La revalorización de las pensiones y la subida salarial de los funcionarios para 2027 ya están comprometidas por ley y por un acuerdo firmado, con un sobrecoste conjunto que roza los 17.600 millones de euros, pero su aplicación recaerá sobre el Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre.
El alza de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos para el próximo año ya está blindada por ley y por un pacto sindical firmado, pero el coste añadido al gasto público, de más de 17.600 millones de euros, deberá gestionarlo el Ejecutivo que se forme tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La revalorización de las pensiones y la subida salarial de los funcionarios para 2027 ya están comprometidas por ley y por un acuerdo firmado, con un sobrecoste conjunto que roza los 17.600 millones de euros, pero su aplicación recaerá sobre el Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre. En la práctica: El gasto adicional de más de 17.600 millones de euros en 2027 presiona las cuentas públicas con independencia del resultado electoral, ya que ambas subidas derivan de un mecanismo legal (pensiones) y de un acuerdo ya firmado (funcionarios), no de una decisión que el próximo Gobierno pueda revertir fácilmente a corto plazo.
El Congreso de los Diputados, en Madrid, donde se tramitan las leyes presupuestarias que afectan a pensiones y sueldos públicos.
Foto: Luis García (Zaqarbal) · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Dos de las partidas más sensibles del gasto público para 2027, las pensiones contributivas y los salarios de los más de tres millones de empleados públicos, subirán de forma prácticamente automática el próximo año, al margen de qué partido gane las elecciones generales del 29 de noviembre. La revalorización de las pensiones se rige por la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que fija el incremento según la media del IPC interanual de los doce meses previos a diciembre, un mecanismo que deja poco margen de maniobra discrecional al Gobierno de turno. Lo mismo ocurre con los sueldos públicos, atados a un acuerdo plurianual ya rubricado por sindicatos y Ministerio.
Con el IPC repuntando por el encarecimiento de los carburantes y los paquetes turísticos en un contexto de tensión en Oriente Medio, varias casas de análisis sitúan la revalorización de las pensiones para 2027 en torno al 3,5%, frente al 2,7% de 2026. Ese salto añadiría un sobrecoste estructural a la Seguridad Social de aproximadamente 8.400 millones de euros, según estimaciones recogidas por El Debate y por BBVA Mi Jubilación. El dato definitivo no se conocerá hasta mediados de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística cierre la inflación de noviembre, último mes que entra en el cómputo legal de la revalorización.
En paralelo, el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% desde el 1 de enero de 2027, el mayor tramo de un acuerdo marco firmado en noviembre de 2025 entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. Ese pacto establece un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, repartido en un 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026, el citado 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, según detallan que.es y Artículo14. El acuerdo afecta a más de tres millones de trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluido el personal de sanidad, educación y justicia.
El coste de la subida salarial de 2027 se estima en torno a 9.000 millones de euros adicionales para las administraciones públicas, de acuerdo con los mismos cálculos difundidos por los medios consultados. Sumado al sobrecoste de las pensiones, el gasto adicional conjunto para las cuentas públicas en 2027 ronda o supera los 17.600 millones de euros, una cifra que coincide de forma aproximada con la que han adelantado distintos medios económicos al calcular ambas partidas de forma agregada, aunque ninguno de los ministerios implicados ha publicado todavía una cifra oficial consolidada que una ambas subidas en un único total.
El calendario añade una capa política al asunto: el centro de análisis Funcas ha señalado que la inflación de referencia para calcular la revalorización de las pensiones podrá estimarse de forma preliminar en torno al 27 de noviembre, apenas dos días antes de la votación del 29-N. Los sindicatos, por su parte, han reclamado que la subida salarial del 4,5% quede formalmente aprobada antes de esa fecha, de modo que ambas subidas lleguen ya cerradas a la nueva legislatura, con independencia de qué coalición resulte de las urnas y tenga que ejecutar el gasto en los Presupuestos de 2027.
La subida de pensiones de 2026 fue del 2,7%; el acuerdo salarial de los funcionarios para 2025-2028 prevé subidas del 2,5%, 1,5%, 4,5% y 2% en años sucesivos, hasta un 11% acumulado.
El gasto adicional de más de 17.600 millones de euros en 2027 presiona las cuentas públicas con independencia del resultado electoral, ya que ambas subidas derivan de un mecanismo legal (pensiones) y de un acuerdo ya firmado (funcionarios), no de una decisión que el próximo Gobierno pueda revertir fácilmente a corto plazo.
La revalorización automática de las pensiones por IPC se introdujo con la Ley 21/2021 para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas tras años de congelaciones o subidas por debajo de la inflación.
El acuerdo salarial de los funcionarios, firmado en noviembre de 2025, buscaba compensar una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010.
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