Varios medios citan fuentes anónimas de Moncloa que apuntan a que el Gobierno indultará al ex fiscal general Álvaro García Ortiz tras las elecciones del 29-N y con el Ejecutivo en funciones, para evitar el coste electoral de la medida. Sánchez solo ha dicho que 'no lo descarta', sin confirmar fecha ni fórmula, mientras el Tribunal Supremo ya emitió en junio un informe desfavorable por no apreciar 'razones de justicia, equidad o utilidad pública'. La legalidad de un indulto en funciones es, además, jurídicamente discutida pese al precedente de los 15 indultos de Rajoy en 2016.
Cinco medios citan fuentes anónimas de Moncloa que sitúan el indulto al ex fiscal general Álvaro García Ortiz después del 29-N, con el Gobierno en funciones. Sánchez no lo ha confirmado ni desmentido: solo ha dicho que 'no lo descarta'. El Supremo ya informó en contra en junio. Varios medios citan fuentes anónimas de Moncloa que apuntan a que el Gobierno indultará al ex fiscal general Álvaro García Ortiz tras las elecciones del 29-N y con el Ejecutivo en funciones, para evitar el coste electoral de la medida. Sánchez solo ha dicho que 'no lo descarta', sin confirmar fecha ni fórmula, mientras el Tribunal Supremo ya emitió en junio un informe desfavorable por no apreciar 'razones de justicia, equidad o utilidad pública'. La legalidad de un indulto en funciones es, además, jurídicamente discutida pese al precedente de los 15 indultos de Rajoy en 2016.

Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo de 2020 difundida por la Fiscalía General del Estado, antes de su etapa como fiscal general. Foto: Fiscalía General del Estado / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
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El Gobierno de Pedro Sánchez estudia conceder un indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, pero no existe ninguna confirmación oficial sobre cuándo se aprobaría. Cinco medios de distinta línea editorial —OkDiario, The Objective, Periodista Digital, Hispanidad y La Bandera— han publicado en los últimos días, citando fuentes anónimas de Moncloa, que la medida de gracia se dejaría para después de las elecciones generales del 29 de noviembre y se tramitaría con el Ejecutivo ya en funciones, para evitar el coste electoral de aprobarla antes de la cita con las urnas. Ningún portavoz del Gobierno ha confirmado ese calendario con nombre y cargo.
La única declaración pública y verificable de Sánchez sobre el asunto, recogida por la Cadena COPE el 9 de octubre, es que 'no lo descarto' al ser preguntado por un indulto antes del 29-N. El presidente no precisó fecha ni fórmula, y remitió el asunto al expediente que estudia el Ministerio de Justicia. El titular de Justicia, Félix Bolaños, señaló entonces que el Gobierno 'decidirá en los próximos días o lo postergará', sin cerrar ninguna de las dos opciones. Es decir: la frase de Sánchez confirma que la posibilidad existe y está sobre la mesa, pero no respalda por sí sola la fecha y la fórmula —tras el 29-N y en funciones— que atribuyen a fuentes anónimas los medios citados.
García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial y al pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de secretos al filtrar datos de un correo electrónico de la acusación particular durante la instrucción de una causa fiscal contra González Amador. La condena implicó su salida del cargo de fiscal general del Estado, puesto que ocupaba desde agosto de 2022 y que había heredado tras el fallecimiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía.
Antes de que el Gobierno pudiera resolver sobre el indulto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitió en junio de 2026 un informe preceptivo pero no vinculante en el que concluyó que no apreciaba 'razones de justicia, equidad o utilidad pública' para concederlo, según recogió entonces la agencia oficial La Moncloa. El propio tribunal valoró como graves los hechos por los que condenó a García Ortiz y no observó en él ningún acto posterior que suponga 'reconocimiento de la validez de la norma y del acatamiento del ordenamiento jurídico'. La Fiscalía, por su parte, había apoyado la petición de indulto alegando consecuencias 'intensas y desproporcionadas' para el condenado, en un informe favorable que contrasta abiertamente con el del alto tribunal.
El dato más específico y menos verificable de esta historia —que el indulto se otorgaría tras el 29-N, con el Gobierno en funciones, y que no figurará en el orden del día de los dos Consejos de Ministros extraordinarios previstos antes de esa fecha— procede en exclusiva de fuentes gubernamentales no identificadas citadas por OkDiario, y es reproducido con matices similares por el resto de medios consultados. Ninguno de ellos aporta un documento, un correo o una declaración con nombre y cargo que lo respalde; todos atribuyen la información a 'fuentes de Moncloa' o 'fuentes cercanas al presidente'. Esa cadena de atribución anónima obliga a tratar el calendario como una previsión informativa, no como un hecho confirmado por el Gobierno, por más que coincida en varios medios independientes entre sí.
La propia posibilidad de que un Gobierno en funciones conceda un indulto es, además, jurídicamente discutida. El Tribunal Supremo avaló en una sentencia de diciembre de 2005 que un Ejecutivo en funciones puede conceder o denegar indultos, al no tratarse de una competencia expresamente excluida por la Ley 50/1997 del Gobierno; con ese respaldo, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 15 indultos estando en funciones en 2016. Pero un sector de la doctrina jurídica sostiene lo contrario: al ser el indulto una prerrogativa discrecional que no exige motivación, no podría encajar en la gestión de 'asuntos públicos' que la ley reserva a un Gobierno en funciones, por lo que cualquier acuerdo de este tipo adoptado en funciones carecería de validez plena. La cuestión no está resuelta de forma unánime, pese al precedente de 2016, y podría acabar de nuevo ante los tribunales si finalmente se aprueba en esas condiciones.
El trasfondo político de las informaciones es la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que el caso García Ortiz ha sido utilizado reiteradamente por el PP y Vox como símbolo de lo que denuncian como un uso partidista del Ministerio Fiscal por parte del Ejecutivo de Sánchez. Las fuentes citadas por los medios consultados sostienen que aprobar el indulto antes de esa fecha 'podría penalizar en las urnas' al PSOE, lo que explicaría el aplazamiento atribuido hasta después del recuento. Se trata de una interpretación política atribuida a fuentes anónimas, no de una razón expuesta públicamente por el Gobierno ni por el propio Sánchez en ninguna de sus intervenciones públicas sobre el caso.
A fecha de esta información no hay confirmación oficial de Moncloa sobre una fecha concreta para el indulto, ni constancia pública de que el asunto esté incluido en el orden del día de los próximos Consejos de Ministros, ordinarios o extraordinarios. La incógnita de si la medida llegará antes o después del 29 de noviembre, y si se tramitará con un Gobierno en funciones o con uno ya investido tras las elecciones, permanece abierta hasta que exista una decisión y una comunicación oficial del Ejecutivo, y no antes.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial y a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por revelación de secretos.
Sánchez declaró el 9 de octubre de 2026 que 'no descartaba' un indulto antes del 29-N, sin precisar fecha.
Un indulto a García Ortiz reabriría el debate sobre la independencia del Ministerio Fiscal y sobre los límites de las competencias de un Gobierno en funciones, justo tras un proceso electoral.
El momento elegido para resolverlo —antes o después del 29-N— tiene lectura estrictamente política además de jurídica, dado que la oposición ha convertido el caso en un argumento de campaña.
García Ortiz fue fiscal general del Estado hasta su condena por el Tribunal Supremo por revelar datos de la causa fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitió en junio de 2026 un informe no vinculante desfavorable al indulto; la Fiscalía General del Estado, en cambio, se mostró favorable a concederlo.
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