Barcelona: 130 detenidos tras una noche de saqueos e incendios en Plaça de Catalunya

Una concentración convocada sin autorización a través de redes sociales como TikTok derivó en disturbios la noche del sábado 24 de octubre en la Plaça de Catalunya de Barcelona. Según el balance oficial de los Mossos d'Esquadra, actualizado el 26 de octubre, se produjeron 130 detenciones, el saqueo de 23 comercios y 33 incendios de contenedores y elementos urbanos, con daños materiales estimados en unos 36.000 euros.

El primer balance policial, difundido el domingo por la mañana, hablaba de 128 detenidos y 72 menores remitidos a la Fiscalía; la cifra se revisó al alza a lo largo del lunes hasta los 130 detenidos y 89 menores, a medida que avanzaban las identificaciones. Esa variación entre balances sucesivos es habitual en sucesos de esta magnitud y aquí se recogen los datos más recientes facilitados por los Mossos, sin dar por cerrado el recuento mientras continúe la instrucción judicial y policial sobre lo ocurrido esa noche.

De los detenidos, 89 eran menores de edad y fueron remitidos a la Fiscalía de Menores. De ellos, 43 comparecieron el domingo ante el fiscal, que ha solicitado el internamiento en el centro Can Llupià para seis de ellos y la libertad vigilada, con prohibición de acercarse a un radio de 1.000 metros de futuras concentraciones, para otros 29. El resto fue puesto en libertad con la obligación de comparecer semanalmente mientras los equipos técnicos evalúan medidas educativas.

El procedimiento con menores se rige por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que prioriza medidas educativas sobre el internamiento salvo en casos de especial gravedad; la petición de ingreso en Can Llupià para seis de los implicados indica que la Fiscalía considera sus conductas entre las más graves de la noche, mientras que la libertad vigilada con alejamiento busca evitar que los demás menores participen en convocatorias similares mientras se resuelve el expediente.

En los disturbios resultaron heridos 14 agentes de los Mossos d'Esquadra y un guardia urbano, cuatro de ellos de gravedad. La policía confiscó decenas de objetos mediante denuncias administrativas, entre ellos armas blancas, aerosoles, pasamontañas, material pirotécnico y piedras. La consellera de Interior, Núria Parlon, afirmó que 'no había ninguna manifestación, ninguna organización social' detrás de la convocatoria, y que los participantes buscaban 'disturbios continuos, saqueos y robos'. Esa valoración es una atribución de intenciones de la autoridad competente, no un hecho judicialmente establecido, y la investigación sobre el origen de la convocatoria —un perfil identificado como @Blocus X y su propagación por Telegram y WhatsApp— sigue abierta.

Los comercios saqueados se concentraron en el entorno inmediato de la plaza y las calles comerciales adyacentes del centro de Barcelona, una de las zonas con mayor afluencia turística y comercial de la ciudad, lo que según fuentes policiales facilitó tanto la rápida propagación de los disturbios como la posterior identificación de parte de los participantes a través de cámaras de videovigilancia comercial y municipal.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que el Ayuntamiento se personará como parte perjudicada en el procedimiento judicial. Ninguno de los detenidos ha sido condenado hasta la fecha; la Fiscalía y los juzgados de menores deben resolver aún las medidas definitivas. Fuentes policiales citadas por varios medios señalaron paralelismos con disturbios recientes en ciudades francesas como posible fuente de inspiración de la convocatoria, una hipótesis policial que no ha sido confirmada de forma independiente.

El episodio se produce en un contexto de preocupación creciente de las autoridades catalanas por la capacidad de convocatoria de perfiles anónimos en redes sociales para organizar aglomeraciones masivas sin estructura política o social identificable, un fenómeno que los Mossos d'Esquadra vinculan a la facilidad de difusión viral en plataformas como TikTok, Telegram y WhatsApp y que plantea retos específicos de anticipación policial frente a las convocatorias tradicionales, habitualmente vinculadas a organizaciones con interlocutores conocidos.

El suceso reabre además el debate político y policial sobre la responsabilidad penal de los menores implicados en disturbios organizados a través de internet, así como sobre los protocolos de los Mossos d'Esquadra para anticipar convocatorias virales no autorizadas antes de que se concentren grandes grupos de personas en espacios públicos céntricos como la Plaça de Catalunya, un punto de alta visibilidad simbólica y mediática para la ciudad.

Barcelona ya había registrado anteriormente incidentes de orden público vinculados a convocatorias difundidas en redes sociales, pero las propias autoridades catalanas subrayan que, a diferencia de otras protestas previas en la ciudad, en este caso no fue posible identificar ninguna reivindicación política, social o sindical detrás de la llamada a concentrarse, lo que las diferencia de episodios anteriores con un trasfondo reivindicativo más claro y dificulta, según fuentes policiales, anticipar o prevenir convocatorias similares en el futuro.

A falta de que la instrucción judicial avance, las próximas semanas deberán aclarar tanto el origen exacto de la convocatoria viral como las medidas definitivas que se impongan a los menores investigados, mientras el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya evalúan posibles cambios en el dispositivo de seguridad para espacios públicos masivos ante convocatorias similares surgidas en redes sociales sin un interlocutor identificable con quien negociar o anticipar riesgos con antelación suficiente.