Policías y guardias civiles abandonan el encierro en Interior tras ser desalojados por la UPR y denunciar "ninguneo" del Gobierno

Los 16 representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional (Jupol, SUP, UFP) y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, Jucil, ASESGC, APC, AEGC e IGC) que se habían encerrado la tarde del martes en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad abandonaron el edificio pasada la una de la madrugada del jueves, tras ser desalojados por unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional enviadas por el Ministerio del Interior, según informaron de forma coincidente Europa Press, la agencia EFE (recogida por Infobae) y Estrella Digital. El encierro, que había comenzado la tarde anterior en la sede madrileña de la Secretaría de Estado, se prolongó así durante más de ocho horas sin que Interior y los sindicatos llegaran a un acuerdo sobre las condiciones de jubilación reclamadas.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, afirmó que los representantes decidieron salir "de forma pacífica" para "no comprometer a nuestros propios compañeros de la UPR", a quienes consideraron colocados en una posición incómoda al tener que ejecutar el desalojo de otros agentes. Rivero calificó de "ignominia" que el Gobierno no hubiera desalojado todavía otras ocupaciones, como la de la Puerta del Sol, mientras actuaba con celeridad contra policías y guardias civiles que reclaman el reconocimiento de su profesión como de riesgo, según recogieron Estrella Digital y Libertad Digital.

El secretario general del SUP, Carlos Prieto, denunció el trato recibido durante las más de ocho horas de encierro, en las que los sindicatos aseguran que se les cortó el suministro de agua y comida y se les advirtió de posibles denuncias por allanamiento y desobediencia si no abandonaban el edificio en el plazo de una hora. "Si un policía le negara comida a un detenido, nos acusarían de tortura", afirmó Prieto en declaraciones recogidas por Estrella Digital, en alusión a lo que los convocantes describieron como un trato desproporcionado hacia sus propios representantes.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, había comunicado a los sindicatos que la convocatoria electoral del 29 de noviembre impedía cerrar en este momento un acuerdo sobre las condiciones de jubilación, según Libertad Digital, que precisa que la reunión previa al encierro apenas duró media hora antes de que los representantes sindicales pidieran un receso y decidieran encerrarse. Ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría de Estado de Seguridad han emitido hasta el momento un comunicado público que confirme o desmienta las condiciones del desalojo descritas por los sindicatos, ni han respondido públicamente a la acusación de "ninguneo" lanzada por los representantes sindicales tras abandonar el edificio.

El secretario general de AUGC, Juan Fernández, insistió en que el objetivo de la asociación durante el encierro era el diálogo y no la confrontación, y reclamó que fuera el propio ministro Fernando Grande-Marlaska quien asumiera personalmente la negociación en lugar de delegarla en la Secretaría de Estado de Seguridad, según recogió Libertad Digital. Los sindicatos recordaron, además, que entre sus reivindicaciones concretas figuran una pensión mínima anual de 39.659,44 euros para el grupo C1 de la función pública, el cómputo del tiempo trabajado en el grupo C2 a efectos de ese grupo superior, la aplicación retroactiva de las mejoras desde el 1 de enero de 2026 y un mecanismo de protección del poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación, cifras ya detalladas en comunicados sindicales previos al encierro.

El episodio tuvo una rápida traducción política: el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "abandonar" a los profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras el desalojo, según recogió Teleprensa. La comparación que varios sindicatos establecieron entre la rapidez del desalojo policial y la permanencia de otras ocupaciones de espacios públicos, como la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, fue utilizada tanto por los representantes sindicales como por medios próximos a la oposición para cuestionar los criterios de actuación del Ministerio del Interior, sin que este haya respondido públicamente a esa comparación.

Tras abandonar el edificio, los representantes sindicales anunciaron que mantendrán la presión para lograr el reconocimiento oficial de la profesión de riesgo y una jubilación anticipada a partir de los 59 años con un coeficiente reductor del 0,20 por año cotizado, exigiendo que cualquier acuerdo quede blindado legalmente antes de las elecciones generales del 29-N, ante el temor de que un cambio de Gobierno o de legislatura reabra la negociación desde cero. Los convocantes defienden que, al no disponer de un régimen de segunda actividad como el de otros cuerpos de seguridad, cualquier demora adicional en el acuerdo prolonga una situación que consideran de desprotección para los agentes de mayor edad o con condiciones físicas reducidas para el servicio operativo.

El desalojo se produce poco más de un mes después de que la secretaria de Estado de Seguridad presentara, el 23 de septiembre, una propuesta conjunta de Interior y Hacienda sobre jubilación policial con un plazo previsto para el 12 de noviembre, plazo que los sindicatos consideran ya comprometido tanto por la convocatoria electoral como por el desenlace de este encierro y de su posterior desalojo de madrugada.