El CGPJ registró 4.474 lanzamientos en el segundo trimestre de 2026, un 35,7% menos que un año antes. Cataluña concentra el 21,9% del total nacional en cifras absolutas, pero medido por habitante es Baleares la comunidad con mayor tasa de desahucios de alquiler, con 8,3 por cada 100.000 residentes.
Los datos judiciales del segundo trimestre confirman una caída generalizada de los desahucios en España, impulsada por el desplome de los procedimientos de alquiler. Cataluña se mantiene como la comunidad con más ejecuciones en cifras absolutas por cuarto trimestre consecutivo, pero medido por habitante es Baleares la que registra la mayor tasa de desahucios de alquiler del país. El CGPJ registró 4.474 lanzamientos en el segundo trimestre de 2026, un 35,7% menos que un año antes. Cataluña concentra el 21,9% del total nacional en cifras absolutas, pero medido por habitante es Baleares la comunidad con mayor tasa de desahucios de alquiler, con 8,3 por cada 100.000 residentes. En la práctica: La concentración de desahucios en Cataluña, pese a la caída nacional, mantiene la presión sobre los juzgados y los servicios sociales de la comunidad, que gestiona uno de cada cinco lanzamientos del país y casi un tercio de las nuevas ejecuciones hipotecarias presentadas.
Un desahucio ejecutado por los Mossos d'Esquadra en el Raval de Barcelona, con manifestantes presentes en la calle (2019).
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público este 16 de octubre su informe de efectos de la crisis en los órganos judiciales correspondiente al segundo trimestre de 2026, que registra 4.474 lanzamientos practicados —es decir, desahucios ejecutados materialmente, con independencia de las demandas presentadas— entre abril y junio. La cifra supone un descenso del 35,7% respecto al mismo periodo de 2025, la mayor caída interanual registrada en los últimos trimestres, y confirma una tendencia a la baja que el propio órgano judicial viene observando desde finales de 2025.
Del total nacional, 2.244 desahucios (el 50,1%) derivaron de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con un desplome del 57,7% interanual que explica la mayor parte de la reducción general. Los desahucios por ejecución hipotecaria, en cambio, cayeron de forma mucho más moderada, un 8,9%, hasta las 1.109 ejecuciones efectivas. El resto, 1.121 lanzamientos (el 25%), correspondió a otras causas —incluidos procedimientos de familia y laudos arbitrales—, una partida que, según los datos recogidos por el CGPJ, se multiplicó con creces frente al mismo trimestre de 2025, cuando apenas se contabilizaron 444 casos en esa categoría.
Pese al desplome generalizado, Cataluña volvió a liderar el reparto territorial en cifras absolutas con 983 lanzamientos, el 21,9% del total estatal, muy por delante de Madrid (778) y Andalucía (737), que completan el podio autonómico. Dentro de esa cifra catalana, 456 desahucios correspondieron a arrendamientos urbanos —con una caída interanual del 69%, aún más pronunciada que la media nacional— y 209 a ejecuciones hipotecarias, un 24% menos que un año antes. Cataluña también concentró el mayor número de ejecuciones hipotecarias presentadas ante los juzgados en el trimestre, 2.270, el 32,9% de las 6.886 registradas en toda España, un indicador adelantado que anticipa la carga de trabajo judicial de los próximos trimestres en materia de vivienda.
El propio informe del CGPJ ofrece, sin embargo, una lectura distinta si el reparto se mide por habitante en lugar de en cifras absolutas: Baleares encabeza entonces el ranking autonómico, con 8,3 lanzamientos por cada 100.000 residentes en el segundo trimestre, por delante del País Vasco (7,4) y la Comunidad Valenciana (6,7), y muy por encima de Madrid (1,6). El archipiélago registró 119 desahucios en total en el periodo, un 51,4% menos que un año antes, de los que 104 derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos y solo 10 de ejecuciones hipotecarias, lo que confirma que también en las islas es el alquiler, y no la hipoteca, el principal motor de los lanzamientos.
El informe del CGPJ, que recopila la actividad de los juzgados de primera instancia, de lo mercantil y de lo social, también constató un repunte paralelo de la litigiosidad económica y laboral: los concursos de acreedores y las demandas por despido se incrementaron en el periodo, mientras los procedimientos monitorios —habituales para reclamar impagos— descendieron con fuerza. Varios de los medios que accedieron al informe, entre ellos Moncloa.com y The Objective, vinculan ese repunte a los ajustes del mercado laboral y empresarial más que a la vivienda, y coinciden en señalar que la caída de los desahucios por alquiler es el factor que mejor explica el descenso global del trimestre.
Los propios datos judiciales advierten de que los lanzamientos practicados no equivalen al número de demandas de desahucio presentadas, que en muchos casos se resuelven, se aplazan o se acuerdan sin llegar a la ejecución final. La fuerte caída de los procedimientos de alquiler coincide, además, con el periodo de aplicación de las prórrogas y protecciones introducidas por la normativa de vivienda vigente en España, cuyo efecto exacto sobre las cifras trimestrales no desglosa el CGPJ en el resumen publicado, por lo que no es posible atribuir con precisión qué parte del descenso corresponde a esas medidas y qué parte a otros factores del mercado del alquiler.
Cataluña encabeza el ranking autonómico de desahucios en cifras absolutas de forma recurrente en los informes trimestrales del CGPJ de los últimos años, coincidiendo con su peso demográfico y la presión del mercado de alquiler en el área metropolitana de Barcelona.
Baleares ha figurado repetidamente entre las comunidades con mayor tasa de desahucios por habitante en informes trimestrales anteriores del CGPJ, una posición vinculada a la presión del mercado de alquiler turístico y residencial en las islas.
La concentración de desahucios en Cataluña, pese a la caída nacional, mantiene la presión sobre los juzgados y los servicios sociales de la comunidad, que gestiona uno de cada cinco lanzamientos del país y casi un tercio de las nuevas ejecuciones hipotecarias presentadas.
Medido por habitante en lugar de en cifras absolutas, el mismo informe sitúa a Baleares como la comunidad más afectada por los desahucios de alquiler, lo que apunta a una presión especialmente intensa sobre el mercado de arrendamiento del archipiélago pese a su menor peso demográfico.
El dato se enmarca en el informe trimestral del CGPJ sobre el impacto de la crisis económica en la actividad judicial, que la institución publica de forma periódica desde 2008 y que sirve de referencia oficial para medir la evolución de los desahucios en España por comunidades autónomas.
El Servicio de Estadística del CGPJ, dentro del mismo informe, también desglosa los lanzamientos por cada 100.000 habitantes, una medida que corrige el efecto del tamaño de la población y que sitúa a Baleares, no a Cataluña, como la comunidad con mayor incidencia relativa de desahucios derivados del alquiler.
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