que no presentan riesgo vital inmediato. Como ejemplos concretos, El Español recogió los casos de trastornos de la conducta alimentaria sin riesgo inminente de muerte, episodios maníacos con gasto económico destructivo y pacientes psicóticos aislados sin riesgo vital inmediato: situaciones que, según las sociedades, dejarían de poder justificar un ingreso forzoso bajo la nueva redacción, aunque el cuadro clínico suponga un deterioro grave y progresivo para el paciente.

Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sepsm, declaró a El Español que "nadie nos contactó hasta un día antes de que se aprobara" la reforma, y expresó su esperanza de obtener "una respuesta clara" en la reunión convocada por Sanidad. Según el detalle recogido por Infobae, las sociedades reclaman cinco medidas concretas: instrucciones urgentes de la Fiscalía y coordinación con los juzgados antes del 23 de octubre; la reforma orgánica del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con criterios clínicos y de protección definidos; financiación específica para recursos comunitarios alternativos al ingreso, como equipos de tratamiento asertivo, hospitalización domiciliaria y centros de crisis; y la participación de psiquiatras, pacientes y familias en el desarrollo reglamentario posterior.

El Ministerio de Sanidad dio un primer paso en esa dirección el 21 de octubre, un día antes de la entrada en vigor de la ley, al abrir una consulta pública previa para preparar el desarrollo reglamentario del artículo 13 bis, según confirmaron de forma independiente Redacción Médica, Infobae y Consalud. El documento de la consulta, publicado en la web de Sanidad, señala que el objetivo es "concretar diversos aspectos contenidos en el artículo 13 bis para garantizar que puedan funcionar de manera efectiva", reforzando los derechos de los usuarios y dando "seguridad jurídica" a los profesionales sanitarios. El periodo para presentar aportaciones permanece abierto hasta el 6 de noviembre.

Según el propio texto de la consulta, el futuro reglamento deberá concretar los procedimientos de consentimiento informado, los mecanismos de apoyo a la toma de decisiones, los protocolos para situaciones de urgencia y el uso excepcional de medidas de contención, aspectos que, según argumenta el Ministerio, podrían generar "interpretaciones dispares" entre profesionales y tribunales si se dejan sin desarrollar. Sanidad descartó expresamente, según recoge Infobae, resolver estas dudas mediante recomendaciones, guías o manuales no vinculantes, al considerar que carecen de la "eficacia jurídica" necesaria para dar certeza a jueces, fiscales y psiquiatras de guardia.

El mismo viernes 23 de octubre, día de la entrada en vigor, el Ministerio de Sanidad fue más allá de la consulta reglamentaria y garantizó directamente a las sociedades de psiquiatría, en una reunión recogida por El Español, que el criterio clínico para decidir un ingreso involuntario no varía con la nueva ley y sigue remitiéndose al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige riesgo urgente para la vida o la integridad de la persona, no solo para la vida. El vicepresidente de la Sepsm, Josep Antoni Ramos, confirmó que "esta ley sigue prevaleciendo, por lo que los criterios siguen siendo los mismos", aunque calificó de "esperpéntico" que la reunión se celebrara apenas un día antes de la entrada en vigor, sin el debate científico previo que las sociedades habían reclamado. Según Sanidad, la nueva norma no endurece ese criterio sino que hace explícitas obligaciones ya implícitas, como documentar los recursos voluntarios agotados, consultar las voluntades anticipadas e informar al paciente de sus derechos legales.

También el 23 de octubre, la Confederación Salud Mental España —que agrupa a cientos de asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias— defendió la reforma en un comunicado propio, en una valoración claramente distinta a la de las sociedades psiquiátricas. Su presidente, Nel González Zapico, afirmó que "este avance representa la extensión de la protección a las personas con problemas de salud mental en sus situaciones de mayor vulnerabilidad" y subrayó que "garantizar que los profesionales sanitarios cuenten con canales para asegurar el derecho a ser escuchadas de estas personas es fundamental". La organización citó datos propios según los cuales el 60,1% de las personas con un diagnóstico de salud mental ha vivido algún ingreso involuntario y el 40,3% recibió información insuficiente sobre su situación, y se ofreció a colaborar con el Ministerio de Sanidad en el desarrollo reglamentario de la norma, evidenciando que el debate enfrenta a la perspectiva de derechos del movimiento asociativo de pacientes con las reservas clínicas de las sociedades científicas.

La apertura de la consulta pública y la garantía ofrecida a los psiquiatras responden, al menos parcialmente, al vacío señalado en versiones previas de esta pieza, cuando el Ministerio de Sanidad no había difundido un comunicado público con el resultado de la reunión convocada con las sociedades científicas. Persiste, no obstante, la discrepancia de fondo entre la lectura de la Sepsm —que considera que la literalidad del artículo 13 bis, centrada en la "urgencia vital", puede dejar sin ingreso a pacientes graves sin riesgo vital inmediato— y la de Sanidad y la Confederación Salud Mental España, que sostienen que el criterio clínico aplicado en la práctica no cambia; esa discrepancia de interpretación no se ha resuelto y dependerá en parte del desarrollo reglamentario y de la futura reforma orgánica del artículo 763 de la LEC.

En un comunicado citado por Vozpópuli, las sociedades matizaron que comparten "el objetivo de reducir la coerción", pero advirtieron de que "proteger a quien, en plena crisis, no puede protegerse también es respetar sus derechos". Ese mismo medio recogió advertencias de psiquiatras de que la reforma, tal y como está redactada, "pone en riesgo a personas con trastorno mental grave y a sus familias" al estrechar el margen de actuación clínica en situaciones de crisis que no implican un peligro vital inmediato pero sí un deterioro grave de la salud del paciente, y que podrían derivar en abandono de tratamiento, recaídas repetidas o situaciones de calle en los casos más extremos, según el mismo comunicado.

La propia Ley 4/2026 obliga a reformar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil —que regula judicialmente los internamientos no voluntarios— en el plazo de un año, para alinearlo con las recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo que lleva años pidiendo a España reducir el internamiento forzoso basado en discapacidad. Ese artículo 763 no queda derogado por la nueva norma, y la consulta pública abierta por Sanidad se refiere al desarrollo reglamentario del artículo 13 bis, no a esa reforma procesal de mayor calado, por lo que ambos procesos de desarrollo normativo —el reglamentario y el de la LEC— avanzan ahora en paralelo, sin que ninguno de los dos esté resuelto a la fecha de entrada en vigor de la ley.

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, se enmarca en un proceso más amplio de adaptación del ordenamiento español a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige sustituir los modelos de sustitución de la voluntad por modelos de apoyo a la toma de decisiones y limitar al máximo las medidas coercitivas basadas en el diagnóstico. El litigio de fondo —hasta dónde debe llegar esa protección frente a la coerción sin desproteger a quien atraviesa una crisis grave— sigue sin resolverse en la práctica diaria, mientras avanza el trámite reglamentario que Sanidad ha abierto a consulta pública y que deberá fijar, en última instancia, los protocolos concretos de consentimiento, apoyo a la decisión, urgencia y contención.