El Ministerio del Interior ha trasladado por escrito a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que no recibió, antes del 30 de julio, ningún aviso, informe o comunicación que anticipara una entrada masiva de la magnitud de la que se produjo, y que el episodio fue 'no previsible' con la información disponible entonces.
El Ministerio del Interior ha respondido por escrito al requerimiento de la jueza María Tardón, negando haber recibido avisos que anticiparan la magnitud de la entrada masiva en Ceuta y calificando el episodio del 30 y 31 de julio de 'no previsible', en la primera reacción pública del Gobierno a las acusaciones de pasividad planteadas en la causa. El Ministerio del Interior ha trasladado por escrito a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que no recibió, antes del 30 de julio, ningún aviso, informe o comunicación que anticipara una entrada masiva de la magnitud de la que se produjo, y que el episodio fue 'no previsible' con la información disponible entonces.
Entrevista a Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional 02
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros solicitando la desclasificación "con carácter urgente" y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales, de todas las notas e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y remitidos a autoridades a partir de esa fecha sobre los hechos investigados, con especial atención a la documentación relativa a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de hoy.
El Ministerio del Interior ha respondido ahora por escrito al requerimiento de la instructora, que le exigía aportar avisos, informes, comunicaciones, correos electrónicos y documentación operativa sobre el riesgo de entrada masiva emitidos entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Según la reconstrucción coincidente de The Objective e Infobae (esta última recogiendo la agencia Europa Press), Interior aseguró a la jueza que "en los días previos a la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta no se recibió ninguna alerta, informe, comunicación, correo electrónico o documentación operativa que anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud del suceso que se produjo", y que el escenario fue "no previsible" con la información disponible entonces.
El departamento que dirige el Ministerio del Interior distingue entre los días previos inmediatos y el propio desenlace: el 28 y 29 de julio llegaron 713 personas y las fuerzas marroquíes interceptaron a otras 850, hasta acumular 3.883 entradas y conatos en lo que iba de verano, una cifra que Interior sostiene no apuntaba a un escenario cuantitativamente distinto de veranos anteriores —cita comparativamente 3.851 entradas en agosto de 2024 y 2.772 en agosto de 2025— y que, según el ministerio, podía afrontarse con las capacidades de las fuerzas de seguridad desplegadas y los refuerzos progresivos previstos. El 30 y 31 de julio, en cambio, entraron más de 70.000 personas, un episodio que el propio Interior califica de "disruptivo por su magnitud" y que abrió "un nuevo escenario" de atención humanitaria y de seguridad que, sostiene, no era previsible a partir de la información disponible hasta ese momento.
Según detalla The Objective, Interior reconoce haber recibido una nota del CNI a las 21:34 del propio 30 de julio que advertía de un posible nuevo intento de entrada masiva coordinado a través de redes sociales para el 15 de agosto, y menciona otros seis informes clasificados posteriores del servicio de inteligencia cuyo contenido el ministerio no ha hecho público, remitiendo esa decisión a la clasificación de seguridad que corresponde al Ministerio de Defensa. Esta es la primera vez que Interior admite públicamente la existencia de esa nota de las 21:34 del 30 de julio, ya iniciada la crisis, dentro del propio expediente judicial.
La respuesta de Interior constituye la primera reacción pública y documentada del Gobierno a las acusaciones de pasividad que, días antes, habían planteado ante la misma jueza tres consejeros del Gobierno de Ceuta —Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez—, quienes describieron inacción de las fuerzas marroquíes sobre el terreno y un aviso previo por WhatsApp de Gaitán al propio Interior el 26 de julio. El escrito del ministerio no entra a valorar esos testimonios concretos ni la versión de Gaitán sobre el aviso por WhatsApp; se limita a trasladar su propia reconstrucción documental de los avisos y alertas recibidos por las vías oficiales que detalla.
Ni el Gobierno de Marruecos ni los consejeros ceutíes que declararon ante la jueza se han pronunciado todavía, según las fuentes consultadas, sobre esta respuesta concreta de Interior. Tampoco consta en las informaciones disponibles una reacción pública de la propia jueza Tardón a lo trasladado por el ministerio, ni si considera suficiente la documentación aportada o si insistirá en requerir el contenido íntegro de los seis informes clasificados del CNI que Interior ha reconocido pero no detallado.
La instrucción abierta a raíz de la denuncia del partido extraparlamentario Iustitia Europa mantiene una doble vía: de un lado, la posible existencia de una acción coordinada e intencionada organizada fuera de territorio español; de otro, cómo se gestionaron en España los recursos, la información disponible y las alertas previas a la crisis, incluyendo la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil, el coste extraordinario de la emergencia —cifrado por fuentes locales en unos 45 millones de euros— y si una puerta de la valla fronteriza permaneció abierta de forma deliberada durante los hechos. La respuesta de Interior remitida ahora a la jueza se inserta en esta segunda vía, centrada en la actuación y los recursos disponibles por las autoridades españolas antes y durante la crisis, y no se pronuncia sobre la primera línea de investigación, relativa a una posible coordinación externa e intencionada de la entrada desde el lado marroquí de la frontera.
La petición de desclasificación de los informes completos del CNI al Consejo de Ministros, con el plazo de quince días naturales fijado por la jueza, sigue pendiente de resolución por parte del Ejecutivo. La respuesta de Interior no sustituye esa desclasificación: aporta la versión documental del propio ministerio sobre lo que sabía y cuándo, pero deja sin aclarar el contenido de los informes de inteligencia posteriores al 30 de julio que podrían confirmar o contradecir su relato de que la magnitud del suceso no era previsible.
La causa se abrió tras una denuncia del partido extraparlamentario Iustitia Europa y ha ido ampliando su objeto desde la posible coordinación externa de la entrada hasta la respuesta de las autoridades españolas, incluyendo declaraciones previas de responsables ceutíes y, ahora, la citación de ciudadanos marroquíes como testigos.
El 27 de octubre de 2026, la jueza Tardón dio quince días al Gobierno para desclasificar los informes del CNI, el mismo día en que tres consejeros del Gobierno de Ceuta acusaron ante ella de pasividad a las fuerzas de seguridad marroquíes.
El 27 de octubre de 2026, por la noche, el Ministerio del Interior respondió por escrito al requerimiento judicial negando haber recibido avisos que anticiparan la magnitud de la entrada masiva y calificando el episodio de 'no previsible', en la primera reacción oficial del Gobierno a las acusaciones planteadas en la causa.
La respuesta de Interior es la primera versión oficial y documentada del Gobierno frente a las acusaciones de pasividad planteadas en la causa, y traslada el debate judicial hacia si la documentación oficial que aporta el ministerio resulta compatible con los avisos previos descritos por los consejeros ceutíes o con el contenido, todavía no desclasificado, de los informes del CNI.
Al reconocer la existencia de una nota del CNI de las 21:34 del 30 de julio y de otros seis informes clasificados posteriores sin detallar su contenido, Interior deja abierta la pregunta de si esos documentos —cuya desclasificación íntegra pidió la jueza— contienen alertas previas que contradigan su versión de que el episodio no era previsible.
La entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio de 2026 generó una crisis política y judicial que ya ha derivado, en paralelo, en un litigio ante el Tribunal Supremo sobre la gestión de expulsiones y devoluciones.
La investigación de la Audiencia Nacional se inició por una denuncia de Iustitia Europa y examina tanto la posible coordinación externa de la entrada como la respuesta de las autoridades españolas sobre el terreno.
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