La Audiencia Provincial de Bizkaia confirma la condena al eurodiputado y a OkDiario por difundir en 2023 una alerta policial "no contrastada" que señalaba a un hombre, identificado después como un paciente psiquiátrico, como sospechoso de transportar explosivos hacia Madrid.
El tribunal vasco considera que el eurodiputado y el diario digital convirtieron una alerta policial interna, explícitamente marcada como "no contrastada", en una acusación pública de terrorismo contra un hombre que resultó ser un paciente psiquiátrico sin vínculo alguno con explosivos. La Audiencia Provincial de Bizkaia confirma la condena al eurodiputado y a OkDiario por difundir en 2023 una alerta policial "no contrastada" que señalaba a un hombre, identificado después como un paciente psiquiátrico, como sospechoso de transportar explosivos hacia Madrid. En la práctica: La sentencia refuerza el criterio judicial de que republicar una alerta policial interna sin reproducir sus salvedades expresas ('no contrastada') puede constituir una vulneración del derecho al honor, incluso cuando la fuente original es una comunicación oficial.

Alvise Pérez, condenado a pagar 20.000 euros de indemnización por la Audiencia Provincial de Bizkaia. Imagen de archivo (2021).
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La Audiencia Provincial de Bizkaia, en su Sección Quinta, ha condenado al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', a indemnizar con 20.000 euros a un hombre al que acusó públicamente en su canal de Telegram de transportar explosivos con destino a Madrid. El diario digital OkDiario, que publicó primero la información, deberá pagar otros 15.000 euros. La sentencia, dictada el 13 de noviembre de 2026, confirma en apelación un fallo previo del Juzgado de Primera Instancia de Barakaldo y aún puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo, según coinciden varios medios que han tenido acceso al fallo.
El origen del caso se remonta a la noche del 16 al 17 de noviembre de 2023, cuando la Ertzaintza emitió una alerta interna dirigida a otros cuerpos policiales sobre un hombre que circulaba en un Peugeot 308 negro, presuntamente con un artefacto explosivo en el maletero, en dirección a Madrid. La Policía Nacional y la Guardia Civil, con el país entonces en nivel 4 de alerta antiterrorista, priorizaron el aviso y lo difundieron a comisarías y comandancias de toda España. Horas después, la Ertzaintza localizó el vehículo en Barakaldo (Bizkaia), donde residía el hombre, y comprobó que no transportaba explosivo alguno: según confirmó la Guardia Civil tras descartar cualquier relación con el terrorismo, se trataba de un paciente psiquiátrico que se había ausentado de un centro, sin vínculo con ninguna organización ni intención delictiva.
OkDiario publicó esa misma madrugada la noticia bajo el titular "La Policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid", vinculando explícitamente al hombre con un posible atentado. Alvise Pérez replicó el contenido en su canal de Telegram, que entonces tenía unos 368.000 suscriptores, añadiendo según recoge la sentencia el nombre completo, la fotografía y la matrícula del vehículo del afectado; el mensaje alcanzó más de 227.000 visualizaciones en pocas horas, en un momento de máxima sensibilidad social por el nivel de alerta antiterrorista vigente.
El tribunal ha sido explícito en su reproche a ambos demandados: la alerta interna de la Ertzaintza advertía expresamente que la información no estaba contrastada, una salvedad fundamental que ni OkDiario ni Alvise reprodujeron en sus respectivas publicaciones. Según la sentencia, ambos usaron la comunicación policial "no neutralmente", añadiendo elementos propios que "reforzaron la credibilidad de la imputación" de terrorismo contra una persona concreta e identificable. La Audiencia concluye que no se trató de "una mera inexactitud, sino del núcleo mismo de la información", con una imputación "objetivamente apta para causar un intenso descrédito personal y social", al margen de que la fuente original fuera una comunicación policial.
La sentencia recoge además que el afectado sufrió "un perjuicio personal y profesional grave y un daño psicológico", circunstancia acreditada mediante un informe pericial incorporado al procedimiento judicial. Más allá de las indemnizaciones económicas, el fallo obliga a OkDiario a retirar definitivamente la noticia de su web y a Alvise Pérez a eliminar el mensaje de su canal de Telegram, medidas cautelares que ya se habían dictado en primera instancia por el Juzgado de Barakaldo y que la Audiencia de Bizkaia mantiene íntegramente en la apelación.
Hasta el cierre de esta información, ni Alvise Pérez ni los responsables de OkDiario habían realizado declaraciones públicas sobre la sentencia de apelación. Medios especializados en información judicial señalan, no obstante, que el eurodiputado tiene previsto recurrir en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, instancia en la que ya mantiene abiertos otros litigios derivados de informaciones difundidas en su canal de Telegram, lo que podría retrasar aún más la firmeza de este fallo concreto.
Este caso se suma a una serie ya extensa de condenas por difusión de información no verificada que acumula Alvise Pérez, cuyo canal de Telegram ha sido señalado repetidamente por tribunales españoles por difundir denuncias, acusaciones o datos personales de terceros sin comprobación previa. Según distintos medios que siguen su trayectoria judicial, las indemnizaciones impuestas al eurodiputado en diferentes procedimientos superan en conjunto los 147.000 euros, una cifra que crece con cada nueva sentencia firme o en apelación.
El episodio ilustra, además, una tensión recurrente entre la rapidez de la difusión en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, y los estándares de verificación exigibles tanto a medios de comunicación como a figuras públicas con audiencias masivas. El tribunal distingue con claridad entre la alerta policial original, que advertía expresamente de su carácter preliminar y no contrastado, y la forma en que esa alerta fue reescrita, despojada de sus cautelas y amplificada hasta presentarse ante cientos de miles de personas como un hecho confirmado de terrorismo, con graves consecuencias para la persona señalada.
La Audiencia Provincial de Bizkaia subraya en su fallo que el nivel de alerta antiterrorista vigente en España en noviembre de 2023 no exime a los medios ni a figuras con gran capacidad de difusión de contrastar la información antes de publicarla, sino que, al contrario, exige mayor cautela precisamente por el potencial de alarma social y de daño reputacional que una acusación de ese tipo puede generar contra una persona identificada públicamente por su nombre, fotografía y matrícula.
17 de noviembre de 2023: la Ertzaintza emite una alerta interna 'no contrastada' sobre un hombre sospechoso de transportar explosivos; OkDiario y Alvise Pérez la difunden públicamente sin la salvedad de no verificación.
Horas después: la Ertzaintza localiza al hombre en Barakaldo y confirma que no transportaba explosivos; era un paciente psiquiátrico ausentado de un centro.
13 de noviembre de 2026: la Audiencia Provincial de Bizkaia confirma en apelación la condena a Alvise Pérez (20.000 euros) y OkDiario (15.000 euros).
La sentencia refuerza el criterio judicial de que republicar una alerta policial interna sin reproducir sus salvedades expresas ('no contrastada') puede constituir una vulneración del derecho al honor, incluso cuando la fuente original es una comunicación oficial.
Obliga a OkDiario a retirar la noticia y a Alvise a eliminar el mensaje de Telegram, además de las indemnizaciones de 20.000 y 15.000 euros respectivamente.
El caso se produjo en noviembre de 2023, con España en nivel 4 de alerta antiterrorista, un contexto que los jueces señalan como factor que agravó el impacto de la difusión de la acusación falsa.
La sentencia de apelación del 13 de noviembre de 2026 confirma un fallo previo del Juzgado de Primera Instancia de Barakaldo.
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