La auditoría sobre la mayor empresa pública madrileña en América deja en el aire el cobro de deudas millonarias

El Canal de Isabel II, la empresa pública de abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid, inició a principios de siglo una expansión empresarial en Latinoamérica que hoy se encuentra en claro proceso de retroceso. Según la información económica publicada por la propia entidad, algunas de las filiales más afectadas son las de Brasil y Colombia, con un balance deficitario acumulado de 41 millones de euros en pérdidas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, tiene fijada una estrategia clara respecto a estas filiales: "ir reduciéndolas a cero", en palabras recogidas de fuentes conocedoras del proceso. El objetivo es liquidar de forma progresiva una presencia empresarial que en su día se planteó como una vía de diversificación de ingresos y que hoy representa, sobre todo, un pasivo económico y una fuente de complejidad en la rendición de cuentas.

El entramado societario en América incluye, entre otras, a AAA Dominicana, Aguas de Samborondón Amagua en Ecuador, Amérika Tecnologías de la Información, Canal Extensia América, Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (ASAA), Gestus Gestión & Servicios, el grupo Inassa —que agrupa hasta cinco sociedades colombianas—, AAA Ecuador Agacase, la uruguaya Soluciones Andinas del Agua, y las brasileñas Emissao y Fontes da Serra. Varias de estas sociedades figuran ya en proceso de venta dentro de la estrategia de repliegue.

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El dato más llamativo de la auditoría de cuentas del grupo tiene que ver, sin embargo, con México: las dos únicas empresas del conjunto que no han presentado un informe de auditoría son precisamente las filiales mexicanas, que alegan no tener obligación de hacerlo por estar sometidas a la legislación de ese país. La distinción, según fuentes citadas en el proceso, es entre "lo que es una obligación legal en México y lo que es una obligación política en España", una zona gris que deja en el aire la fiscalización completa de esas cuentas desde Madrid.

Esa falta de auditoría en las sociedades mexicanas complica precisamente la valoración del cobro de deudas pendientes en la región: sin un informe auditado que certifique el estado financiero real de esas filiales, resulta más difícil para la Comunidad de Madrid determinar con precisión qué cantidades son recuperables y cuáles deben darse por perdidas antes de completar el proceso de liquidación anunciado por el Gobierno regional.

En paralelo, y sin relación directa con la situación de las filiales americanas, el Canal de Isabel II ha lanzado en España una ofensiva distinta para recuperar deudas de clientes morosos. La entidad —en cuyo accionariado están representados la Comunidad de Madrid y 116 ayuntamientos de la región— está dispuesta a destinar 1.161.600 euros, IVA incluido, a la contratación de cuatro despachos de abogados que se repartan 3.029 expedientes de deuda de clientes y terceros, incluidas reclamaciones a quienes hayan dañado las redes de abastecimiento y saneamiento.

Ambos frentes —el repliegue ordenado de las filiales americanas deficitarias y la ofensiva legal contra morosos en España— reflejan una misma prioridad de gestión: sanear las cuentas del Canal de Isabel II reduciendo tanto el riesgo exterior como la morosidad interna. No obstante, en las fuentes disponibles no consta una cifra consolidada y oficial del total de deuda pendiente de cobro en la red de filiales latinoamericanas, ni un calendario público detallado del proceso de reducción a cero anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo que deja abierta la incógnita sobre el coste final de la operación para las arcas públicas madrileñas.