La Comisión Mixta de seguimiento, reunida el 8 de octubre, avanza en el calendario y el reparto de costes para demoler el hotel ilegal de Carboneras, parado desde 2006 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tras la anulación judicial de la licencia de obras.
El Gobierno central y la Junta de Andalucía acordaron este 8 de octubre avanzar de forma coordinada para agilizar el procedimiento administrativo que debe permitir derribar el hotel El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), tras casi dos décadas de litigios y tres meses después de que un tribunal anulara la licencia de obras que amparaba la construcción. La Comisión Mixta de seguimiento, reunida el 8 de octubre, avanza en el calendario y el reparto de costes para demoler el hotel ilegal de Carboneras, parado desde 2006 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tras la anulación judicial de la licencia de obras. En la práctica: Gobierno y Junta de Andalucía acuerdan coordinarse para fijar calendario y presupuesto del derribo de El Algarrobico, en su décima Comisión Mixta.

El edificio inacabado del hotel El Algarrobico, en la playa del mismo nombre, dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Carboneras, Almería).
Foto: Millars (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) informó este 8 de octubre de que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía acordaron, en la décima reunión de la Comisión Mixta de seguimiento, avanzar de manera coordinada para agilizar el procedimiento sobre El Algarrobico, el complejo hotelero inacabado y abandonado desde 2006 en la playa del mismo nombre, dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal de Carboneras (Almería).
La cita, celebrada por videoconferencia y presidida por la Junta a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, buscaba concretar un calendario de actuaciones y un presupuesto para la demolición del edificio y la restauración del entorno, según relataron Infobae y Libertad Digital. La consejera de Sostenibilidad, Adolfina Martínez, señaló que el objetivo es que la recuperación del paraje sea "irreversible", mientras que representantes socialistas reclamaron avances inmediatos alegando que "Carboneras ha esperado demasiado".
El protocolo que ambas administraciones negocian prevé un reparto de cargas: el Estado financiaría el derribo de la estructura, mientras la Junta de Andalucía asumiría el desescombro, la gestión de residuos y la restitución de las características naturales originarias del terreno, de acuerdo con la información difundida por el propio Ministerio. La Junta de Andalucía abrió el 1 de octubre un expediente de restablecimiento de la legalidad territorial que contempla no solo el derribo del hotel, sino también el desmantelamiento de las infraestructuras asociadas.
El principal obstáculo legal que frenaba el derribo cayó en julio de 2025, cuando un tribunal declaró la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras concedió en 2003 para levantar el complejo de 411 apartamentos en 21 plantas. La construcción, iniciada ese mismo año sobre suelo protegido por la Ley de Costas, fue detenida por orden judicial en febrero de 2006 tras una batalla legal iniciada por grupos ecologistas, y el edificio permanece en ruinas desde entonces como símbolo del urbanismo ilegal en el litoral español. En febrero de 2025, el Consejo de Ministros había iniciado el proceso para declarar de interés público la expropiación del inmueble.
Pese al acuerdo de coordinación anunciado este 8 de octubre, ni el Miteco ni la Junta han hecho público un calendario cerrado de derribo ni una cifra definitiva de presupuesto; la propia consejera Martínez admitió que la reunión servía para "avanzar en la concreción" de esos puntos, no para cerrarlos. El Ayuntamiento de Carboneras conserva además un papel clave, al ser quien debe aportar documentación pendiente del expediente municipal original para poder cerrarlo formalmente.
El caso de El Algarrobico se ha convertido durante dos décadas en el símbolo más citado del urbanismo ilegal en el litoral mediterráneo español, invocado de forma recurrente en debates sobre la aplicación de la Ley de Costas y la protección de espacios naturales frente a la presión turística e inmobiliaria. Organizaciones ecologistas que impulsaron parte de la batalla judicial original han reclamado en los últimos años que el acuerdo entre administraciones se traduzca en plazos vinculantes, ante el riesgo de que sucesivos cambios de gobierno autonómico o estatal vuelvan a dilatar una demolición que las propias administraciones llevan anunciando como inminente desde hace más de un año.
2003: el Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia de obras para el hotel El Algarrobico; comienza la construcción.
Febrero de 2006: la Justicia ordena paralizar las obras tras demandas de grupos ecologistas; el edificio queda inacabado.
Febrero de 2025: el Consejo de Ministros inicia el proceso para declarar de interés público la expropiación del inmueble.
Julio de 2025: un tribunal declara la nulidad de la licencia de obras de 2003, retirando el principal obstáculo legal para el derribo.
1 de octubre de 2026: la Junta de Andalucía abre el expediente de restablecimiento de la legalidad territorial sobre el inmueble.
8 de octubre de 2026: Gobierno y Junta celebran la décima Comisión Mixta de seguimiento y acuerdan coordinarse para agilizar calendario y presupuesto del derribo.
Gobierno y Junta de Andalucía acuerdan coordinarse para fijar calendario y presupuesto del derribo de El Algarrobico, en su décima Comisión Mixta.
El protocolo en negociación prevé que el Estado financie el derribo de la estructura y la Junta asuma el desescombro y la restauración ambiental del entorno.
La Junta abrió el 1 de octubre un expediente de restablecimiento de la legalidad territorial que incluye el desmantelamiento de infraestructuras asociadas.
El hotel El Algarrobico se construyó a partir de 2003 sobre suelo protegido del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras (Almería), con una licencia municipal hoy declarada nula.
Las obras fueron paralizadas por orden judicial en febrero de 2006 tras demandas de organizaciones ecologistas, y el edificio, de 411 apartamentos y 21 plantas, nunca llegó a abrir ni a alojar a nadie.
En febrero de 2025 el Consejo de Ministros inició el proceso de declaración de interés público para la expropiación del inmueble, y en julio de 2025 un tribunal anuló la licencia de obras original, lo que las administraciones describen como el principal obstáculo legal ya superado.
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