El Ministerio de Consumo ha requerido a dos grandes plataformas de alquiler turístico que retiren 8.352 anuncios por carecer de número de registro o usar uno caducado, ampliando a todo el país una actuación que en octubre se limitó a Madrid.
El Ministerio de Consumo ha exigido a dos grandes plataformas de alquiler turístico que retiren 8.352 anuncios en toda España por carecer de número de registro válido o por usar uno caducado de alquiler residencial. La actuación amplía a nivel nacional una primera orden limitada a Madrid el pasado octubre. El Ministerio de Consumo ha requerido a dos grandes plataformas de alquiler turístico que retiren 8.352 anuncios por carecer de número de registro o usar uno caducado, ampliando a todo el país una actuación que en octubre se limitó a Madrid. En la práctica: La medida extiende a todo el territorio nacional una presión regulatoria que hasta octubre se había concentrado en Madrid, y anticipa que el nuevo régimen de 31 días para los alquileres de temporada se aplicará como criterio general frente a la vivienda turística encubierta.

Edificios de viviendas en el entorno de Madrid Río. Imagen de archivo (Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0).
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El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha notificado a dos plataformas de alquiler turístico —cuya identidad no ha desvelado públicamente— la obligación de retirar 8.352 anuncios de viviendas por incumplir la normativa sobre identificación de alojamientos turísticos, según informaron el 12 de noviembre Infobae y Press Digital citando fuentes del departamento.
Del total, 7.199 anuncios corresponden a una de las plataformas y 1.153 a la otra. El desglose por motivo de infracción muestra que 7.227 viviendas carecían por completo de número de registro reglamentario, mientras que 1.125 utilizaban un número ya extinto, correspondiente a un alquiler residencial de larga duración, pese a anunciarse como vivienda completa de uso turístico. Consumo considera que ambos supuestos inducen a error al consumidor sobre la legalidad real del alojamiento que está reservando, al presentar como regular una oferta que carece de la licencia turística exigida o que reutiliza un registro que ya no ampara ese uso.
Esta actuación nacional llega semanas después de que Consumo, el 22 de octubre, notificara a una de estas plataformas la detección de 4.443 anuncios ilícitos únicamente en la ciudad de Madrid, donde los anuncios empleaban números de registro caducados de "alquiler de temporada" —la fórmula de más de 31 días que la normativa exige para diferenciarlo de la vivienda de uso turístico— para eludir los requisitos de licencia turística. Según Infobae, el ministerio advirtió entonces al Ayuntamiento de Madrid de que la plataforma seguía mostrando esos anuncios a usuarios conectados desde direcciones IP no españolas, pese a haberlos bloqueado para accesos desde España, lo que plantea un problema añadido de control sobre la visibilidad internacional de oferta irregular.
El marco legal de fondo es el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre, que modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos para fijar en 31 días la duración mínima de los contratos de "temporada" y así evitar que se usen como sustituto encubierto del alquiler turístico o del alquiler de vivienda habitual, según recogió Tercera Información sobre la primera oleada de octubre. Consumo invoca además el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para exigir la retirada de anuncios que inducen a error sobre la legalidad del alojamiento, un fundamento que el ministerio ya había empleado en requerimientos anteriores al sector.
El antecedente más cercano de esta presión regulatoria es la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb, que derivó en la retirada de más de 65.000 anuncios de esa plataforma, y el requerimiento que obligó a Booking a eliminar más de 4.000 anuncios irregulares, de acuerdo con datos recopilados por Tercera Información sobre actuaciones previas del ministerio. Esa secuencia de sanciones y requerimientos sucesivos sugiere que Consumo ha convertido la verificación de los números de registro turístico en una línea de trabajo permanente frente a las grandes plataformas, antes que en una actuación puntual.
Consumo no ha confirmado si la falta de retirada de los 8.352 anuncios actuales abrirá un expediente sancionador formal ni ha identificado públicamente a las dos plataformas afectadas en esta última orden, por lo que persisten como incógnitas tanto el calendario de cumplimiento exigido como las consecuencias económicas si las plataformas no actúan dentro del plazo marcado por el ministerio.
Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a Airbnb por anuncios irregulares, lo que provocó la retirada de más de 65.000 anuncios, y había requerido antes a Booking la retirada de más de 4.000 anuncios irregulares.
La medida extiende a todo el territorio nacional una presión regulatoria que hasta octubre se había concentrado en Madrid, y anticipa que el nuevo régimen de 31 días para los alquileres de temporada se aplicará como criterio general frente a la vivienda turística encubierta.
La actuación se produce en paralelo a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 29/2026, que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos para fijar en 31 días la duración mínima de los contratos de temporada.
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