El juez del caso Plus Ultra rechaza investigar a Zapatero por malversación por las joyas no entregadas al Estado

El magistrado José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional e instructor del caso Plus Ultra, ha rechazado ampliar la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero para incluir un presunto delito de malversación de caudales públicos, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, informa Europa Press. La petición del Ministerio Público se basaba en que el expresidente socialista no entregó a Patrimonio del Estado tres juegos de joyas —con rubíes, esmeraldas y zafiros, valorados entre uno y 1,3 millones de euros— que, según la acusación, le regaló el entonces rey saudí Abdalá bin Abdulaziz durante una visita oficial en 2007.

En su resolución, fechada este 6 de noviembre, Calama argumenta que en 2007 no existía ninguna norma que obligara a los altos cargos a entregar al Estado los regalos institucionales recibidos, por lo que aplicar criterios posteriores —como el Código de Buen Gobierno de 2005, de naturaleza no vinculante, o la Ley de Transparencia de 2013, que sí reguló expresamente este tipo de obsequios— para fundamentar una imputación penal vulneraría el principio de legalidad recogido en la Constitución. El juez concluye, no obstante, que "aun admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política", esa valoración no tiene encaje penal bajo el tipo de malversación.

El razonamiento del instructor distingue de forma explícita entre responsabilidad penal y responsabilidad ética o política: reconoce que la retención de un regalo de esa magnitud por parte de un jefe de Gobierno en ejercicio puede merecer un reproche público, pero sostiene que ese juicio corresponde al debate político y no a la vía penal, dado que ninguna norma vigente en el momento de los hechos imponía la entrega obligatoria del obsequio al Estado. Esta distinción es, según el propio auto, la que impide trasladar automáticamente el Código de Buen Gobierno —una norma de adhesión voluntaria sin consecuencias punitivas— al ámbito del delito de malversación.

La decisión judicial frena también, como medida conexa, las inspecciones tributarias que la Agencia Tributaria mantenía abiertas sobre Zapatero, su entorno familiar y las joyas en cuestión, al considerar el magistrado que carecen de fundamento mientras no se acredite la naturaleza pública de los bienes. Las tres piezas fueron localizadas durante un registro practicado en el despacho del expresidente en el marco más amplio de la instrucción del caso Plus Ultra, abierta desde 2021.

La resolución no cierra el caso para Zapatero: el expresidente continúa imputado en la causa Plus Ultra por presuntos delitos de fraude y contrabando, en una pieza separada que investiga una trama de tráfico de influencias en torno a los 53 millones de euros en ayudas públicas concedidas durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, en la que se le atribuye un papel de intermediación a cambio de beneficios económicos. Esa pieza principal del caso sigue su curso en la Audiencia Nacional de forma independiente a la petición sobre las joyas que el juez ha rechazado ahora.

Varios medios españoles —entre ellos Infobae, El Español, Vozpopuli y Libertad Digital— han confirmado de forma independiente el contenido de la resolución y el mantenimiento de los cargos por fraude y contrabando, con detalles coincidentes sobre el razonamiento jurídico del juez Calama, el origen saudí de las joyas y su tasación entre uno y 1,3 millones de euros.

La defensa de Zapatero ha sostenido en el procedimiento que las joyas constituyeron un regalo "estrictamente personal" y no institucional, por lo que no estarían sujetas al propio Código de Buen Gobierno que el expresidente impulsó durante su mandato, y ha atribuido la falta de documentación sobre su destino al tiempo transcurrido, cerca de dos décadas desde la visita oficial de 2007. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, había defendido que el carácter oficial de la visita convertía el obsequio en un bien de naturaleza pública desde el momento de su recepción.

El caso Plus Ultra sigue, por tanto, dividido en dos frentes judiciales para Zapatero: uno ya cerrado, el de la malversación por las joyas, que el juez ha descartado expresamente al no encontrar amparo legal para la imputación; y otro abierto, el de fraude y contrabando vinculado al rescate público de la aerolínea, cuya instrucción continúa en la Audiencia Nacional sin que se haya fijado por el momento una fecha para su conclusión ni para una eventual apertura de juicio oral.

La pieza principal del caso Plus Ultra, abierta en 2021, investiga si la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en plena pandemia, respondió a criterios técnicos o a una presunta trama de tráfico de influencias en la que se atribuye un papel de intermediación a Zapatero a cambio de beneficios económicos para él o su entorno. La instrucción ha puesto el foco en los vínculos de algunos accionistas e inversores de Plus Ultra Líneas Aéreas con Venezuela, un extremo que la Fiscalía ha investigado en paralelo sin que, hasta la fecha, se haya formulado un escrito de acusación formal contra el expresidente por esos hechos.

La Fiscalía Anticorrupción, que fue la parte que impulsó la petición de ampliar la imputación por malversación, puede recurrir el auto de Calama ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, un trámite habitual en este tipo de resoluciones de instrucción cuando el Ministerio Público considera que el instructor ha descartado indebidamente una línea de investigación. Ninguna de las cuatro fuentes consultadas —Europa Press, Infobae, El Español y Vozpópuli— informa de que la Fiscalía haya anunciado ya un recurso, por lo que la decisión podría ganar firmeza en las próximas semanas si no se impugna dentro del plazo procesal.