Tras una manifestación pacífica, grupos encapuchados provocaron disturbios en el Passeig de Gràcia y plaza Catalunya de Barcelona: saqueo de escaparates, quema de contenedores y un cóctel molotov contra una juguetería, con 18-20 detenidos por los Mossos. El Ministerio del Interior había elevado a las 20:00h el balance nacional a 53 detenidos y 1.044 incidencias; en Mercamadrid, cargas con gas pimienta dejaron 13 heridos. En Andalucía, Adelante Andalucía denunció una carga policial en el Metro de Granada con un cargo del partido con una costilla afectada. El president Illa condenó la violencia: "en Catalunya, quien la hace la paga". El 12 de noviembre, Marlaska ordenó una investigación específica sobre las cargas y prohibió el gas lacrimógeno; horas después, en su primera comparecencia personal sobre el asunto, descartó dimitir y reconoció dudas sobre la proporcionalidad de alguna actuación, mientras el Gobierno descartó su salida. El 13 de noviembre, el Gobierno volvió a respaldar a Marlaska: la portavoz Elma Saiz pidió esperar a la investigación pese a que las cargas "desagradan" al Ejecutivo, y Pedro Sánchez lo calificó en RTVE de "mejor ministro del Interior" de la democracia, junto a Rubalcaba.
España vivió el 11 de noviembre su primera huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012, bajo el lema 'Salarios, vivienda y precios' y a dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio del Interior contabilizó 53 detenidos y 1.044 incidencias hasta las 20:00 horas; en Mercamadrid, cargas policiales con gas pimienta dejaron 13 heridos atendidos por Samur y un detenido. En Barcelona, tras una manifestación pacífica, grupos encapuchados provocaron disturbios y saqueos en el Passeig de Gràcia y plaza Catalunya, con entre 18 y 20 detenidos según los Mossos d'Esquadra; el president Illa condenó la violencia. En Andalucía, Adelante Andalucía y Por Andalucía denunciaron cargas policiales desproporcionadas en piquetes del Metro de Granada y Mercamálaga, con un dirigente sindical-político con un traumatismo costal. El paro afectó también a puertos y a la industria del automóvil, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo calificó de "fracaso".

Manifestación en Madrid, 3 de octubre de 2026, contra el desahucio de Maricarmen Abascal, uno de los antecedentes directos de la movilización por la vivienda que culminó en la huelga general del 11 de noviembre. Foto: Txapisotegi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Foto: Txapisotegi / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
España afrontó el miércoles 11 de noviembre de 2026 una huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT, con el respaldo de CGT, LAB, Co.bas y el Sindicato de Inquilinas, bajo el lema 'Salarios, vivienda y precios'. Es la primera huelga general estatal respaldada conjuntamente por los dos grandes sindicatos desde noviembre de 2012, hace ya catorce años, lo que por sí solo subraya el carácter excepcional de esta convocatoria dentro del calendario sindical reciente.
Las organizaciones convocantes reclaman la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, la ampliación del parque de vivienda pública, límites a los pisos turísticos y de temporada, y una subida salarial para recuperar poder adquisitivo frente al coste de la vivienda, que según el Banco de España absorbía en 2024 más del 30% de la renta neta en el 32,5% de los hogares que viven de alquiler, una proporción que se acerca al 50% en Madrid y Barcelona.
La convocatoria llega tras semanas de movilización por el derecho a la vivienda: una acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid desde el 26 de septiembre, el rechazo en el Congreso el 1 de octubre de dos decretos del Gobierno en materia de vivienda, y la repercusión mediática del desahucio en septiembre de una mujer de 87 años en Madrid, cuyo caso se convirtió en símbolo de la protesta. Estos antecedentes están recogidos por Infobae y por la cobertura previa de Euronews; WIRESdesk no ha podido verificar de forma independiente todos los detalles de ese caso individual y los presenta con la atribución expresa a esas fuentes periodísticas, sin elevarlos a hecho propio comprobado.
La huelga se celebró a solo dos días del inicio formal de la campaña electoral, el 13 de noviembre, y dieciocho días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los líderes de CCOO y UGT negaron que el calendario respondiera a un cálculo electoral y lo presentaron como respuesta a una crisis de vivienda y precios ya existente. El sindicato CSIF no se sumó al paro, alegando que respondía a 'consignas políticas' más que a reivindicaciones laborales, y el PP calificó la convocatoria de contraria 'al sentido común'.
Sobre la participación no hay una cifra consensuada. La Delegación del Gobierno en Madrid situó en un máximo de 120.000 personas la manifestación de la capital, mientras el Sindicato de Inquilinas ofreció cifras muy superiores y no coincidentes entre sí según el medio consultado -entre 400.000 y 750.000 personas-, una discrepancia de hasta seis veces el dato oficial. En Barcelona, las fuentes oficiales hablaron de unos 55.000 asistentes frente a una estimación de los organizadores de unas 400.000 personas. WIRESdesk presenta ambos conjuntos de cifras como versiones enfrentadas de las partes implicadas, no como hechos verificados de forma independiente, y recuerda que ninguna de las dos partes ha hecho público el método de recuento empleado.
El seguimiento global de la huelga también es objeto de disputa: los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, calificaron la jornada de 'éxito' y situaron el seguimiento entre el 65% y el 80% según los sectores, mientras que la patronal madrileña CEIM lo situó por debajo del 10% en el sector privado, y otras fuentes patronales citadas por Infobae hablaron de un seguimiento inferior al 5%. No existe, a la hora de cierre de esta información, una cifra oficial e independiente que concilie ambas versiones, y los datos sectoriales de transporte, educación o sanidad tampoco han sido consolidados todavía por ninguna autoridad administrativa.
Más de veinticuatro horas después de la jornada de huelga, la CEOE y Cepyme ofrecieron una valoración oficial propia del seguimiento, hasta entonces solo citado de forma anónima como "fuentes patronales": la patronal calificó el paro de "fracaso" y de "mínimos históricos a nivel sectorial y territorial", y situó el seguimiento medio en toda España por debajo del 5%, apoyándose en datos de Red Eléctrica según los cuales la demanda eléctrica a las 17:00 horas del 11 de noviembre cayó un 4,7% respecto a lo previsto y un 2,5% respecto al día anterior, una caída que la organización empresarial describió como "muy inferior" a la de huelgas generales previas. UGT, por su parte, declinó ofrecer una cifra nacional agregada: su secretario general, Pepe Álvarez, calificó de "bastante aburrido" el ejercicio de dar promedios nacionales y remitió a los datos territoriales, que el sindicato cifró en más del 80% de seguimiento en Cataluña y más del 70% en Andalucía, frente a menos del 40% en Extremadura y las dos Castillas. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó la movilización de "desigual" entre territorios y sectores, una valoración que matiza tanto el triunfalismo inicial de los convocantes como el "fracaso" proclamado por la CEOE. WIRESdesk no ha localizado una cifra nacional única verificada de forma independiente que concilie los datos empresariales de consumo eléctrico con los datos sindicales territoriales, por lo que ambos conjuntos de cifras se presentan como versiones de parte, no como hechos zanjados.
En el terreno de los incidentes, el Ministerio del Interior elevó su balance a las 20:00 horas del 11 de noviembre a 53 detenidos y 1.044 incidencias en toda España, frente a los 52 detenidos y 919 incidencias del corte anterior de las 17:00 horas; la cifra sigue sin incluir de forma unificada los balances separados de Cataluña y País Vasco. Del total de detenciones atribuidas a Policía Nacional y Guardia Civil (39), Madrid concentró 15, Andalucía 11 (Málaga 4, Almería 4, Granada 3) y la Comunitat Valenciana 7 (Valencia 5, Castellón 1, Alicante 1), además de detenciones puntuales en Zamora, Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña. Los Mossos d'Esquadra mantuvieron en una la detención en Barcelona por quema de contenedores, y la Ertzaintza, en el País Vasco, informó de 13 detenidos, tres personas investigadas y más de 150 identificaciones.
El episodio más grave de la jornada se produjo de madrugada en Mercamadrid, el mercado mayorista de alimentación de Madrid, donde la Policía Nacional cargó contra un piquete informativo que sindicatos describieron como pacífico. El uso de gas pimienta y porras dejó 13 personas atendidas por el Samur-Protección Civil por contusiones e irritación ocular, y una persona detenida por lanzar una valla contra los agentes. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó de "inaceptable" el uso de gas pimienta contra los piquetes, y representantes de UGT denunciaron que la policía "estaba dispuesta a cargar" antes incluso de que los trabajadores se aproximaran. CCOO y UGT anunciaron que emprenderán acciones legales por las cargas y por la detención del trabajador. WIRESdesk no ha localizado, hasta el cierre de esta actualización, una respuesta directa y citada de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior a estas denuncias concretas sobre Mercamadrid.
La jornada tuvo un segundo foco de violencia, posterior y más grave en su alcance material, en Barcelona. La manifestación convocada por la huelga, que había reunido a decenas de miles de personas entre plaça de Cinc d'Oros y via Laietana, transcurrió sin incidentes hasta cerca de las 19:30 horas, cuando grupos de personas, algunas encapuchadas, se concentraron en el entorno de plaza Catalunya y el Passeig de Gràcia. Según relatos coincidentes de Moncloa.com y de elDiario.es, los encapuchados rompieron y saquearon escaparates de comercios como una tienda Apple, una juguetería Lego y un establecimiento de calzado Geox -que llegó a arder por dentro-, quemaron contenedores para levantar barricadas en calles como Ronda Sant Pere, Pelai, Rambla de Catalunya y Balmes, y lanzaron un cóctel molotov contra la juguetería. Los Mossos d'Esquadra, que desplegaron cargas dispersas, operaciones de furgones y avisos previos por megáfono antes de una operación de despeje en Ronda Sant Pere, cifraban en 18 los detenidos hacia las 21:30 horas, cifra que varias coberturas periodísticas posteriores sitúan ya cerca de veinte. Esa cifra en Barcelona, por su hora de cierre, no estaba recogida en el balance nacional de las 20:00 horas difundido por el Ministerio del Interior (53 detenidos, 1.044 incidencias), que no integra de forma inmediata los datos catalanes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, condenó los hechos con la fórmula "en Catalunya, quien la hace la paga" y afirmó que "ni la violencia ni el vandalismo representan" a las personas que se habían manifestado pacíficamente, expresando su respaldo a la actuación de los Mossos d'Esquadra. WIRESdesk no ha localizado, al cierre de esta actualización, una cifra final y consolidada de detenidos en Barcelona ni una cifra nacional que sume de forma oficial los balances de Interior, Mossos y Ertzaintza.
Andalucía sumó un tercer foco de denuncias de violencia policial durante la jornada, distinto de Mercamadrid y Barcelona. En las cocheras del Metro de Granada, Néstor Salvador, secretario de organización de Adelante Andalucía, relató que durante una carga policial para desalojar un piquete informativo recibió "un puñetazo... en la costilla" y fue atendido en el lugar por una persona que se identificó como enfermera; el diputado autonómico José Ignacio García, portavoz de la coalición, denunció que "la Policía dirigida por el PSOE" golpeó también a la diputada de Adelante Inmaculada Manzano durante la misma actuación. En Mercamálaga, la coalición Por Andalucía denunció un "exceso policial" y "actuaciones absolutamente desproporcionadas" contra el diputado Ernesto Alba y otros acompañantes durante otro piquete informativo. WIRESdesk verificó ambos episodios leyendo directamente la cobertura de LaVozdelSur.es, que recoge las citas textuales de los implicados; no se ha localizado, al cierre de esta actualización, una respuesta oficial de la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Andalucía o el Ministerio del Interior a ninguna de las dos denuncias.
La jornada tuvo también repercusión política inmediata: la coalición Frente Amplio exigió la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de haber dirigido o, alternativamente, de haber perdido el control de la actuación policial durante las protestas, una acusación que el episodio de Mercamadrid y el anuncio de acciones legales de CCOO y UGT contra el ministerio vuelven a poner sobre la mesa. WIRESdesk no ha localizado una respuesta directa y citada del propio Marlaska o del Ministerio del Interior a esa acusación concreta en las fuentes consultadas, por lo que la imputación se presenta como una acusación política pendiente de respuesta oficial, no como un hecho establecido ni como una conclusión propia de esta redacción.
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, calificó la huelga de "fracaso" durante una entrevista en El Hormiguero (Antena 3) la noche del 11 de noviembre: "con todos los respetos", dijo, el seguimiento que había observado en sanidad y en educación "es evidente que ha sido un fracaso". Feijóo describió la convocatoria como "un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos" y defendió que estos deberían defender exclusivamente a los trabajadores y no a partidos políticos, en vísperas del inicio de la campaña electoral el 13 de noviembre. El líder del PP recordó que había pedido previamente a los sindicatos que suspendieran el paro tras el accidente de tren de Urda (Toledo), y remitió el juicio definitivo sobre la huelga a las elecciones del 29 de noviembre. WIRESdesk no ha localizado una respuesta directa de CCOO o UGT a esta valoración concreta de Feijóo en las fuentes consultadas hasta el cierre de esta actualización.
Más allá de las cifras disputadas de participación, el paro tuvo un impacto sectorial documentado por varias fuentes. Según una cobertura de agencia recogida por Infobae, Renfe registró una cancelación del 24% de los trenes de alta velocidad y larga distancia y del 10,2% de los de cercanías y media distancia, el tráfico rodado bajó un 13% en Madrid y los viajeros de autobús urbano cayeron un 63% en las horas punta de entrada al trabajo según el Ayuntamiento, y el sector aéreo sumó 263 cancelaciones, un 5,82% de las 4.529 operaciones previstas. En los puertos, representantes sindicales describieron como "prácticamente paralizados" los de la Comunidad Valenciana, con las terminales de contenedores detenidas en Algeciras y un seguimiento "masivo" en Valencia, mientras los puertos de Barcelona y Tarragona fueron bloqueados por piquetes, según la misma cobertura de agencia. En la industria del automóvil, la fábrica de Volkswagen en Landaben (Navarra) redujo drásticamente su producción durante el turno de noche: COPE, citando a CCOO, habló de 13 vehículos frente a los 250 habituales, mientras otra prensa local navarra citó cifras distintas (75 frente a 472 unidades); ambas coinciden en una caída superior al 80% de la producción, sin que exista una cifra única verificada de forma independiente ni confirmada por la propia empresa.
Los datos de detenciones e incidencias proceden de sucesivos balances oficiales del Ministerio del Interior, difundidos a través de Moncloa.com y recogidos por agencias y medios como Pressdigital, que los propios sindicatos y medios señalan como provisionales; la cifra final, una vez cerrada por completo la jornada, podría volver a variar. Las cifras de participación y de seguimiento de la huelga, en cambio, no cuentan con una fuente neutral consolidada y deben leerse como el resultado de la 'guerra de cifras' entre sindicatos y patronal/Gobierno. El episodio de Mercamadrid, documentado de forma independiente por Que.es y por otros medios locales, añade una dimensión de conflicto directo entre policía y piquetes que no estaba recogida en el balance meramente numérico de detenidos e incidencias; los disturbios posteriores en Barcelona, documentados de forma independiente por Moncloa.com y elDiario.es, añaden un segundo foco de violencia material (saqueos, barricadas, un cóctel molotov) distinto en naturaleza del enfrentamiento policía-piquete de Mercamadrid; y las denuncias de Granada y Málaga, documentadas de forma independiente por LaVozdelSur.es, añaden un tercer foco centrado en cargos de partidos de izquierda andaluces, sin que en ninguno de los tres casos exista todavía una respuesta oficial citada de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior.
La jornada tuvo también una derivada de choque político directo entre el Gobierno y el PP. Fuentes de Moncloa expresaron su "máximo respeto" hacia los trabajadores que secundaron la huelga y remitieron a los sindicatos convocantes la valoración de la movilización y los datos de seguimiento, al tiempo que el Ejecutivo quiso "condenar" la actitud del PP durante la jornada hacia los sindicatos y los trabajadores en huelga, según informó Infobae (agencia) citando fuentes gubernamentales no identificadas por su nombre. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó de "intolerable que un partido que aspira a gobernar España se burle de un derecho fundamental de la Constitución", en referencia a una imagen generada con inteligencia artificial publicada por el PP en la que se representaba a líderes sindicales comiendo gambas, con el pie "se acerca el momento crítico de la huelga... el aperitivo"; Díaz defendió que derechos como la jornada de ocho horas o las vacaciones pagadas "no han llegado nunca como un regalo", según recogió Pressdigital. WIRESdesk no ha localizado una respuesta directa y citada del PP a las críticas de Díaz por la imagen generada con IA en las fuentes consultadas hasta el cierre de esta actualización.
El 12 de noviembre, un día después de la jornada de huelga, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió por primera vez a las críticas sobre la actuación policial: ordenó al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, abrir investigaciones específicas sobre los incidentes del 11-N, que dirigirá el subdirector operativo José Luis Santafé y que se desarrollarán de forma independiente a la inspección interna habitual sobre el cumplimiento de la normativa. Marlaska prohibió además, de cara a futuras manifestaciones, el uso de gas lacrimógeno en operaciones de control de disturbios, aunque el anuncio no menciona de forma expresa el gas pimienta empleado por la Policía Nacional en Mercamadrid. WIRESdesk verificó este anuncio leyendo directamente Vozpópuli e Infobae, dos medios independientes entre sí y de las fuentes ya citadas en esta cobertura; ninguna de las dos recoge declaraciones textuales directas de Marlaska, solo la orden transmitida por su departamento.
La respuesta del ministerio llegó junto con un respaldo político explícito del Gobierno: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, descartó la dimisión de Marlaska y remitió a Interior y a los mandos policiales la determinación de si hubo un uso desproporcionado de la fuerza, aunque reconoció que había visto imágenes de la actuación policial que no le gustaron. A la petición de dimisión ya formulada por Frente Amplio se sumó la de la candidata de Podemos, Irene Montero. La investigación específica ordenada por Marlaska se abrió el 12 de noviembre sin plazo de conclusión conocido, por lo que no determina por sí misma, al cierre de esta actualización, si hubo o no un uso desproporcionado de la fuerza en Mercamadrid, Barcelona o Andalucía.
La presión política sobre Marlaska se amplió aún más el 12 de noviembre durante una sesión del Congreso dedicada a la votación de los decretos de vivienda: la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, socio del propio Gobierno de coalición, afirmó que la actuación policial "no nos representa" y exigió a Marlaska que "debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo"; el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, calificó el uso de la fuerza de "absolutamente inaceptable" y reclamó sanciones internas además de responsabilidad política; el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, sostuvo que "si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro"; y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reivindicó haber sido "el primero" en pedir la dimisión, vinculándola al uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos -en contraste, dijo, con la respuesta ante protestas de la ultraderecha- y a cuestiones pendientes como la derogación de la 'ley mordaza' y las muertes en la frontera. Los sindicatos policiales rechazaron de forma unánime tanto la investigación específica como la prohibición del gas lacrimógeno, calificando la primera de "inadmisible" y advirtiendo de que retirar herramientas antidisturbios deja a los agentes "desprotegidos". WIRESdesk verificó estas declaraciones leyendo directamente Pressdigital y El Español, dos medios ya citados en esta cobertura por otras informaciones pero mediante artículos distintos e independientes sobre este episodio concreto; no se ha localizado, hasta el cierre de esta actualización, una respuesta directa y citada de Marlaska, de Bolaños o del PSOE a esta ampliación del frente de críticas dentro de la propia coalición de Gobierno, ni una respuesta oficial del Ministerio del Interior al rechazo sindical policial.
Ese mismo 12 de noviembre, la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, sumó un cuarto foco de denuncia distinto de Mercamadrid, Barcelona y Andalucía: remitió un escrito a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, pidiendo amparo parlamentario al considerarse "testigo y víctima" de "hostigamiento policial" durante un piquete informativo frente al centro operativo de la EMT en Madrid en la jornada de huelga. Belarra denunció "cargas y agresiones injustificadas" contra manifestantes que, según su relato, ejercían pacíficamente su derecho de huelga, así como una "obstaculización permanente" de los agentes hacia su actividad como diputada y una identificación policial que califica de arbitraria y sin justificación en el ejercicio de "derechos fundamentales". WIRESdesk verificó este episodio leyendo directamente eldiario.es y headtopics.com, dos dominios independientes entre sí y de las fuentes ya citadas en esta cobertura; la noticia original de Europa Press con el escrito de Belarra devolvió error HTTP 403 al intentar abrirla de forma directa. No se ha localizado, hasta el cierre de esta actualización, una respuesta oficial de la Mesa del Congreso, de la propia Armengol, del PSOE o de la Policía Nacional a la petición concreta de Belarra, por lo que su relato se presenta como la versión de la afectada, pendiente de contraste oficial, y no como un hecho establecido de forma independiente por esta redacción.
El propio Marlaska respondió directamente, y por primera vez con declaraciones textuales propias, a las peticiones de dimisión y a las dudas sobre el uso de la fuerza horas más tarde ese mismo 12 de noviembre, durante una comparecencia ante los medios en la apertura de la campaña electoral del PSOE en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Preguntado por si contemplaba dimitir, el ministro respondió que no tiene "ninguna razón" para hacerlo y explicó que su función consiste en "defender la actuación de los policías y guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades con todas las garantías". Sobre las cargas policiales, reconoció que "alguna de las actuaciones [...] a primera vista no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad", insistió en que "todas las actuaciones [...] tienen que ser absolutamente proporcionales y necesarias" y recordó que ya había "ordenado inmediatamente abrir una investigación muy específica sobre esos hechos", de la que, señaló, "se sacarán conclusiones" y "se tomarán decisiones". WIRESdesk verificó estas declaraciones leyendo directamente Pressdigital e Infobae (agencia), dos medios independientes entre sí, mediante artículos distintos de los ya citados de ambos en esta cobertura; se trata de la primera vez en esta cobertura en que el propio Marlaska se pronuncia con citas textuales directas, frente a la orden transmitida por su departamento y a la defensa hecha en su nombre por Bolaños. Estas declaraciones no responden, sin embargo, de forma directa a la ampliación de la petición de dimisión a Sumar, IU, Compromís y ERC en el Congreso, que sigue sin respuesta citada del ministro al cierre de esta actualización.
El 13 de noviembre, dos días después de la huelga, el Gobierno volvió a pronunciarse sobre la polémica por partida doble. En rueda de prensa tras un Consejo de Ministros extraordinario, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, reiteró que Marlaska "cuenta con el respaldo del Gobierno" y que las imágenes de las cargas policiales "desagradan" al Ejecutivo, que no ha permanecido "impasible" ante ellas; pidió "esperar a las conclusiones" de la investigación ya ordenada por el ministro, que calificó de "exhaustiva", y defendió que los incidentes no deben opacar "el clamor social y las legítimas reivindicaciones" ni "el sentir mayoritario de miles y miles de ciudadanos que salieron a las calles de manera pacífica" reclamando vivienda digna, servicios públicos y derechos. WIRESdesk verificó estas declaraciones leyendo directamente Pressdigital e Infobae (agencia), dos medios independientes entre sí y de las fuentes ya citadas en esta cobertura.
Ese mismo día, en una entrevista en el programa 'El perro andaluz' de RTVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó personalmente a Marlaska con un elogio explícito: lo calificó, junto al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, de "mejor ministro del Interior" de la democracia española, lo describió como "mi ojito izquierdo o derecho" y como un "tipo íntegro, dedicado a su labor y una persona que trata de hacer las cosas bien". Según la misma entrevista, Sánchez afirmó que el Ministerio del Interior no dio orden de cargar durante la huelga, una afirmación que constituye la versión del propio presidente del Gobierno, pendiente de confrontar con el resultado de la investigación interna que su propio Ejecutivo ha calificado de "exhaustiva" y todavía sin conclusiones conocidas. WIRESdesk verificó estas declaraciones leyendo directamente Infobae (agencia) y Teleprensa, dos medios independientes entre sí y de las fuentes ya citadas en esta cobertura; ninguna añade una respuesta directa a la petición de dimisión ampliada el 12 de noviembre a Sumar, IU, Compromís y ERC, que sigue sin respuesta oficial citada.
La anterior huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT en España se remonta a noviembre de 2012, en el contexto de la crisis económica y los recortes.
Desde entonces, el malestar por el acceso a la vivienda ha crecido de forma sostenida, con el peso del alquiler sobre la renta de los hogares aumentando especialmente en Madrid y Barcelona.
La huelga tensiona la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y sitúa la vivienda como eje del debate político.
La petición de dimisión de Marlaska, inicialmente formulada por Frente Amplio e Irene Montero (Podemos), se extendió el 12 de noviembre durante una sesión del Congreso a Sumar -socio del propio Gobierno de coalición-, Izquierda Unida, Compromís y ERC, mientras los sindicatos policiales rechazaron de forma unánime tanto la investigación ordenada por Marlaska como la prohibición del gas lacrimógeno; el 13 de noviembre, el Gobierno reiteró su respaldo al ministro por partida doble, con la portavoz Elma Saiz y el propio presidente Sánchez, sin responder de forma expresa a esa ampliación de la petición de dimisión.
El paro tuvo un impacto documentado en sectores estratégicos como los puertos y la automoción, y las denuncias de violencia policial se extienden ya a tres focos geográficos distintos (Madrid, Barcelona, Andalucía), lo que amplía el debate sobre la actuación policial más allá de la disputa de cifras de participación.
Es la primera huelga general estatal convocada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012.
Llega tras meses de acampadas y protestas por el derecho a la vivienda en varias ciudades españolas, incluido el rechazo parlamentario a dos decretos de vivienda del Gobierno a comienzos de octubre de 2026.
Feijóo había pedido previamente a los sindicatos que suspendieran la huelga tras el accidente de tren de Urda (Toledo), y remitió el juicio definitivo sobre el paro a las elecciones generales del 29 de noviembre.
El PSOE entrega a Pedraz el listado de sus abogados y facturas de 2021 a 2025 en el 'caso Leire Díez' y pide que queden bajo secreto
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.
El Supremo rechaza por segunda vez el recurso de Vox para suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
El juez del caso Koldo rechaza la nulidad del registro de la UCO en casa de Ábalos
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
Feijóo defiende pactar con Vox pero pone como línea roja la excarcelación de etarras
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
Un exempleado de la cantera que surte de balasto a Adif denuncia ante la jueza de Adamuz que el material es "defectuoso"
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.