La comisión prevé ampliar sus trabajos y citar a alcaldes. La sesión dejó además el testimonio de Vicente Mompó: dijo no recordar un aviso de la alcaldesa de Torrent sobre el Poyo, situó su primera información concreta después del Es-Alert y afirmó que las discusiones sobre el aviso quizá lo demoraron. Son declaraciones del compareciente, no conclusiones del Congreso.
La comisión tiene previsto solicitar más tiempo para concluir sus trabajos y programar comparecencias de responsables municipales. Pradas compareció este lunes, pero se acogió a su derecho a no responder por estar investigada judicialmente. La comisión prevé ampliar sus trabajos y citar a alcaldes. La sesión dejó además el testimonio de Vicente Mompó: dijo no recordar un aviso de la alcaldesa de Torrent sobre el Poyo, situó su primera información concreta después del Es-Alert y afirmó que las discusiones sobre el aviso quizá lo demoraron. Son declaraciones del compareciente, no conclusiones del Congreso. En la práctica: La comisión puede prolongar su calendario si formaliza y obtiene la prórroga.

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La comisión de investigación del Congreso sobre la DANA de octubre de 2024 tiene previsto pedir una nueva prórroga para continuar sus trabajos más allá del 21 de octubre, fecha en la que vencía su actual plazo.
Europa Press informa, citando fuentes parlamentarias, de que la Mesa de la comisión prevé además citar el 19 de octubre a alcaldes, alcaldesas y otros responsables municipales de localidades afectadas por la riada.
El Congreso confirma en su agenda oficial que este lunes comparecieron Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana.
Pradas, que figura como investigada en la causa judicial por la gestión de la emergencia, comunicó al inicio de su comparecencia que no respondería a las preguntas para proteger su derecho de defensa.
Más tarde se mostró dispuesta a entregar al Congreso un audio que, según su versión, envió al entonces jefe de Gabinete de Carlos Mazón antes de la emisión del Es-Alert. WIRESdesk presenta esa referencia como una declaración de Pradas: el contenido y valor probatorio del audio no se consideran acreditados por el mero anuncio de su posible entrega.
La investigación parlamentaria y la causa judicial son procedimientos distintos. La comisión puede recabar testimonios y documentación y formular conclusiones políticas, pero no determina responsabilidades penales.
La comparecencia de Vicente Mompó añadió además detalles sobre la información disponible durante la tarde de la DANA. El presidente de la Diputación de Valencia dijo que no recuerda que la alcaldesa de Torrent le avisara a las 18.30 de que el barranco de l’Horteta, afluente del Poyo, se había desbordado.
Mompó sostuvo que su primera información concreta sobre el Poyo llegó después del primer Es-Alert y reconoció que una afirmación anterior suya sobre haber recibido esa información a media tarde fue un error de recuerdo.
Sobre el aviso masivo, declaró que se discutió si debía utilizarse y a qué ámbito territorial debía enviarse, y añadió que esas discusiones quizá demoraron el Es-Alert. Esa explicación es su testimonio ante la comisión y no una conclusión probada por el Congreso ni por el juzgado.
El compareciente afirmó también que la gestión de la emergencia fue un desastre y que hubo decisiones que deben revisarse. La comisión parlamentaria debe contrastar esas declaraciones con el resto de testimonios, documentación y procedimientos abiertos.
La comisión puede prolongar su calendario si formaliza y obtiene la prórroga.
Las comparecencias municipales previstas para el 19 de octubre ampliarían el foco sobre decisiones locales durante la emergencia.
La posible entrega del audio añadiría documentación al expediente parlamentario, pero su contenido deberá examinarse antes de extraer conclusiones.
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