EE.UU. acusa a una mujer de California de espiar para China y vigilar al hijo del presidente de Taiwán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el domingo 5 de octubre la detención de Wanying Zhang, de 34 años, también conocida como "Heather", residente de Irvine (California) y agente inmobiliaria, a quien acusa en una denuncia penal de haber actuado como agente no registrada del Gobierno de la República Popular China dentro de Estados Unidos. Según el escrito presentado ante la fiscalía federal, Zhang no notificó previamente a la Fiscal General de EE.UU. de su actividad al servicio de un gobierno extranjero, tal como exige la ley federal desde hace décadas para proteger la transparencia sobre la influencia extranjera en suelo estadounidense. Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Los Ángeles al regresar de un viaje.

La denuncia sostiene que, en junio de 2025, Zhang viajó a China y se reunió con funcionarios que le encomendaron vigilar a familiares de un alto cargo del Gobierno de Taiwán. De acuerdo con el documento, el 29 de agosto de 2025 Zhang y otra persona volaron desde el condado de Orange a Las Vegas y, el 1 de septiembre, continuaron hacia el noroeste del Pacífico, donde residían los objetivos de la vigilancia, en las afueras de Seattle. Allí, según los fiscales, fotografió tarjetas de embarque, grabó vídeo, anotó matrículas de vehículos en el domicilio vigilado y envió mensajes a sus contactos en China, entre ellos uno que decía: "Lo vi, varón joven, es el joven". El Departamento de Justicia no identificó públicamente a la víctima, pero medios estadounidenses, entre ellos CBS News y el New York Post, la identificaron como Lai Ting-yu, hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y residente en EE.UU.

El fiscal general adjunto John Eisenberg calificó como "profundamente preocupante" la "alegación central" de que Zhang, por orden de la República Popular China, "vigiló de forma encubierta a familiares de un alto cargo de un gobierno extranjero en territorio estadounidense". El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el Gobierno chino envió presuntamente a una agente a vigilar a la familia del presidente taiwanés en suelo estadounidense, tomando fotografías, vídeos y registros de matrículas, y advirtió que "Estados Unidos no es su patio de recreo". Zhang enfrenta un único cargo que contempla una pena máxima de diez años de prisión; el Departamento de Justicia subrayó que una denuncia penal es solo una alegación y que toda persona acusada se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal, en un proceso que apenas comienza.

La Oficina Presidencial de Taiwán condenó el caso como "un caso típico de represión transnacional". Su portavoz, Karen Kuo, calificó de "bárbaros" los actos descritos en la denuncia, afirmó que vulneran los derechos humanos y la soberanía nacional y advirtió que buscan "suprimir, amenazar o incluso dañar" a personas que defienden la libertad y la democracia, o a sus familiares, en términos que, dijo, "no deberían tolerarse en el mundo civilizado". Kuo agradeció a las autoridades policiales estadounidenses su colaboración para proteger a ciudadanos taiwaneses y afirmó que Taiwán seguirá cooperando con EE.UU. y otros aliados democráticos para combatir este tipo de actos de vigilancia y presión transnacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió el 7 de octubre a través de su portavoz, Guo Jiakun, quien dijo no estar familiarizado con el caso concreto pero rechazó lo que llamó la difusión de la "narrativa del 'espía chino'" contra su país. Pekín no ha confirmado ni desmentido de forma específica los hechos descritos en la denuncia estadounidense ni se ha referido directamente a Zhang ni a los viajes y mensajes que le atribuye la fiscalía, ni ha anunciado gestiones consulares en su favor hasta el momento.

El episodio se conoció una semana después de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Washington, y se produce en un contexto de tensión constante entre Washington y Pekín por Taiwán, isla que el Gobierno chino considera una "línea roja" innegociable en sus relaciones bilaterales y que gobierna desde 2024 el presidente Lai Ching-te, a quien Pekín considera un separatista que busca la independencia formal de la isla.

El cargo presentado contra Zhang corresponde a la legislación federal que exige registrar ante el Departamento de Justicia cualquier actividad realizada en EE.UU. por encargo de un gobierno extranjero, una herramienta legal que la fiscalía estadounidense ha usado en los últimos años en varios casos de presunto espionaje chino en territorio estadounidense, generalmente ligados a la vigilancia de disidentes, opositores políticos o familiares de cargos públicos taiwaneses y de otros países residentes fuera de sus territorios de origen, y que se distingue de los cargos de espionaje clásico por no exigir prueba de transmisión de secretos de Estado.

Zhang permanece bajo custodia a la espera de los siguientes trámites judiciales, y no ha hecho declaraciones públicas ni se ha identificado a su abogado defensor en los reportes disponibles hasta el momento. Su caso se añade a una serie de procesos abiertos en Estados Unidos por presunto espionaje vinculado a China, en un momento en que Taiwán y sus aliados denuncian con mayor frecuencia episodios de vigilancia y presión contra familiares de altos cargos taiwaneses en el extranjero, un fenómeno que organismos de derechos humanos describen como represión transnacional y que Washington ha prometido perseguir con más firmeza.