El Congreso convalidó el RDL 23/2026, ya vigente desde el 10 de septiembre. Mantiene en 2026 una deducción de IRPF análoga a la de Ceuta y Melilla para residentes habituales de La Palma, permite a Canarias destinar 100 millones a ayudas por la erupción y reabre una suspensión de pagos para determinados agricultores de El Paso, Los Llanos y Tazacorte.
El Congreso ha **convalidado el Real Decreto-ley 23/2026**, aprobado por el Gobierno el 8 de septiembre y publicado en el BOE al día siguiente. La consecuencia práctica es que las medidas siguen vigentes; si la Cámara lo hubiera derogado, el decreto habría dejado de producir efectos hacia adelante.
La primera medida es fiscal. Durante **todo el ejercicio 2026**, las personas con residencia habitual y efectiva en La Palma pueden aplicar una deducción análoga a la prevista para rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, en los términos fijados por la norma. El efecto se retrotrae al 1 de enero para el cálculo anual del IRPF.
En nómina, el ajuste puede empezar antes de la declaración de la renta. La Agencia Tributaria adaptó el cálculo de retenciones y permite regularizar el tipo sobre rendimientos del trabajo satisfechos desde la entrada en vigor o, según el procedimiento, desde octubre. El importe concreto depende de la situación fiscal de cada contribuyente; no existe un cheque plano igual para todos.
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El Ministerio encargado de la reconstrucción de La Palma estima que la medida fiscal puede beneficiar a **unos 35.000 contribuyentes**. Ese número es una estimación administrativa, no el recuento final de declaraciones que acabarán aplicando la deducción.
La segunda pieza son **100 millones de euros**. El decreto habilita a Canarias para destinar esa cantidad, procedente de mecanismos relacionados con superávits y excesos de financiación pendientes, a ayudas para personas físicas y entidades afectadas por la erupción de 2021. Es una autorización de financiación: las convocatorias, requisitos y reparto determinan quién recibe efectivamente dinero.
La tercera afecta a un colectivo mucho más específico. Se abre un nuevo plazo para solicitar la **suspensión de pagos de principal e intereses** de determinados préstamos y créditos de agricultores afectados en **El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte**, siempre que cumplan las condiciones ligadas al registro de afectados y a las medidas previas.
El objetivo es cubrir explotaciones que todavía no han recuperado plenamente la capacidad de producir porque fincas o accesos siguen afectados por la erupción. En esos casos, aplazar deuda no repara la finca, pero evita que una obligación financiera diseñada para una actividad normal siga venciendo mientras el activo productivo permanece inutilizado.
El decreto incorpora además reglas para que comunidades autónomas con determinadas condiciones de deuda y superávit puedan financiar inversiones entre 2026 y 2028. Esa parte trasciende La Palma, aunque la habilitación de los 100 millones a Canarias es específica.
¿Qué tiene que hacer un residente? Para la deducción, conservar y revisar sus datos fiscales y, si corresponde, comprobar la retención de nómina. Para ayudas de los 100 millones, esperar o revisar las convocatorias autonómicas concretas. Para la suspensión agrícola, verificar cuanto antes los requisitos y el plazo específico: no es una moratoria universal para toda deuda palmera.
El dato político de la votación es secundario frente al efecto jurídico: **el decreto sobrevive al control parlamentario y las tres vías de apoyo continúan**. A partir de ahora, el seguimiento útil ya no es si el texto sigue vivo, sino cuánto dinero se ejecuta, cuántos contribuyentes aplican el beneficio y cuántos agricultores consiguen aliviar deuda.
Residentes habituales pueden obtener una reducción efectiva de IRPF en 2026 si cumplen requisitos.
Canarias dispone de una habilitación de 100 millones para ayudas a afectados, que debe materializarse mediante instrumentos concretos.
Determinados agricultores de tres municipios pueden solicitar nueva suspensión de pagos de deuda.
El decreto estaba vigente antes de la votación; el Congreso lo ha convalidado.
La deducción tiene efectos desde el 1 de enero de 2026.
Los 100 millones no son un reparto automático por residente.
Fuentes: BOE — Real Decreto-ley 23/2026Agencia Tributaria — medidas fiscales La PalmaMinisterio de Política Territorial — resumen La PalmaEuropa Press — convalidación parlamentaria
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