La Audiencia de Valladolid condena a siete personas por el cambio sistemático de ataúdes en la funeraria El Salvador

La Audiencia Provincial de Valladolid condenó el 28 de octubre de 2026 a siete personas por un delito continuado de estafa agravada en su modalidad de delito masa, relacionado con la sustitución sistemática de ataúdes en los servicios del grupo funerario El Salvador. La pena más alta recae en Ignacio Morchón Vaquero, considerado por el tribunal responsable principal del grupo empresarial, con siete años y seis meses de prisión. Sus hermanas Rosario y Laura Morchón Vaquero, con funciones ejecutivas en la compañía, fueron condenadas a siete años y a seis años y medio respectivamente. Otros cuatro empleados recibieron penas de entre tres años y tres meses y cinco años y nueve meses, según coinciden Diario de Valladolid, Legaltoday y Tribuna de Valladolid.

El tribunal considera probado que, entre aproximadamente 1995 y 2015, los trabajadores de la funeraria retiraban los cuerpos de los féretros elegidos y pagados por las familias antes de la cremación, los introducían en cajas de peor calidad para la incineración y reutilizaban los ataúdes originales en servicios posteriores. La sentencia documenta al menos 5.688 sustituciones acreditadas, con decenas de miles de familias potencialmente afectadas a lo largo de dos décadas, y cifra las ganancias ilícitas obtenidas por el grupo en 1.368.646,56 euros, de acuerdo con Legaltoday y Diario de Valladolid.

De los 23 acusados que llegaron a juicio, dieciséis resultaron absueltos, según recogen de forma coincidente las cuatro fuentes consultadas. La Audiencia rechazó expresamente imputar a los condenados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra el respeto debido a los difuntos; el tribunal entendió que existía un grave incumplimiento de la confianza depositada por las familias y un daño moral acreditado, pero no apreció el trato vejatorio hacia los cadáveres que exige el Código Penal para ese último delito, según Diario de Valladolid y Tribuna de Valladolid.

La sentencia, que supera las 500 páginas según Legaltoday, fija una responsabilidad civil conjunta superior a 8,4 millones de euros, con una indemnización de 1.000 euros por daño moral por cada servicio funerario afectado, a la que se suman cantidades adicionales por daños psicológicos acreditados en al menos tres de los perjudicados que se personaron como parte en el procedimiento. Ninguna de las fuentes consultadas recoge declaraciones de los condenados o de sus defensas sobre la resolución; todas coinciden en que la sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según la reconstrucción publicada por eldiario.es, la investigación se originó en 2017 a raíz de una denuncia por extorsión presentada por el fundador de la funeraria contra un extrabajador que, tras participar durante años en el reparto de ataúdes, había reunido un archivo propio de pruebas sobre la práctica —entre ellas decenas de libretas, carpetas con certificados de defunción y rollos de fotografías— y exigió una compensación económica a cambio de silencio, en una maniobra de extorsión que terminó volviéndose en su contra. Esa denuncia, presentada inicialmente por la propia dirección de la empresa, derivó en una investigación policial de largo recorrido que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en la causa penal que ha concluido en la condena conocida el 28 de octubre de 2026. eldiario.es señala que ese extrabajador fue hallado muerto en 2024, en una circunstancia que el propio medio describe como una posible relación con el caso, sin que ninguna de las otras fuentes consultadas para este artículo corrobore de forma independiente ese dato; se recoge aquí como procedente de una única fuente y debe tratarse con cautela mientras no se confirme de forma adicional.

El caso, conocido popularmente en Castilla y León como el 'caso ataúdes' o el 'cambiazo de féretros', había tenido ya una fuerte repercusión local durante la instrucción judicial, dado el número de familias potencialmente afectadas en Valladolid y su provincia. La fase de instrucción se prolongó varios años antes de que el procedimiento llegara a juicio oral en 2026, de acuerdo con la cronología recogida por Legaltoday.

La sentencia establece además responsabilidad civil subsidiaria para dos sociedades del grupo, Agencia Funeraria Castellana, S.A. y Parque El Salvador, S.L., y mantiene medidas cautelares para garantizar el cobro efectivo de las indemnizaciones, según recogió Infobae a partir de la reacción de la Unión de Consumidores de Castilla y León. El presidente de esa asociación, Prudencio Prieto, que ejerció la acusación particular en representación de varias familias afectadas, valoró que el fallo reconoce 'el daño moral causado a las personas afectadas' más allá de las penas de cárcel y las cuantías económicas. La abogada de la acusación particular, Dulce Sanz Rojo, se comprometió a seguir trabajando 'para hacer efectivas las indemnizaciones' una vez la sentencia sea firme, según la misma fuente.

Al cierre de esta información no hay constancia pública de que la defensa de los condenados haya anunciado formalmente un recurso, aunque las fuentes consultadas coinciden en que la vía del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sigue abierta y en que, por tanto, la condena podría modificarse antes de ser firme. Tampoco hay constancia, en ninguna de las fuentes revisadas, de una reacción pública del grupo funerario El Salvador o de sus actuales responsables tras conocerse el fallo.