El Ministerio de Universidades reabre la consulta pública sobre los requisitos para crear universidades privadas, un mes y medio antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha abierto una nueva consulta pública para aprobar un decreto que endurezca los requisitos de creación de universidades privadas, después de que el Tribunal Supremo anulara la norma anterior por vicios de procedimiento. El Gobierno quiere tenerlo listo antes de las elecciones del 29 de noviembre. El Ministerio de Universidades reabre la consulta pública sobre los requisitos para crear universidades privadas, un mes y medio antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. En la práctica: Si el nuevo decreto se aprueba antes de las elecciones, endurecerá de forma duradera los requisitos para abrir universidades privadas en España, afectando a proyectos educativos ya en tramitación y a grupos interesados en entrar en el mercado universitario español.
Diana Morant, Ximo Puig y Amparo Marco
Autor de la fotografía sin identificar · Licencia: CC0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha iniciado este 16 de octubre la tramitación de un nuevo real decreto que regula la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades y centros universitarios, según informan Infobae y Andalucía Información. La consulta pública previa permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, con el objetivo declarado de llevar el texto al Consejo de Ministros lo antes posible, en un intento de evitar que el proceso se dilate más allá de lo necesario tras el primer tropiezo judicial.
La medida llega apenas ocho días después de que el Tribunal Supremo anulara el decreto original, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2025. Según recoge El Español, los magistrados concluyeron que la justificación de urgencia esgrimida por el Gobierno para tramitar la norma por vía abreviada respondía 'más a una voluntad política de pronta entrada en vigor' que a una causa objetiva de urgencia, lo que invalidó la omisión de los trámites de consulta pública previa exigidos por ley. La sentencia no entra a valorar el contenido material de los requisitos, sino exclusivamente el procedimiento seguido para aprobarlos.
El recurso que tumbó la norma fue presentado por el Gobierno de las Illes Balears, que impugnó ante el Supremo la vía de urgencia elegida por el Ejecutivo central. El decreto original, al que medios como El Español se refieren por el apodo informal de norma 'contra las universidades chiringuito', pretendía frenar la proliferación de centros privados de baja calidad exigiendo un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados, un porcentaje determinado de profesorado con grado de doctor y controles reforzados sobre la apertura de nuevos títulos y sobre las filiales de universidades extranjeras que operan en territorio español.
El Ministerio ha defendido que no permanecerá 'de brazos cruzados' y que mantiene su convicción de que el sistema universitario necesita una regulación que ordene su crecimiento y garantice la calidad, según la cita recogida por Infobae, que recuerda además que el decreto anulado había recibido el visto bueno previo del Consejo de Estado antes de su aprobación inicial. La Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo CEU mantienen, según la misma fuente, recursos adicionales pendientes ante los tribunales que cuestionan si la norma invade competencias educativas autonómicas y restringe de forma desproporcionada la libertad de empresa en el sector universitario privado.
El relanzamiento del decreto se produce a 44 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un periodo en el que la actividad normativa del Ejecutivo en funciones de precampaña está sometida a mayor escrutinio político y mediático que en circunstancias ordinarias. Ninguna de las fuentes consultadas por WIRESdesk recoge hasta el momento declaraciones de la oposición, de las comunidades autónomas afectadas o de asociaciones de universidades privadas sobre esta segunda tentativa normativa, por lo que se mantiene seguimiento sobre las reacciones previsibles y sobre el resultado de la consulta pública que cierra el 30 de octubre, paso previo imprescindible antes de que el texto pueda volver al Consejo de Ministros.
El decreto anulado había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2025 tras recibir el visto bueno del Consejo de Estado.
La Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo CEU mantienen recursos adicionales pendientes contra la misma norma por motivos competenciales y de libertad de empresa, según El Español.
Si el nuevo decreto se aprueba antes de las elecciones, endurecerá de forma duradera los requisitos para abrir universidades privadas en España, afectando a proyectos educativos ya en tramitación y a grupos interesados en entrar en el mercado universitario español.
Un segundo fallo de procedimiento judicial, si los recursos pendientes de Madrid y la Universidad San Pablo CEU prosperasen, dejaría sin regulación reforzada al sector durante más tiempo, en medio de las críticas sobre la proliferación de centros privados de dudosa calidad académica.
El decreto original de octubre de 2025 fue tramitado por vía urgente, lo que motivó el recurso de las Illes Balears ante el Tribunal Supremo y acabó siendo la causa de su anulación.
La anulación del Supremo se limitó a los vicios de procedimiento (falta de justificación de la urgencia y omisión de consulta previa) y no entró a valorar el fondo de los requisitos exigidos a las universidades privadas, lo que deja abierta la vía para que el Gobierno repita el contenido sustantivo de la norma.
Albares dice que Exteriores avanza "a buen ritmo" para cumplir con el plazo del Supremo sobre la lista de la 'ley de nietos'
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
El PSOE acusa al PP de "coalición fraudulenta" con Vox en el Senado tras la defensa de Feijóo del pacto
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.
El Supremo y el Constitucional elevan su pulso judicial en la recta final de la amnistía al 'procés'
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por su vídeo ante el 'Guernica' y admite otra denuncia contra la ministra Elma Saiz
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
Solo 901 de los 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' podran votar el 29-N tras acreditar el exilio
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
