Los bomberos forestales denuncian "negligencia" del Ministerio de Trabajo y llevan sus demandas al 29-N tras un verano de incendios devastadores

El jefe de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), Carlos Martín, ha pedido a los partidos políticos, en declaraciones a la agencia EFE recogidas este martes por Infobae, que se comprometan a desarrollar por completo la ley básica de bomberos forestales antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, las llamadas 29-N, convocadas por Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre tras el rechazo parlamentario de dos decretos de vivienda. BRIF es el cuerpo estatal de brigadas de refuerzo que se desplaza entre comunidades autónomas para apoyar la extinción de los grandes incendios forestales, por lo que sus condiciones laborales dependen en gran medida de la normativa estatal, a diferencia de otros cuerpos autonómicos.

Martín ha acusado directamente al Ministerio de Trabajo de "negligencia" en el cumplimiento de sus obligaciones, afirmando que el departamento "no ha hecho absolutamente nada" para avanzar en la regulación pendiente, a pesar de que el colectivo le entregó documentos de trabajo para facilitar su redacción. La acusación se refiere al desarrollo reglamentario de la Ley 5/2024, la ley básica de bomberos forestales aprobada en noviembre de 2024, cuyo plazo legal para su despliegue expiró a finales de 2025 sin que se publicara la normativa específica sobre prevención de riesgos laborales, jornada de trabajo durante los incendios y catálogo de enfermedades profesionales.

Esa denuncia no es nueva: ya en mayo de 2026, el medio sindical sindicalismo.org informó de un bloqueo del reglamento estatal de prevención para bomberos forestales, y a finales de junio CCOO convocó una manifestación en Madrid, frente a la sede del Ministerio de Trabajo, para exigir responsabilidades políticas y medidas urgentes de seguridad, según recogió Telecinco. Los bomberos denunciaron entonces, en los mismos términos que ahora repite Martín, "demasiada improvisación" en la gestión de los recursos frente a los incendios, y la manifestación recorrió varias sedes ministeriales implicadas en la gestión de los incendios antes de concluir frente al propio Ministerio de Trabajo.

El Gobierno sí aprobó en julio de 2026 el Real Decreto-ley 20/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de julio, que establece medidas urgentes de protección laboral, social, notarial y registral para responder a las consecuencias de los incendios forestales, en línea con las valoraciones de centrales como UGT, que reconocieron en su momento el refuerzo de la protección del empleo afectado por las llamas. Esa norma, sin embargo, no desarrolla la regulación específica de jornada ni el reconocimiento de enfermedades profesionales que BRIF sigue reclamando, por lo que el vacío reglamentario denunciado por el colectivo permanece, según las fuentes consultadas, pese a la medida de julio.

Entre las enfermedades profesionales que el colectivo pide incorporar al catálogo oficial figuran lesiones musculoesqueléticas, pérdida de audición por el uso continuado de maquinaria y transporte en helicóptero, y cánceres vinculados a la exposición a gases tóxicos durante la extinción. Martín ha señalado que este verano varios compañeros llegaron a acumular turnos continuos de hasta 24 horas, una práctica que el colectivo atribuye a la falta de una regulación específica de jornada adaptada a las exigencias físicas de la profesión, y que considera incompatible con los estándares de seguridad laboral exigibles a un trabajo de alto riesgo físico y térmico.

El trasfondo de la protesta es la magnitud de la campaña de incendios de este verano: según los datos citados por Martín, el fuego ha arrasado más de 300.000 hectáreas en España en 2026, una cifra que triplica la media de las últimas dos décadas, con grandes incendios en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El Ministerio de Trabajo no ha respondido públicamente, según las fuentes consultadas, a la acusación de negligencia formulada por Martín ni ha explicado los motivos del retraso en el desarrollo reglamentario más allá del plazo legal vencido.

La Ley 5/2024 fue el resultado de años de reivindicación sindical para dotar de un marco estatal homogéneo a un colectivo que, hasta su aprobación, dependía casi por completo de normativas autonómicas dispares en cuanto a jornada, equipamiento y clasificación profesional. La norma, tramitada como ley básica de bomberos forestales, buscaba evitar que la protección laboral de estos trabajadores dependiera de la comunidad autónoma en la que prestaran servicio, dada la naturaleza frecuentemente transfronteriza de los grandes incendios y el uso habitual de brigadas desplazadas entre territorios durante la temporada de riesgo, una movilidad que hace especialmente visible la falta de un marco único de jornada y seguridad.

Más de un año después de su aprobación, la falta de desarrollo reglamentario mantiene en la práctica buena parte de esa disparidad: sin una regulación estatal de jornada, son las administraciones autonómicas y las empresas adjudicatarias de los servicios de extinción las que fijan de facto los turnos y las condiciones durante los incendios, lo que explica, según los sindicatos del sector, que se repitan episodios como los turnos de 24 horas denunciados este verano. Esa misma disparidad fue señalada por sindicalismo.org en mayo, cuando documentó que distintas comunidades autónomas habían postergado la aplicación de aspectos de la ley mínima estatal mientras el reglamento de prevención seguía bloqueado en Madrid, una situación que los sindicatos del sector describen como una doble demora, autonómica y estatal, sobre el mismo problema.

Con la campaña electoral del 29-N ya en marcha, Martín ha situado explícitamente la exigencia de desarrollo reglamentario como una prueba de compromiso para los partidos que aspiren a formar Gobierno, al margen de su color político, insistiendo en que el riesgo de que se repita una tragedia como las de veranos anteriores no depende del resultado electoral sino de que exista una regulación efectiva antes de la próxima campaña de incendios de 2027.