EE.UU. suspende a Microsoft y Adobe del programa de tarjetas verdes por supuesto fraude laboral

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 8 de octubre de 2026 la suspensión de Microsoft, Adobe, Capgemini, Cognizant, HCL, Infosys, Tata y Wipro del programa de certificación laboral permanente (PERM), la vía administrativa que permite a las empresas solicitar tarjetas verdes para empleados extranjeros. El anuncio corrió a cargo del vicepresidente JD Vance, quien dirige el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la eliminación del fraude, junto con el secretario de Trabajo, Keith Sonderling. Este hecho —la suspensión administrativa en sí— está confirmado por el propio Gobierno y no es objeto de disputa entre las fuentes consultadas.

Según explicó Vance, el Gobierno dejará de admitir nuevas solicitudes de certificación laboral permanente, así como las ya pendientes, de las empresas señaladas. La acusación de fondo —que estas compañías incurrieron en fraude— es una alegación del Gobierno, no un hecho judicialmente establecido. Vance reconstruyó el mecanismo del supuesto fraude así, según recoge la agencia Associated Press: Microsoft publicaría anuncios de empleo en periódicos de pequeñas localidades para aparentar que no había trabajadores estadounidenses disponibles, y usaría después esa falta de respuesta como justificación legal para contratar a extranjeros bajo el proceso de certificación laboral.

Vance citó cifras concretas como evidencia de su argumento: Microsoft despidió a unos 6.000 trabajadores en EE.UU. el año pasado mientras tramitaba cerca de 6.300 visados H-1B y unas 3.000 tarjetas verdes. El vicepresidente afirmó textualmente, según la traducción de su declaración original en inglés, que "por cada trabajador que Microsoft despidió, la empresa lo sustituyó por uno y medio trabajadores extranjeros", y situó a la compañía en el quinto puesto entre los empleadores de Estados Unidos por volumen de uso del programa H-1B.

Microsoft rechazó las acusaciones y aseguró que "la gran mayoría" de sus empleados en Estados Unidos son estadounidenses, y que el 80% de sus aproximadamente 6.000 solicitudes de H-1B del último año fiscal correspondían a extensiones o cambios de estatus de empleados ya contratados, no a nuevas incorporaciones. La compañía señaló además que solo alrededor del 1% de su plantilla en EE.UU. está formada por nuevas contrataciones bajo H-1B. Esta respuesta es una contraevidencia directa a la cifra de 6.300 visados citada por Vance, puesto que reencuadra la mayoría de esas solicitudes como renovaciones administrativas y no como sustituciones de personal estadounidense despedido.

Adobe, por su parte, no respondió a las solicitudes de comentario de TechCrunch ni de CNBC, por lo que no existe de momento una versión pública de la compañía sobre las acusaciones que la afectan directamente. Tampoco hay constancia en las fuentes consultadas de declaraciones de Capgemini, Cognizant, HCL, Infosys, Tata o Wipro, el resto de empresas incluidas en la suspensión, lo que deja sin respuesta pública la mayoría de los casos individuales señalados por el Gobierno.

La medida se enmarca en una ofensiva más amplia de la Administración Trump contra presuntos abusos del sistema de visados de trabajo cualificado, que ya había encarecido en septiembre de 2025 la tramitación de H-1B con una tasa de 100.000 dólares por solicitud, dirigida en particular a frenar el uso masivo del programa por parte de grandes tecnológicas y firmas de outsourcing. Vance anunció en el mismo acto que el Gobierno investiga también a nueve universidades de élite, entre ellas Harvard, Yale y Stanford, por presuntos abusos en sus programas para estudiantes extranjeros, una línea de actuación paralela no vinculada directamente a la suspensión de las empresas tecnológicas pero que refuerza la narrativa de una campaña coordinada contra el sistema de visados.

Casi tres cuartas partes de los visados H-1B aprobados en Estados Unidos corresponden a trabajadores de India, un dato que ayuda a entender el alcance de la medida sobre Infosys, Tata, HCL y Wipro, cuatro de las mayores firmas de consultoría tecnológica de origen indio y todas ellas también suspendidas del programa junto con la francesa Capgemini y la estadounidense Cognizant. Estas empresas de outsourcing llevan años siendo objeto de escrutinio por parte de autoridades laborales estadounidenses por su alto volumen de solicitudes de H-1B en relación con su plantilla local, un patrón distinto al de Microsoft y Adobe, que son empleadoras directas de ingeniería y software.

El programa de certificación laboral permanente (PERM) es el paso previo obligatorio para que un empleador patrocine a un trabajador extranjero hacia la residencia permanente en EE.UU.: exige demostrar ante el Departamento de Trabajo que no existe un candidato estadounidense igualmente cualificado disponible para el puesto. Quedar fuera de ese programa no afecta a los visados H-1B ya concedidos ni a los empleados que ya trabajan en el país, pero bloquea de forma efectiva la vía legal que esas empresas usan para convertir a su personal extranjero cualificado en residentes permanentes, lo que a medio plazo puede forzar la salida de esos trabajadores si no encuentran otra vía migratoria antes de que venza su visado temporal.

Las fuentes consultadas no precisan un plazo para que las empresas afectadas puedan apelar la suspensión ni una fecha de revisión del caso, ni citan ninguna resolución judicial o administrativa firme sobre el fondo de la acusación de fraude. Tampoco hay, por el momento, constancia de que ningún tribunal o agencia independiente —al margen del propio Departamento de Trabajo que impone la medida— haya evaluado las pruebas citadas por Vance, lo que mantiene el caso en la fase de acusación administrativa unilateral, sin contradictorio judicial todavía.