Dos extécnicos del Barça Atlètic confirman ante la jueza que usaban los informes arbitrales de Negreira, lo que choca con las declaraciones de Luis Enrique y Valverde. La instrucción queda pendiente de documentación financiera antes de decidir si hay juicio.
La declaración de un exentrenador y un exdelegado del filial culé, que admiten haber usado los informes arbitrales de José María Enríquez Negreira, abre una grieta en la defensa del FC Barcelona justo cuando la instrucción judicial entra en su recta final. Dos extécnicos del Barça Atlètic confirman ante la jueza que usaban los informes arbitrales de Negreira, lo que choca con las declaraciones de Luis Enrique y Valverde. La instrucción queda pendiente de documentación financiera antes de decidir si hay juicio. En la práctica: La contradicción entre los testimonios del filial y los del primer equipo no prueba amaño de partidos, pero añade un elemento fáctico relevante sobre el uso real de los informes de Negreira que la instrucción deberá sopesar antes de decidir si hay juicio oral, y que previsiblemente figurará en los escritos de calificación de ambas partes.

El Camp Nou, estadio del FC Barcelona, club investigado en el 'caso Negreira'.
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El 'caso Negreira' ha cerrado su fase de testificales en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona tras las declaraciones del pasado 13 de noviembre de Gerard López, extécnico del Barça Atlètic entre 2015 y 2018, y de Toni Alonso, exdelegado del mismo equipo filial. Ambos confirmaron ante la magistrada que utilizaban los informes arbitrales elaborados por José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, para preparar los partidos del segundo equipo culé, según recoge Infobae.
La declaración contrasta con la de los máximos responsables del primer equipo durante buena parte del periodo investigado, Luis Enrique y Ernesto Valverde, quienes testificaron en diciembre de 2025 que nunca conocieron ni emplearon esos informes. La aparente contradicción no demuestra por sí sola que existiera un pacto de favores arbitrales, pero sí introduce una discrepancia fáctica dentro del propio club sobre el uso real de los análisis pagados a Negreira, un extremo que la instrucción deberá valorar junto al resto de pruebas documentales y periciales ya incorporadas al expediente a lo largo de estos tres años.
Según la reconstrucción de ambas fuentes, López declaró que los informes servían para obtener 'mayor conocimiento de los árbitros' en una época previa al VAR, mientras que Alonso corroboró que el filial los empleaba de forma habitual para preparar encuentros. Ninguno de los dos vinculó ese uso a la obtención de decisiones arbitrales favorables, y la defensa del Barça mantiene que los pagos -en torno a 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018, según los cálculos citados por las partes- correspondían a servicios de asesoramiento técnico sobre el arbitraje español, no a compra de favores en partidos concretos.
Con estas dos declaraciones se agota el bloque de testificales que la jueza, Alejandra Gil Llima, había mantenido pendiente tras rechazar, el 1 de septiembre, la petición del Real Madrid de ampliar la instrucción seis meses más. Esa solicitud, presentada el 14 de julio y respaldada por la Fiscalía el día 15, fue descartada porque, según recoge The Objective, las dos testificales de noviembre ya estaban fijadas dentro del plazo legal y porque el tribunal ya había denegado el 7 de agosto otras diligencias adicionales pedidas por el club blanco.
La magistrada argumentó, de acuerdo con la reconstrucción de iusport.com, que ninguno de los tres motivos esgrimidos por el Real Madrid -las testificales pendientes, un recurso en curso ante la Audiencia Provincial y diligencias no resueltas- justificaba prolongar el plazo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que cualquier decisión posterior de una instancia superior validaría igualmente las diligencias acordadas dentro de plazo. Esa resolución, explica la misma fuente, ya anticipaba que la instrucción entraría en su tramo final en noviembre, como finalmente ha ocurrido, y descartaba de forma expresa que quedaran diligencias esenciales sin resolver.
Cerrado el capítulo testifical, la instrucción no se da por concluida: según COPE, la jueza espera aún la documentación financiera reclamada al FC Barcelona y a la Agencia Tributaria, además de los informes médicos sobre el estado de salud de Enríquez Negreira, cuya defensa alega un trastorno neurocognitivo compatible con el alzhéimer que podría afectar a su capacidad para continuar como investigado. Solo con ese material completo podrá decidir si archiva la causa o la eleva a juicio oral, una resolución que, según la misma fuente, no se espera antes de principios de 2027.
El Real Madrid, personado como acusación particular desde el inicio del procedimiento, ha presionado durante meses para que el caso llegue a juicio oral, mientras el FC Barcelona sostiene que toda la operación respondió a un servicio legítimo de análisis arbitral y no a la compra de decisiones. Ninguna resolución judicial firme ha establecido hasta la fecha la existencia de amaño de partidos; el expediente sigue en fase de instrucción y cualquier conclusión sobre responsabilidad penal corresponde, en última instancia, a la jueza y, en su caso, a un tribunal de enjuiciamiento tras un juicio con todas las garantías procesales.
Las dos nuevas declaraciones sí amplían el expediente fáctico sobre el uso interno de los informes de Negreira más allá del primer equipo, un dato que tanto la acusación particular como la defensa del Barça podrán emplear en sus respectivos escritos de calificación una vez se complete la instrucción. Si la jueza decide finalmente abrir juicio oral, ese material pasaría a manos de un tribunal distinto, que deberá valorar de nuevo toda la prueba sin estar vinculado por las conclusiones provisionales alcanzadas durante la fase de instrucción.
La causa, abierta en 2023 a raíz de los pagos del FC Barcelona a empresas vinculadas a Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero, ha pasado por sucesivas prórrogas y recursos de ambos clubes ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El próximo hito previsible es la incorporación de la documentación financiera, tributaria y médica aún pendiente, tras la cual la magistrada deberá resolver sobre la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, una decisión que previsiblemente abrirá, a su vez, un nuevo turno de recursos por parte de quien resulte perjudicado por la resolución final.
La jueza rechazó el 1 de septiembre de 2026 una petición del Real Madrid, respaldada por la Fiscalía, de ampliar la instrucción seis meses más. Luis Enrique y Ernesto Valverde, entrenadores del primer equipo durante parte del periodo investigado, declararon en diciembre de 2025 que no conocían ni usaban los informes de Negreira.
La contradicción entre los testimonios del filial y los del primer equipo no prueba amaño de partidos, pero añade un elemento fáctico relevante sobre el uso real de los informes de Negreira que la instrucción deberá sopesar antes de decidir si hay juicio oral, y que previsiblemente figurará en los escritos de calificación de ambas partes.
El caso investiga pagos del FC Barcelona, de unos 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018, a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA en ese periodo, y a sociedades vinculadas a él y a su hijo. El Real Madrid se persona como acusación particular; el Barça sostiene que los pagos fueron por asesoramiento técnico sobre arbitraje, no por compra de favores.
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