El borrador exige cubrir el 80% del consumo con renovables hora a hora pese a que España tiene menos capacidad instalada que sus vecinos, lo que ha desatado el rechazo del sector y de varias comunidades autónomas.
El Gobierno ultima en octubre un real decreto que obligaría a los centros de datos a cubrir al menos el 80% de su consumo con energía renovable generada hora a hora, una exigencia que, según el sector, convertiría a España en el país con más restricciones de su entorno pese a ser el tercero con menos capacidad instalada. El borrador exige cubrir el 80% del consumo con renovables hora a hora pese a que España tiene menos capacidad instalada que sus vecinos, lo que ha desatado el rechazo del sector y de varias comunidades autónomas. En la práctica: El requisito de cobertura renovable hora a hora, y no como media anual, es más estricto que el de otros países europeos y podría encarecer o retrasar nuevos proyectos de centros de datos en España.
Primeira reunião da Frente pela Soberania Digital Já 1
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El Gobierno español prevé aprobar a lo largo de octubre un real decreto que regulará por primera vez de forma específica la instalación y operación de centros de datos en el país, con el objetivo declarado de ordenar su despliegue sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para electrificar el resto de la economía. El texto se enmarca en la estrategia estatal IA360, con la que el Ejecutivo aspira a situar a España entre los cinco primeros países del mundo en desarrollo de inteligencia artificial responsable en el periodo 2026-2027.
La medida más exigente del borrador obliga a los operadores a cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable, no como media anual sino emparejada hora a hora con el consumo real de cada instalación, y exige que cada nuevo megavatio consumido se compense con un megavatio renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha del centro. El decreto añade requisitos de soberanía digital: los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y mantener los datos y metadatos que gestionan dentro del territorio europeo.
El diario El Mundo ha informado de que, según cálculos del sector, el decreto situaría a España como el país con más restricciones a los centros de datos de su entorno pese a ser el tercero con menos capacidad instalada, por detrás de otros mercados europeos. Desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, el operador de la red de transporte ha concedido más de 6 gigavatios de capacidad de acceso a centros de datos, a los que se suman en torno a otros 6 gigavatios otorgados por las redes de distribución desde 2020, según datos recogidos por medios especializados en el sector.
La patronal del sector ha advertido de que hasta 9.000 millones de euros en inversiones podrían quedar en riesgo si el decreto se aprueba en los términos actuales, y varias comunidades autónomas se han sumado al rechazo: la Comunidad de Madrid pide retirar y reformular el texto, mientras Castilla y León y Aragón lo consideran excesivamente restrictivo. El Gobierno, por su parte, defiende que las condiciones buscan garantizar resiliencia energética y sostenibilidad ante el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica asociada a la inteligencia artificial.
El decreto llega en un momento de fuerte expansión de la capacidad operativa de los centros de datos en la península ibérica, que según datos del sector ha crecido un 17% en los últimos seis meses a la espera de la nueva norma. El texto final, que el Ejecutivo prevé aprobar antes de que termine octubre, deberá resolver las alegaciones presentadas por gobiernos autonómicos y empresas antes de entrar en vigor, por lo que algunos de sus requisitos más exigentes podrían todavía matizarse en la redacción definitiva.
El Real Decreto-ley 8/2023 ya permitió la concesión de varios gigavatios de capacidad de acceso eléctrico a centros de datos en España.
El Gobierno llevaba desde comienzos de octubre anunciando la inminente aprobación de esta nueva normativa específica para el sector.
El requisito de cobertura renovable hora a hora, y no como media anual, es más estricto que el de otros países europeos y podría encarecer o retrasar nuevos proyectos de centros de datos en España.
La patronal del sector cifra en 9.000 millones de euros la inversión en riesgo si el decreto se mantiene en sus términos actuales.
La norma se enmarca en la estrategia estatal IA360, que busca situar a España entre los cinco primeros países del mundo en desarrollo de IA responsable en 2026-2027.
Desde 2023 el operador de la red de transporte y las redes de distribución han concedido en conjunto más de 12 gigavatios de capacidad de acceso a centros de datos en España.
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