La Junta confirma que dictará la finalización del procedimiento después de que el pleno municipal rechazara el proyecto. El caso es el primero que el Gobierno regional presenta como resultado del nuevo marco que reforzó la participación local.
El Gobierno regional anuncia que dictará la resolución que pone fin a la tramitación. El Ayuntamiento había aprobado por unanimidad su no conformidad con el proyecto tras el cambio de la ley ambiental autonómica. La Junta confirma que dictará la finalización del procedimiento después de que el pleno municipal rechazara el proyecto. El caso es el primero que el Gobierno regional presenta como resultado del nuevo marco que reforzó la participación local. En la práctica: El proyecto de planta de biometano de Carrión deja de avanzar por la vía administrativa anunciada por la Junta.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que dictará la resolución de finalización del procedimiento de la planta de biometano proyectada en Carrión de Calatrava, Ciudad Real.
La decisión llega después de que el Ayuntamiento trasladara formalmente su rechazo al proyecto. El pleno municipal aprobó el 17 de septiembre por unanimidad su no conformidad con la instalación.
La Junta relaciona el desenlace con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental aprobada en julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos en proyectos planteados dentro de sus términos municipales.
El vicepresidente segundo regional, José Manuel Caballero, presentó Carrión como el primer caso en el que una petición municipal de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo bajo el nuevo marco.
La instalación había sido declarada anteriormente proyecto prioritario y generó oposición vecinal durante meses.
WIRESdesk trata como hecho confirmado el anuncio de finalización del procedimiento y atribuye al Gobierno regional la caracterización del caso como el primero tras el cambio legislativo.
El proyecto de planta de biometano de Carrión deja de avanzar por la vía administrativa anunciada por la Junta.
El caso muestra un efecto práctico del cambio autonómico que reforzó el papel municipal en la tramitación ambiental.
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