Con el Congreso disuelto por las elecciones del 29 de noviembre, la Diputación Permanente convalidó este 12 de noviembre, por 35 votos a favor y 34 en contra, el Real Decreto-ley 29/2026, que suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, amplía los contratos de alquiler en vigor hasta 2028 y lanza un programa de préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de primera vivienda. El PNV, voto decisivo, rechazó por el mismo margen (35 a 34) un segundo decreto, el Real Decreto-ley 28/2026, que habría obligado a indemnizar a los inquilinos con hasta doce meses de renta en caso de ruptura anticipada del contrato.
Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral del 29 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso -el único órgano parlamentario activo durante la disolución- convalidó este 12 de noviembre, por un solo voto de diferencia (35 a favor, 34 en contra), el Real Decreto-ley 29/2026 de vivienda, que suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y amplía hasta 2028 los contratos de alquiler en vigor. El PNV, cuyo apoyo resultó decisivo para el primer decreto, se sumó en cambio a PP, Vox y Junts para tumbar, también por 35 a 34, el Real Decreto-ley 28/2026, que habría impuesto una indemnización de hasta doce meses de renta a los propietarios que rescindieran contratos antes de plazo.

El Congreso de los Diputados, en Madrid, sede de la Diputación Permanente que convalidó el 12 de noviembre de 2026 el decreto de vivienda. Foto: Luis García (Zaqarbal) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
Foto: Luis García (Zaqarbal) / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este jueves 12 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 29/2026 en materia de vivienda, publicado en el BOE el 7 de octubre y en vigor desde el día siguiente, en una votación que se resolvió por un solo voto: 35 a favor frente a 34 en contra. Al estar disueltas las Cortes tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, la validación de los decretos-ley aprobados por el Gobierno corresponde a la Diputación Permanente, órgano que debe pronunciarse en bloque, sin enmiendas, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación.
El decreto convalidado suspende determinados procedimientos judiciales de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa de vivienda -con compensación a los propietarios por los periodos de suspensión, de hasta tres años, según Idealista-, amplía de forma extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2028 los contratos de alquiler de vivienda habitual que lo soliciten, con posibilidad de que el inquilino salga a los seis meses con un preaviso de treinta días sin penalización, y limita la actualización anual de las rentas al 2% hasta finales de 2027. Pone además en marcha el programa 'Tu Casa', préstamos públicos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros a través del ICO para la compra de primera vivienda; una deducción del 10% en el IRPF para inquilinos con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros; una rebaja del IVA al 4% para la vivienda pública o protegida; un fondo de impacto social de 400 millones de euros para promotores de vivienda asequible, y límites a la compra de inmuebles por debajo del 70% de su valor de mercado por parte de fondos de inversión hasta 2030. El texto íntegro del BOE, consultado directamente por WIRESdesk, confirma además una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para financiar a promotores públicos y privados que amplíen el parque de vivienda social o asequible.
El voto favorable del PNV resultó decisivo para sacar adelante este primer decreto, que sumó también los apoyos de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos frente al rechazo conjunto de PP, Vox y Junts. Según Infobae y Moncloa.com, se trata del mismo decreto que el pleno del Congreso, con representación parlamentaria completa, había rechazado por amplia mayoría el 1 de octubre -un episodio citado también como antecedente directo de las protestas por la vivienda que WIRESdesk recogió en su cobertura de la huelga general del 11 de noviembre-, lo que ilustra el vuelco político que ha permitido la disolución de las Cortes y la composición más reducida de la Diputación Permanente.
El Real Decreto-ley 28/2026, que preveía la renovación automática de los contratos de alquiler a cinco años -siete en el caso de grandes tenedores- y obligaba a indemnizar al inquilino con hasta doce meses de renta si el propietario rescindía el contrato antes de plazo, no logró la convalidación, con el PNV uniéndose esta vez a PP, Vox y Junts en el rechazo. La versión original de esta noticia señalaba un desglose numérico no conciliado entre fuentes para esta segunda votación; una revisión adicional con cuatro fuentes más, editorialmente independientes entre sí y leídas directamente por WIRESdesk -Euronews, El Cotidiano, Idealista/news y la propia agencia citada por Infobae-, converge de forma consistente en 35 votos en contra y 34 a favor, el mismo margen que validó el primer decreto pero en sentido inverso. La cifra alternativa de 35 a favor y 39 en contra, recogida en una versión anterior de la cobertura de Infobae, no se ha replicado en ninguna de las demás fuentes consultadas y se trata, por tanto, como un dato aislado no confirmado, no como el resultado verificado.
El PNV justificó su rechazo al segundo decreto calificando la indemnización de doce mensualidades como "desproporcionada y excesiva" para los propietarios, según recoge Infobae. La portavoz del PNV en la Diputación Permanente, Maribel Vaquero, defendió además la postura de su partido con una cita textual recogida directamente por Euronews y El Cotidiano: "regulación sí, construir también", en referencia a su argumento de que la renovación automática reduciría la oferta de alquiler sin resolver la escasez de vivienda. Dentro del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió el decreto convalidado señalando que beneficia a cinco millones de personas, mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió en que la vivienda es "un derecho básico" y no "una mercancía", declaraciones recogidas directamente por Infobae. Sumar, que había impulsado especialmente el segundo decreto como prioridad de protección a los inquilinos, sufrió con su rechazo un revés político significativo a escasos días del inicio de la campaña electoral.
El sector inmobiliario reaccionó con críticas a la propia tramitación del decreto. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, sostuvo que "el daño ya está hecho" y atribuyó a la mera consideración de medidas como la renovación automática de los alquileres un desplome del 19% en la oferta de vivienda en alquiler en un solo mes, reclamando en su lugar "políticas de consenso que equilibren a ambas partes" con seguridad jurídica, cita recogida directamente por Idealista/news. WIRESdesk no ha localizado una respuesta directa del Ministerio de Vivienda a esta crítica concreta sobre el impacto en la oferta de alquiler.
El resultado llega dieciséis días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y un día antes del inicio formal de la campaña, el 13 de noviembre. El Partido Popular, que votó en contra de ambos decretos junto a Vox y Junts, se ha comprometido a derogar las medidas de vivienda convalidadas si gana las elecciones, según recogen Infobae y Atlántico.net, lo que deja la continuidad de la suspensión de desahucios hasta 2030 condicionada al resultado electoral y convierte la vivienda, de nuevo, en un eje central de la contienda.
WIRESdesk ha accedido directamente al texto del Real Decreto-ley 29/2026 publicado en el BOE (referencia BOE-A-2026-20823), lo que permite confirmar de primera mano el contenido sustancial del decreto convalidado descrito más arriba -suspensión de desahucios hasta 2030, límite del 70% de valor de mercado para compras de fondos y la línea de avales de 2.000 millones de euros-, resolviendo así la limitación de fuente primaria señalada en la versión anterior de esta noticia. No se ha podido acceder, en cambio, al diario de sesiones de la Diputación Permanente correspondiente al 12 de noviembre, por lo que el desglose exacto de ambas votaciones sigue reconstruyéndose a partir de medios de comunicación -ahora ocho fuentes distintas, frente a las cuatro de la versión anterior-, que coinciden de forma mayoritaria en los márgenes de 35 a 34 en ambos sentidos.
Si el primer decreto no hubiera sido convalidado, habría dejado de aplicarse desde este jueves, aunque los actos ya realizados durante su vigencia se habrían mantenido, conforme al régimen general de los decretos-ley recogido en el artículo 86 de la Constitución. El Real Decreto-ley 28/2026, al no haber sido convalidado, queda derogado con efectos desde la votación del 12 de noviembre.
El 1 de octubre de 2026, el pleno del Congreso, con representación parlamentaria completa, había rechazado ambos decretos de vivienda del Gobierno, uno de los antecedentes citados de las protestas que condujeron a la huelga general del 11 de noviembre.
Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, la validación de los decretos-ley pasó a depender de la Diputación Permanente, de composición más reducida que el pleno.
El 12 de noviembre de 2026, la Diputación Permanente convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 y derogó el Real Decreto-ley 28/2026, ambos por un margen de 35 a 34 votos en sentidos opuestos.
La suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional queda en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030, pero su continuidad depende de que no sea derogada por un futuro Gobierno, ya que el PP se ha comprometido a hacerlo si gana las elecciones del 29 de noviembre.
El rechazo del Real Decreto-ley 28/2026, impulsado por Sumar, frustra la renovación automática de contratos de alquiler y la indemnización a inquilinos por ruptura anticipada, evidenciando una fractura entre los socios de la coalición de Gobierno y el PNV en la recta final de la legislatura.
La votación confirma que la vivienda sigue siendo el eje central del debate político a dieciséis días de las elecciones generales, tras semanas de protestas y de la huelga general del 11 de noviembre.
El pleno del Congreso había rechazado ambos decretos de vivienda el 1 de octubre de 2026, antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, según recoge Infobae; ese rechazo fue citado como uno de los antecedentes de las protestas por la vivienda que culminaron en la huelga general del 11 de noviembre.
El Real Decreto-ley 29/2026 fue publicado en el BOE el 7 de octubre de 2026 y está en vigor desde el 8 de octubre; al estar disueltas las Cortes, su convalidación correspondía a la Diputación Permanente, que debe votar en bloque dentro de los treinta días siguientes a su aprobación.
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