El Tribunal Supremo mantiene por ahora el derecho al voto de los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos' en las generales del 29N, pero ha admitido a trámite un nuevo recurso de Iustitia Europa que podría alterar ese escenario antes de la jornada electoral. En paralelo, el Gobierno ha aprobado una contratación de emergencia para garantizar que las papeletas y sobres lleguen a tiempo a los consulados.
El Supremo rechazó el 9 de noviembre suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la ley de Memoria Democrática, pero el 11 de noviembre admitió a trámite un nuevo recurso de Iustitia Europa contra esa decisión, con plazo de alegaciones hasta el domingo. El Gobierno, mientras, ha aprobado una contratación de emergencia de 80.226,63 euros para que sobres y papeletas lleguen a tiempo a los consulados antes del 29N. El Tribunal Supremo mantiene por ahora el derecho al voto de los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos' en las generales del 29N, pero ha admitido a trámite un nuevo recurso de Iustitia Europa que podría alterar ese escenario antes de la jornada electoral. En paralelo, el Gobierno ha aprobado una contratación de emergencia para garantizar que las papeletas y sobres lleguen a tiempo a los consulados.

Sede del Tribunal Supremo en Madrid, donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo tramita el recurso sobre el voto de los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos'.
Foto: Luis García (Zaqarbal) · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El derecho al voto de 189.678 hijos de personas nacionalizadas españolas a través de la llamada 'ley de nietos' (la Ley de Memoria Democrática de 2022) sigue vigente a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero pende de un recurso judicial que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite y que no se resolverá hasta, como muy pronto, el fin de semana previo a la jornada electoral.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó el 9 de noviembre una petición de Vox e Iustitia Europa para extender a ese colectivo la suspensión cautelar de voto que ya pesa sobre 162.454 beneficiarios directos de la ley —personas que no acreditaron documentalmente su descendencia de exiliados de la dictadura—. Los magistrados razonaron que la solicitud llegaba cuando ya había transcurrido 'más de la mitad del calendario electoral' y que identificar y notificar a 189.678 afectados en apenas dos semanas antes de la apertura de la votación en consulados sería 'materialmente imposible', además de generar 'serias dudas sobre la viabilidad' de revisar caso por caso los expedientes de nacionalización.
Iustitia Europa no se conformó con esa resolución y presentó un nuevo recurso el 10 de noviembre pidiendo, entre otras medidas, la suspensión total del voto de ese colectivo, la separación y no escrutinio de las papeletas ya emitidas por esos electores, y la identificación pormenorizada de cada beneficiario y su vía de nacionalización. El Supremo admitió este recurso a trámite el 11 de noviembre y concedió a las partes un plazo excepcional hasta el domingo 15 de noviembre para presentar alegaciones, una decisión que no implica que el tribunal vaya a dar la razón al recurrente, sino que abre un trámite de revisión cuyo resultado es aún incierto.
Es importante no confundir ambos colectivos: los 162.454 nacionalizados originales siguen con su voto suspendido salvo que acrediten de forma directa su descendencia de exiliados, mientras que sus 189.678 hijos —que no estaban comprendidos en la suspensión cautelar inicial— sí pueden votar el 29N salvo que el nuevo recurso de Iustitia Europa prospere antes de esa fecha. Ninguna de las dos cifras ha sido cuestionada por las partes personadas en el procedimiento, aunque proceden de fuentes periodísticas que citan el auto judicial y no del texto íntegro de la resolución, que esta redacción no ha podido consultar de forma directa en CENDOJ.
La suspensión original sobre los 162.454 nacionalizados directos provocó una fuerte reacción política: la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, acusó a PP y Vox de buscar que 'los descendientes del franquismo puedan votar, pero no los de los exiliados', mientras fuentes socialistas calificaron de 'coalición reaccionaria' la alianza judicial de ambos partidos en este litigio. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, estudió entonces recurrir la suspensión ante el Tribunal Constitucional, aunque persisten dudas jurídicas sobre si solo los propios afectados pueden hacerlo. Vox e Iustitia Europa, por el contrario, celebraron el mantenimiento de esa suspensión como una garantía de elecciones 'limpias'; el coordinador jurídico de Vox y eurodiputado Jorge Buxadé defendió que si los progenitores obtuvieron la nacionalidad de forma fraudulenta, sus hijos y nietos también la habrían adquirido de forma fraudulenta.
En paralelo a la batalla judicial, el Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre una declaración de emergencia para contratar, por 80.226,63 euros (impuestos incluidos), el servicio de recepción, almacenamiento, clasificación y empaquetado de material electoral —sobres y papeletas— destinado a las representaciones españolas en el exterior. El Gobierno justificó el procedimiento de urgencia en el riesgo de no disponer 'en el plazo necesario' de los medios para preparar ese material a tiempo para los centros de votación en el extranjero, invocando las obligaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de distribuir papeletas oficiales y sobres de votación suficientes en cada mesa.
El propio Gobierno ha vinculado explícitamente esa urgencia logística a la ampliación del censo exterior derivada del aval judicial al voto de los hijos de nacionalizados: al no haberse podido depurar a tiempo el listado de electores, los consulados deben estar preparados para atender a un cuerpo electoral mayor del previsto inicialmente, lo que tensiona unos plazos ya de por sí ajustados y explica por qué el contrato se tramitó por la vía de emergencia en lugar del procedimiento ordinario de contratación pública.
El calendario de voto desde el exterior, según la nota de prensa oficial de La Moncloa, establece que los electores residentes fuera de España reciben primero, entre el 24 y el 30 de octubre, la documentación y los sobres, y después, entre el 4 y el 8 de noviembre (con posible retraso hasta el 14 si hubo impugnaciones de candidaturas), las papeletas, que también pueden descargarse de la web del INE. El voto por correo puede depositarse hasta el 24 de noviembre y el voto presencial en embajadas, consulados o centros habilitados se realiza del 21 al 26 de noviembre.
La disputa sobre el voto de la 'ley de nietos' se produce además en un contexto de precampaña tensa, con el resultado de las generales del 29N considerado ajustado por varias encuestas; de ahí el argumento de Iustitia Europa de que ese colectivo podría 'decidir escaños' y la insistencia del Supremo en que cualquier cambio de criterio a estas alturas del proceso comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad electoral.
9 de noviembre de 2026: el Supremo rechaza extender la suspensión cautelar de voto a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos.
10 de noviembre de 2026: el Consejo de Ministros aprueba la contratación de emergencia de material electoral para el extranjero; Iustitia Europa presenta nuevo recurso.
11 de noviembre de 2026: el Supremo admite a trámite el recurso de Iustitia Europa y da plazo de alegaciones hasta el 15 de noviembre.
29 de noviembre de 2026: fecha de las elecciones generales.
El resultado del recurso admitido el 11 de noviembre, pendiente de resolución antes del 29N, puede alterar en el último momento el censo de votantes en el extranjero y, según Iustitia Europa, el reparto de escaños.
La contratación de emergencia de material electoral evidencia que la ampliación judicial del cuerpo electoral exterior ha generado tensiones logísticas reales en la organización del proceso en consulados.
El litigio ha polarizado a los partidos: PSOE acusa a PP y Vox de buscar excluir selectivamente a descendientes de exiliados, mientras Vox e Iustitia Europa defienden la suspensión como garantía de limpieza electoral.
La 'ley de nietos' es el nombre coloquial de la vía de nacionalización por memoria democrática recogida en la Ley 20/2022, que permitió solicitar la nacionalidad española a descendientes de exiliados y perseguidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Un auto judicial previo del Supremo ya había suspendido cautelarmente el voto de 162.454 beneficiarios directos de esa vía que no acreditaron su descendencia directa de exiliados; esa suspensión no afecta, de entrada, a sus hijos.
El PSOE entrega a Pedraz el listado de sus abogados y facturas de 2021 a 2025 en el 'caso Leire Díez' y pide que queden bajo secreto
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.
El Supremo rechaza por segunda vez el recurso de Vox para suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
El juez del caso Koldo rechaza la nulidad del registro de la UCO en casa de Ábalos
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
Feijóo defiende pactar con Vox pero pone como línea roja la excarcelación de etarras
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
Un exempleado de la cantera que surte de balasto a Adif denuncia ante la jueza de Adamuz que el material es "defectuoso"
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.