Dos años de la dana de Valencia: 233 muertos, una causa judicial hasta 2027 y una reconstrucción que las víctimas tachan de incompleta

Dos años después de la dana que asoló buena parte de la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, el balance oficial se mantiene en 233 personas fallecidas y dos desaparecidas cuyo paradero no ha podido confirmarse, según las cifras recogidas por distintos medios con motivo del aniversario. La jornada de hoy ha sido declarada oficialmente Día de Recuerdo a las Víctimas de la dana por la Generalitat, con duelo oficial y banderas a media asta en la Comunitat Valenciana.

Los actos de homenaje se han extendido durante toda la semana, entre el 25 y el 29 de octubre, comenzando en Alaquàs, continuando en Paiporta y concluyendo este jueves en Valencia, coincidiendo con la fecha exacta de la catástrofe. De forma paralela, distintas asociaciones de víctimas han convocado marchas desde Chiva, Cheste, Albal y Benetússer, algunos de los municipios más afectados por el desbordamiento de barrancos y ramblas como la del Poyo.

Entre los actos destaca el primer homenaje organizado por una asociación de víctimas mortales en el Teatro Talía de Valencia, así como una ceremonia de la Asociación de Víctimas y Afectados por la dana en Alaquàs. Un acto previsto junto al cauce de la rambla del Poyo, en Paiporta, se ha pospuesto al 5 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha absorbido parte de la atención institucional en los últimos días.

Elizabeth González, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por la dana, ha declarado públicamente durante los actos conmemorativos que "queda mucho por hacer y por reconstruir", dirigiendo sus críticas hacia las administraciones responsables de la reconstrucción. Su valoración coincide con la de otras asociaciones, que durante esta semana han denunciado que la reconstrucción se ha centrado en "asfalto, muros de hormigón y parches asistenciales" sin corregir, a su juicio, la vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe.

El balance material de la dana sigue siendo severo: alrededor de 129.000 vehículos destruidos, 69.000 viviendas con daños y 10.000 ascensores inutilizados, según los datos difundidos con motivo del aniversario. La mayor parte de los fondos de reconstrucción se canalizan a través del Consorcio de Compensación de Seguros y del plan autonómico RERD, aunque las asociaciones de afectados denuncian una brecha entre lo comprometido y lo efectivamente ejecutado dos años después.

Según una nota de prensa oficial del Gobierno central difundida por La Moncloa y recogida por agencias el 27 de octubre, el Estado ha movilizado ya más de 10.028 millones de euros en la recuperación tras la dana. De esa cifra, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 4.661,5 millones de euros en indemnizaciones, tras gestionar el 99,7% de las cerca de 252.000 solicitudes registradas; el ministerio competente ha abonado 1.745,3 millones de euros a 78 ayuntamientos afectados, y se han concedido 396.756 ayudas directas a personas y entidades por un importe conjunto de 8.274 millones de euros. Pese a estas cifras, medios locales señalan que decenas de ayuntamientos disponen de fondos ya transferidos que no logran ejecutar por falta de personal técnico municipal.

La causa judicial que investiga la gestión de la emergencia sigue abierta en el juzgado de Catarroja, a cargo de la jueza Núria Ruiz Tobarra, que acumula ya 690 testimonios y 548 resoluciones dictadas y ha tenido que prorrogar la instrucción hasta abril de 2027 por el volumen de prueba acumulado. La investigación se centra en el retraso del envío del Es-Alert a los teléfonos móviles, las decisiones adoptadas durante la reunión del Cecopi y las comunicaciones mantenidas por responsables del Gobierno valenciano durante las horas críticas de la tarde del 29 de octubre de 2024.

Los dos principales investigados en la causa son Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos en el área de Emergencias. Carlos Mazón, que presidía la Generalitat aquel día y dimitió el 3 de noviembre de 2025 conservando su escaño en Les Corts, quedó fuera de la causa principal después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazara la petición de la jueza de investigarlo formalmente, una decisión que ha alimentado el reproche de parte de las familias de las víctimas, que consideran insuficiente que la instrucción no alcance a quien presidía el Ejecutivo autonómico.

Frente a ese reproche, cabe matizar que la propia Generalitat ha mantenido gestos institucionales de reconocimiento: la declaración oficial del 29 de octubre como Día de Recuerdo, el duelo oficial de esta jornada y los más de 10.000 millones de euros ya movilizados para la reconstrucción constituyen una respuesta pública reconocida por los propios colectivos de víctimas, incluso cuando la consideran insuficiente en su ritmo de ejecución. La decisión del TSJCV de no investigar a Mazón, además, corresponde a un tribunal independiente de la Generalitat y no equivale a una exoneración política de su gestión durante la emergencia.

Dos años después, persisten varias incógnitas no resueltas: el paradero de las dos personas aún desaparecidas, el alcance final de una instrucción judicial que no concluirá antes de 2027, y el calendario real de ejecución de las obras de protección frente a futuras riadas que las asociaciones de víctimas reclaman como condición para considerar cerrada la reconstrucción.