España tendrá la mayor caída de pensión frente al último salario entre las grandes economías europeas

El diario El Mundo ha puesto sobre la mesa una conclusión que se deriva de cruzar las proyecciones oficiales de la Comisión Europea con el diseño concreto de la reforma de pensiones española: España va a sufrir, según estos cálculos, la mayor caída de la tasa de reemplazo (relación entre la primera pensión de jubilación y el último salario) entre las grandes economías de la Unión Europea.

La fuente primaria de este dato es el Ageing Report 2024, el informe periódico que la Comisión Europea elabora junto a los Estados miembros para proyectar el gasto en pensiones, sanidad y dependencia hasta 2070. Fedea, en un análisis técnico publicado tras la difusión del informe, aplicó estas proyecciones al caso español y obtuvo que la tasa de reemplazo de la primera pensión frente al último salario caerá 12,6 puntos porcentuales en las próximas décadas, frente a 7,2 puntos en Francia, 6,2 en Suecia y solo 1,6 en Alemania.

Es importante no confundir esta métrica con otra que también aparece en el propio informe europeo: el llamado 'benefit ratio' (pensión media del sistema respecto al salario medio de la economía), que el country fiche oficial de España sitúa en una caída de 4,1 puntos porcentuales entre 2022 y 2070. Ambas cifras miden cosas distintas —una compara la primera pensión con el último sueldo del pensionista, la otra compara promedios agregados del sistema— y mezclarlas produce lecturas erróneas sobre la magnitud real del ajuste.

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El mecanismo que explica la caída no es un recorte legislado como tal, sino un efecto de diseño de la propia reforma de Escrivá, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (BOE-A-2023-6967). Esta norma introduce un 'régimen dual' de cómputo: de forma progresiva entre 2026 y 2037, el trabajador podrá elegir entre los 25 últimos años cotizados (sistema actual) o los 29 últimos años descontando los dos peores (27 años efectivos). Ampliar la ventana de cálculo tiende a incorporar años de salarios más bajos —normalmente al inicio de la carrera profesional—, lo que reduce la base reguladora media en relación al último sueldo, aunque no necesariamente el importe final de la pensión.

A esto se suma la subida de la edad legal de jubilación, que pasa de 66 años y 2 meses en 2022 a 67 años en 2027 para quienes no acumulen 38 años y medio cotizados, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), introducido por la Ley 21/2021, que eleva gradualmente la cotización hasta el 1,2% (1% en 2027) para nutrir el Fondo de Reserva, sin que ese dinero adicional impacte directamente en el cálculo de la pensión inicial.

El propio informe de la Comisión Europea de 2024 recoge otro dato relevante para contextualizar la magnitud del ajuste: España concentra el mayor incremento de gasto público en pensiones de toda la UE, con un aumento estimado de 4,19 puntos de PIB entre 2022 y 2050 (frente a 0,66 puntos de media en la UE-27), llevando el gasto del 13,1% al 17,3% del PIB. Es decir, aunque la tasa de reemplazo caiga más que en otros países, el gasto total del sistema sigue creciendo con fuerza por el efecto combinado del envejecimiento poblacional y el aumento del número de pensionistas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha corroborado por su lado, en su Observatorio de Deuda de marzo de 2026, que el riesgo de sostenibilidad fiscal a largo plazo de España es de nivel medio, explicado principalmente por el gasto ligado al envejecimiento; el indicador S2 señala que España necesitaría mejorar su saldo estructural primario en 5,3 puntos porcentuales en 2027 para estabilizar la deuda a largo plazo, de los cuales 3,9 puntos corresponden al incremento previsto en pensiones, sanidad y dependencia. En su Estudio 1/2026 (mayo de 2026), la AIReF confirmó que el gasto neto en pensiones se mantiene por debajo del límite legal del 13,3% del PIB, pero advirtió de que este indicador no capta adecuadamente la sostenibilidad global del sistema.

Los datos oficiales de la Seguridad Social permiten dimensionar el punto de partida: la pensión media de jubilación se situó en 1.566,8 euros mensuales en febrero de 2026 (un 4,4% más que un año antes), mientras que el importe medio de las nuevas altas de jubilación alcanzó 1.865,8 euros en enero de ese mismo año, reflejando que las nuevas pensiones entran en el sistema con cuantías notablemente superiores a las que se extinguen, un diferencial que explica buena parte de la presión de gasto detectada por la AIReF.

En síntesis, los datos disponibles no contradicen la generosidad relativa del sistema español —que sigue estando entre los más altos de la OCDE en tasa de sustitución—, pero sí confirman que la trayectoria de ajuste que se deriva del propio diseño de la reforma de 2023, combinada con el envejecimiento demográfico, apunta a una convergencia más rápida con la media europea que en el resto de grandes economías del continente.