La policía británica admite que las órdenes para registrar las propiedades del expríncipe Andrés por el caso Epstein fueron ilegales

Thames Valley Police reconoció ante un tribunal de Londres que las órdenes de registro empleadas el 19 de febrero de 2026 para entrar en dos residencias de Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, se solicitaron y concedieron al amparo de un artículo equivocado de la Police and Criminal Evidence Act de 1984. Según recogieron RTVE, El Mundo y la agencia citada por Ámbito, las órdenes debieron tramitarse bajo el artículo 9 de esa ley, relativo a material especialmente protegido, y no bajo el artículo 8 por el que finalmente se concedieron, un defecto que un juez de la Central Criminal Court ha considerado suficiente para anularlas tras admitirlo así la propia policía ante el tribunal.

El registro afectó a Royal Lodge, la residencia de Andrés en Windsor (Berkshire), y a una segunda propiedad vinculada a él en Norfolk, el mismo día en que fue detenido por sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. La investigación se originó a partir de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein que, según la acusación, sugieren que Andrés pudo compartir información confidencial con el financiero —condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019— cuando ejercía como enviado comercial del Reino Unido en 2010, en un periodo en el que mantenía una relación social estrecha con Epstein que ya había sido objeto de escrutinio público años antes.

Un portavoz de Thames Valley Police declaró, en una cita recogida por Ámbito, que "el acuerdo que ha llevado a la anulación de las órdenes de registro se refiere específicamente a una decisión tomada por el tribunal sobre la base legal de las mismas y no es una opinión sobre nuestra investigación en curso". La policía remarca así que la anulación es una cuestión de procedimiento —qué artículo de la ley ampara el registro de determinado tipo de material— y no una valoración sobre si existen o no indicios suficientes contra el expríncipe, un matiz que la propia fuerza policial ha querido dejar explícito para evitar que se interprete como un reconocimiento de inocencia o un cierre encubierto de la investigación.

Los documentos y dispositivos electrónicos incautados durante el registro permanecen bajo custodia policial mientras continúa el litigio sobre si ese material podrá usarse como prueba; está previsto que una nueva vista, prevista para 2027, resuelva esa cuestión. Es decir: la anulación de las órdenes no implica, por el momento, la devolución del material incautado ni el archivo de la investigación, que formalmente sigue abierta, y los plazos judiciales británicos apuntan a que el caso sustantivo no avanzará de forma significativa antes de ese año, lo que prolonga la incertidumbre tanto para la acusación como para la defensa.

El abogado de Andrés presentó un recurso de revisión judicial (judicial review) contra la actuación tanto de la jefatura policial como de la Central Criminal Court, lo que indica que la defensa del expríncipe busca capitalizar este traspiés procesal más allá de la simple anulación de las órdenes, en un intento de debilitar el uso posterior del material incautado y, eventualmente, de cuestionar la validez de toda la investigación derivada de ese registro ante instancias judiciales superiores.

Conviene distinguir los planos: lo que está establecido y reconocido por la propia policía es el defecto legal en la emisión de las órdenes de registro. Lo que sigue siendo una acusación no resuelta es si Andrés compartió o no información confidencial con Epstein en 2010; él niega haber cometido ningún delito, y ningún tribunal se ha pronunciado todavía sobre el fondo de esa acusación. La prensa británica ha insistido en separar ambos planos para evitar que un triunfo procesal se confunda con una exoneración sustantiva de las acusaciones que motivaron la investigación.

El caso se produce en un contexto de fuerte desgaste público para Andrés, que ya perdió sus títulos y su condición de miembro activo de la familia real británica a raíz de su relación con Epstein, revelada primero por la polémica entrevista de 2019 a la BBC y agravada después por las revelaciones judiciales estadounidenses sobre el entorno del financiero. Andrés también llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor de edad, un acuerdo que no incluyó admisión de culpa pero que reforzó la percepción pública de que el expríncipe tenía algo que ocultar sobre su relación con Epstein.

La Casa Real británica no ha emitido una declaración pública sobre la anulación de las órdenes, y el Palacio de Buckingham ha mantenido durante todo el proceso una política de no comentar los asuntos legales que afectan a Andrés a título personal, distinguiéndolos de su papel institucional ya extinguido. Analistas citados por la prensa británica apuntan a que el episodio, aunque favorable a la defensa de Andrés en el plano procesal, difícilmente revertirá el daño reputacional acumulado desde 2019, y que el foco mediático seguirá puesto en la vista de 2027 sobre la admisibilidad del material incautado, más que en este incidente procesal aislado.

El defecto reconocido por Thames Valley Police también ha reabierto un debate recurrente en el Reino Unido sobre el rigor con el que los tribunales conceden órdenes de registro en casos de alto perfil mediático, después de que otros cuerpos policiales británicos hayan enfrentado críticas similares en años recientes por errores de tramitación en investigaciones contra figuras públicas, lo que alimenta críticas sobre la presión añadida que estos casos imponen a los procedimientos ordinarios.