El titular de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, llama a testificar el 17 de noviembre a Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa de Adif, imputado por presunto tráfico de influencias en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, pareja del exministro José Luis Ábalos.
El juez Ismael Moreno cita como investigado el 17 de noviembre al exdirectivo de Adif Ignacio Zaldívar, cuya imputación por presunto tráfico de influencias en el 'caso Koldo' fue confirmada en octubre por la Audiencia Nacional, mientras la Fiscalía ya ha pedido juicio para él y otros catorce investigados. El titular de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, llama a testificar el 17 de noviembre a Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa de Adif, imputado por presunto tráfico de influencias en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, pareja del exministro José Luis Ábalos. En la práctica: La causa compromete a antiguos altos cargos de una empresa pública estratégica como Adif y amplía el perímetro político-judicial del caso Koldo más allá de la condena ya firme a Ábalos, con una petición fiscal de juicio para unas quince personas por delitos que incluyen malversación, blanqueo y organización criminal.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid, donde el juez Ismael Moreno instruye el 'caso Koldo'.
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigado el próximo 17 de noviembre a Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa de Adif, en el marco del 'caso Koldo', según ha informado Europa Press. La comparecencia se produce después de que la Sala de lo Penal del tribunal confirmara el pasado 9 de octubre su imputación, al rechazar los recursos presentados por su defensa, y se suma a una larga lista de citaciones judiciales que han ido ampliando el perímetro de la causa a lo largo de 2026.
Zaldívar es investigado por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, filial del grupo Tragsa. Según la instrucción, Zaldívar, entonces director de gestión administrativa de Adif, transmitió a sus subordinados indicaciones para favorecer la contratación y la continuidad laboral de Rodríguez, pese a que, de acuerdo con la causa, esta no llegó a desempeñar funciones reales en los puestos que ocupó durante varios meses.
La citación de este mes no es la primera vez que Zaldívar comparece en la causa: el juez Moreno ya le había llamado a declarar como investigado el 20 de julio, fecha en la que, junto con Rodríguez y Joseba García (hermano del exasesor Koldo García), se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del instructor. Según informaron medios como Demócrata y Teleprensa, la citación del 17 de noviembre responde en esta ocasión a una petición voluntaria del propio Zaldívar, que solicitó por escrito declarar de nuevo ante el juez para "completar, aclarar y explicar" los hechos por los que fue llamado, con el fin de contribuir a su esclarecimiento.
La imputación de Zaldívar y Rodríguez fue confirmada por la Audiencia Nacional el 9 de octubre, en un auto en el que la Sala sostuvo, según recogieron Libertad Digital y The Objective, que el hecho de que Rodríguez hubiera declarado como testigo en el juicio del Tribunal Supremo contra Ábalos "no implica que opere la cosa juzgada" respecto a su responsabilidad penal en la presunta contratación irregular, y que los hechos investigados sobre Zaldívar "podrían ser constitutivos de infracción penal", justificando así mantener la citación judicial frente a los recursos de ambas defensas.
El caso Zaldívar se enmarca en una instrucción mucho más amplia. El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado solicitaron la apertura de juicio oral para alrededor de quince investigados, entre ellos el propio Zaldívar, el exasesor ministerial Koldo García, el comisionista Víctor de Aldama, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Patricia Uriz, expareja de Koldo García, según informó Mundiario. Las acusaciones contra el conjunto de investigados incluyen malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo por las mascarillas adjudicadas en Baleares y Canarias, blanqueo de capitales por un patrimonio de en torno a 1,5 millones de euros incorporado entre 2020 y 2022, delitos fiscales por cerca de 2,4 millones de euros en impuestos no declarados y pertenencia a organización criminal para varios de los procesados.
El origen de las pesquisas sobre la contratación de Rodríguez se remonta al 3 de julio de 2026, cuando el juez Moreno ordenó citar como investigados a Rodríguez, Zaldívar y Joseba García, dos días después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiera a la causa pasajes de la sentencia del Tribunal Supremo que, el 22 de junio de 2026, condenó a Ábalos y señaló a Rodríguez como "principal beneficiaria" de un esquema diseñado para que cobrara un sueldo mensual —34.450 euros netos en un solo ejercicio, según esa sentencia— sin realizar trabajo efectivo, de acuerdo con lo recogido por El Independiente.
La citación llega además en un momento de especial sensibilidad política: España afronta una campaña electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en la que el Gobierno y la oposición ya se disputan el relato sobre la gestión de los fondos públicos, lo que convierte cualquier avance procesal en el caso Koldo en un asunto con repercusión política inmediata más allá de su contenido estrictamente judicial.
La causa contra Zaldívar debe entenderse, en todo caso, dentro de los límites del procedimiento penal español: la condición de "investigado" es un estatus procesal que obliga al juez a informar a la persona de los hechos que se le atribuyen y a permitirle ejercer su defensa, pero no equivale a una condena ni implica responsabilidad penal probada. La petición de apertura de juicio oral formulada por la Fiscalía tampoco es vinculante para el instructor, que deberá resolver si procesa o no a los investigados antes de fijar, en su caso, una fecha de juicio.
A la espera de la comparecencia del 17 de noviembre, quedan sin resolver varios extremos: si el juez Moreno acuerda la apertura de juicio oral solicitada por la Fiscalía, qué defensa adicional aportará Zaldívar tras su declaración voluntaria, y si el resto de los quince investigados —incluidos García, Aldama y Pardo de Vera— serán citados en fechas próximas dentro de la misma pieza separada de la causa.
Línea temporal: 22 de junio de 2026, condena del Supremo a Ábalos; 3 de julio, primera citación de Zaldívar y Rodríguez como investigados; 20 de julio, ambos se acogen a su derecho a no declarar; 9 de octubre, la Audiencia Nacional confirma la imputación de ambos; 7 de noviembre, la Fiscalía pide juicio para unos quince investigados; 17 de noviembre, nueva citación de Zaldívar, esta vez a petición propia.
La causa compromete a antiguos altos cargos de una empresa pública estratégica como Adif y amplía el perímetro político-judicial del caso Koldo más allá de la condena ya firme a Ábalos, con una petición fiscal de juicio para unas quince personas por delitos que incluyen malversación, blanqueo y organización criminal.
El caso Koldo investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia y en nombramientos posteriores, vinculada al exasesor ministerial Koldo García y al exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo el 22 de junio de 2026.
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