El PP de Madrid da por cerrada la polémica del ático de Ayuso, pero admite el riesgo electoral de que siga viva hasta los comicios

La dirección regional del Partido Popular de Madrid dio por cerrada internamente la controversia sobre la compra de un ático en el barrio de Chamberí, adquirido a través de la empresa pública Planifica Madrid, tras la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La sesión sirvió, según la lectura del propio partido, para recomponer la unidad interna en torno al relato oficial, aunque no logró apagar por completo una controversia que ya acumula casi dos meses de recorrido público.

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, considerado el 'número dos' de Isabel Díaz Ayuso, aprovechó su turno de intervención en esa sesión para fijar el relato defensivo del partido y dirigir sus críticas hacia la izquierda, en una estrategia de contraataque que ha mantenido de forma consistente desde que estalló el caso. En agosto, Serrano ya había restado importancia al asunto con un tono irónico, llegando a bromear sobre que la 'noticia del verano' fuera que Ayuso 'vuelva a vivir de alquiler en un piso' pagado con su propio dinero, y calificando de 'absurdo' que la oposición insinuara una operación encubierta a diez meses de las elecciones.

Pese al tono de cierre institucional, fuentes autonómicas del propio PP consultadas por la prensa reconocen en privado que el asunto puede tener consecuencias políticas reales de cara a la cita electoral: describen dos efectos que se retroalimentan, una mayor movilización del electorado de izquierdas en torno al caso y cierta desafección en el electorado de centroderecha, con votos que podrían derivar hacia la abstención o hacia Vox, lo que pondría en riesgo la mayoría absoluta que hoy permite a Ayuso gobernar la Comunidad de Madrid en solitario.

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Una encuesta de GAD3 citada en la cobertura del caso retrata la ambivalencia de la opinión pública madrileña ante la polémica: el 60% de los encuestados considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por Ayuso sobre el ático, pero, al mismo tiempo, el 53% cree que la oposición está utilizando el caso fundamentalmente para desgastarla políticamente antes de las elecciones, dos percepciones que pueden convivir en un mismo votante sin resultar necesariamente contradictorias.

El desenlace político del caso queda, por tanto, abierto: el PP considera cerrado el capítulo institucional tras la comparecencia parlamentaria, pero el propio partido admite que el verdadero test sobre el coste electoral de la polémica no llegará hasta que los madrileños voten en las próximas elecciones autonómicas.