El cirujano Luis Alberto Martos anuncia acciones legales contra la consejera Fátima Matute después de denunciar el cambio de prioridad de 57 pacientes del Ramón y Cajal. Responsables del hospital defienden su gestión y las vías penal e interna siguen abiertas.
Sabemos que 57 pacientes cambiaron de prioridad; todavía se discute por qué se hizo y si hubo alguna responsabilidad jurídica. Una denuncia o una querella no sustituyen esa investigación. Documentos y grabaciones publicados muestran cambios de prioridad en 57 pacientes del Ramón y Cajal; responsables del hospital defienden la gestión. El cirujano que denunció el caso anuncia ahora acciones legales contra la consejera de Sanidad. Las investigaciones y denuncias abiertas no equivalen a culpabilidad probada. El cirujano Luis Alberto Martos anuncia acciones legales contra la consejera Fátima Matute después de denunciar el cambio de prioridad de 57 pacientes del Ramón y Cajal. Responsables del hospital defienden su gestión y las vías penal e interna siguen abiertas. En la práctica: El caso afecta a 57 pacientes que habían sido clasificados como preferentes y pasaron a categoría normal, según documentación y grabaciones internas publicadas.
El conflicto por las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal ha entrado en una nueva fase después de que el cirujano **Luis Alberto Martos anunciara acciones legales contra la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute**, por el trato que asegura haber recibido tras denunciar cambios en la prioridad de pacientes.
El origen del caso está en **57 pacientes de Traumatología** inicialmente clasificados como preferentes. Según documentación interna y grabaciones publicadas por EL PAÍS, esos pacientes pasaron posteriormente a categoría normal.
La diferencia no es meramente administrativa. En la clasificación utilizada, un paciente preferente tiene un objetivo máximo de espera de alrededor de **90 días**, mientras que la categoría normal puede ampliar ese horizonte hasta **180 días**.
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Responsables del área quirúrgica han reconocido que se produjeron cambios de prioridad, aunque han defendido su actuación y su capacidad para tomar decisiones de gestión y criterio clínico. También han pedido que no se utilice el caso para cuestionar globalmente la profesionalidad del hospital.
Martos sostiene que las modificaciones se hicieron sin conocimiento de los cirujanos responsables y denunció públicamente lo ocurrido. Este jueves anunció una querella o acciones legales contra Matute por el 'hostigamiento' que afirma haber sufrido después.
La Consejería y responsables políticos madrileños han cuestionado la versión del denunciante y han defendido la actuación del hospital. Algunas de sus declaraciones sobre Martos forman parte ahora del conflicto jurídico y político.
En paralelo, **Más Madrid ha presentado una denuncia ante Fiscalía** para que investigue posibles delitos relacionados con los cambios de prioridad y con la divulgación de información sobre el médico denunciante. Esa denuncia abre una vía de investigación; no demuestra que se hayan cometido esos delitos.
El propio hospital ha anunciado una investigación interna. Por tanto, hay que distinguir tres cuestiones: si los cambios de prioridad se produjeron, por qué se hicieron y si alguna actuación tuvo relevancia disciplinaria, administrativa o penal.
Los documentos publicados y las declaraciones de responsables hospitalarios aportan evidencia de que hubo cambios en la clasificación de pacientes. Lo que sigue siendo objeto de disputa es **la justificación clínica y organizativa, la responsabilidad de cada persona y si existió una finalidad ilícita**.
El caso tiene además un efecto más amplio: vuelve a poner bajo escrutinio cómo se construyen las estadísticas de listas de espera. Cambiar una prioridad puede modificar no solo el plazo del paciente, sino también cómo aparece el rendimiento del hospital en los indicadores públicos.
El caso afecta a 57 pacientes que habían sido clasificados como preferentes y pasaron a categoría normal, según documentación y grabaciones internas publicadas.
El cambio implica pasar de un objetivo de intervención de hasta 90 días a uno de hasta 180 días.
El cirujano Luis Alberto Martos anunció el 24 de septiembre acciones legales contra la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, por el trato recibido tras denunciar el caso.
Más Madrid presentó previamente una denuncia ante Fiscalía para que investigue posibles irregularidades.
El hospital anunció una investigación interna y responsables quirúrgicos han publicado un comunicado defendiendo la gestión del centro.
Fuentes: Europa Press — acciones legales de Luis Alberto MartosEL PAÍS — reunión interna del Ramón y CajalEL PAÍS — respuesta de responsables quirúrgicosEL PAÍS — denuncia ante Fiscalía
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