El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España presenta una hoja de ruta de dos décadas para abordar un déficit de 750.000 viviendas, con medidas inmediatas, de legislatura y estructurales.
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha presentado un paquete de 30 medidas y un horizonte de 20 años para intentar resolver el déficit de vivienda, que cifra en 750.000 viviendas no construidas entre 2021 y 2025. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España presenta una hoja de ruta de dos décadas para abordar un déficit de 750.000 viviendas, con medidas inmediatas, de legislatura y estructurales. En la práctica: El plan no tiene carácter vinculante, pero marca la postura de un colectivo profesional con peso en la tramitación administrativa de vivienda (herencias, contratos, gestiones con la administración) de cara a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Bloques de viviendas en el barrio de San Pascual, Madrid, una de las zonas de alta concentración del déficit habitacional señalado por los gestores administrativos.
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El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (CGCGAE) ha presentado este 13 de octubre un documento con 30 medidas para afrontar la crisis de vivienda en España, estructurado en un horizonte de 20 años con actuaciones divididas en tres plazos: los primeros 100 días, una legislatura y un periodo estructural de diez a veinte años. El presidente del Consejo, Fernando Jesús Santiago Ollero, afirmó que "la situación de la vivienda ha sido durante demasiado tiempo una preocupación central de los ciudadanos" y reclamó un "pacto de Estado" que blinde las políticas de los vaivenes electorales.
El diagnóstico de la organización profesional parte de cifras concretas: entre 2021 y 2025 se habrían dejado de construir unas 750.000 viviendas frente a la demanda real, con la formación de alrededor de 245.000 hogares nuevos cada año frente a solo 92.000 viviendas terminadas en 2025. El esfuerzo de acceso a la compra de una vivienda, según el documento, requiere ya entre 7,7 y 8 años de salario bruto, el nivel más alto desde la burbuja inmobiliaria de 2011, lo que la organización considera el síntoma más visible de un problema estructural y no coyuntural.
Entre las medidas prioritarias figura un Programa Nacional de Producción Residencial centrado en las zonas de mayor déficit —Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga—, provincias que concentrarían el 52,5% del déficit total. El plan propone también un inventario nacional de suelo público disponible, la agilización de licencias y procesos urbanísticos que hoy superan los ocho años de tramitación media, y la digitalización de expedientes administrativos para reducir esos plazos mediante expedientes electrónicos y ventanillas únicas entre administraciones.
En el terreno del alquiler, los gestores administrativos plantean una evaluación independiente del impacto de las leyes de arrendamientos urbanos aprobadas desde 2019, la regulación de los alquileres de temporada para exigir una justificación documentada (estudios, empleo o tratamiento médico) y, en su ausencia, su reconducción al régimen de alquiler ordinario. También proponen un sistema de seguros público-privados para cubrir impagos y daños en viviendas en alquiler, con primas compartidas entre la administración y los propietarios y participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como una compensación automática para pequeños propietarios —definidos como quienes poseen hasta tres inmuebles— cuando se suspenda un desahucio por vulnerabilidad social, financiada con fondos de emergencia social regionales y refuerzo estatal en zonas de alta concentración del problema.
Las medidas restantes, de carácter más técnico, incluyen un registro nacional de alquileres basado en contratos reales en vigor, procedimientos rápidos de mediación en conflictos arrendaticios antes de llegar a la vía judicial, el fomento de cooperativas de vivienda y otras fórmulas de acceso diversificado, y la creación de un sistema nacional de indicadores fiables para evaluar políticas de vivienda con datos homogéneos entre comunidades autónomas, una carencia que la organización señala como obstáculo recurrente para diseñar políticas públicas con base empírica.
El Consejo anunció que remitirá el documento a todos los partidos que concurran a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, insistiendo en que no busca el acuerdo en todos los puntos, sino en los ejes estructurales que, según la organización, deben mantenerse al margen de los cambios de gobierno. Santiago Ollero subrayó que el objetivo es despolitizar el debate de la vivienda y abordarlo "desde una perspectiva económica, transversal y de Estado" que trascienda los ciclos electorales.
El anuncio se produce semanas después de que el Gobierno cerrara, a finales de septiembre de 2026, su propio paquete de medidas ante la crisis de la vivienda, cuya aplicación sigue pendiente del Congreso.
El plan no tiene carácter vinculante, pero marca la postura de un colectivo profesional con peso en la tramitación administrativa de vivienda (herencias, contratos, gestiones con la administración) de cara a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La propuesta llega en un momento de fuerte tensión por el precio de la vivienda en España, con el Gobierno habiendo cerrado a finales de septiembre su propio paquete de medidas de vivienda, cuya aplicación depende de su tramitación en el Congreso.
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