El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Pompeu Fabra colaboran en un proyecto piloto que usará inteligencia artificial para revisar documentación y generar resoluciones preliminares en los concursos de personas físicas, que suponen hasta el 90% de la carga de estos juzgados.
Los dos juzgados de lo Mercantil de Valladolid probarán un sistema de inteligencia artificial diseñado para automatizar la revisión documental y generar resoluciones preliminares en los procedimientos de la ley de segunda oportunidad, que representan entre el 80% y el 90% de la carga de trabajo de estos tribunales. El proyecto, en el que colaboran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Universitat Pompeu Fabra, lleva meses de retraso por la complejidad técnica de adaptar la herramienta a los procesos judiciales. El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Pompeu Fabra colaboran en un proyecto piloto que usará inteligencia artificial para revisar documentación y generar resoluciones preliminares en los concursos de personas físicas, que suponen hasta el 90% de la carga de estos juzgados. En la práctica: Los juzgados de lo Mercantil de Valladolid probarán una herramienta de IA para revisar documentación y generar resoluciones preliminares en los expedientes de la ley de segunda oportunidad.
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El juez José María Tapia, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid, anunció durante unas jornadas de jueces especializados celebradas en Burgos —organizadas por la empresa de subastas Trademat y con la asistencia de unos 30 magistrados de distintas regiones— que los dos juzgados mercantiles de la ciudad castellanoleonesa probarán un sistema de inteligencia artificial para agilizar la tramitación de los expedientes de la ley de segunda oportunidad, el mecanismo legal que permite a personas físicas liquidar o reducir sus deudas.
Según explicó Tapia, la herramienta está pensada para revisar documentación, verificar que se cumplen los requisitos legales y generar borradores de resoluciones en estos procedimientos, altamente estandarizados y que concentran entre el 80% y el 90% de los asuntos que llegan a los juzgados de lo Mercantil. El proyecto es fruto de la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universitat Pompeu Fabra, encargada del diseño del sistema.
La implantación, sin embargo, se ha retrasado por la complejidad de los procesos informáticos necesarios para aplicar la IA a estos expedientes. "Debería haberse implantado en febrero o marzo, pero no lo hemos conseguido todavía", reconoció Tapia, que confía en que la herramienta aporte "más rapidez, agilidad y eficiencia" a una tramitación que, según datos aportados en las jornadas, supone más de 2.000 procedimientos anuales de personas físicas solo en el juzgado de Valladolid, y más de 600 al año en el de Burgos.
El magistrado subrayó además que el diseño del sistema incorpora garantías de protección de datos: el acceso público a la información de los procedimientos se limitará a datos procesales, sin incluir los nombres de los solicitantes, las deudas concretas o los bienes afectados. El plan, una vez superada la fase de pruebas en Valladolid, prevé extender la herramienta al resto de juzgados de lo Mercantil de Castilla y León y, posteriormente, a otras comunidades autónomas, en los partidos judiciales donde el Ministerio de Justicia conserva la competencia sobre medios materiales y personales.
La iniciativa se enmarca en el esfuerzo del Ministerio de Justicia y el CGPJ por descongestionar unos juzgados mercantiles desbordados por el aumento de solicitudes de segunda oportunidad desde que se flexibilizaron los requisitos de acceso a este mecanismo de exoneración de deudas. Tapia insistió en que, por el alto grado de automatización y la baja complejidad jurídica de la mayoría de estos expedientes, son un terreno especialmente adecuado para una primera aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito judicial español.
Los propios datos aportados durante las jornadas de Burgos ilustran la magnitud del fenómeno: solo en esa provincia se registraron 73 solicitudes de segunda oportunidad de un total de 86 procedimientos concursales tramitados hasta junio, mientras que en el conjunto de Castilla y León había 845 concursos en trámite, 759 de ellos de personas físicas. Son cifras que, según los jueces reunidos en el encuentro, explican por qué el colectivo judicial especializado en materia mercantil considera urgente dotarse de herramientas que permitan absorber ese volumen sin alargar los plazos de resolución para los solicitantes.
El proyecto piloto de IA en los juzgados mercantiles de Valladolid lleva meses en desarrollo; su implantación estaba inicialmente prevista para febrero o marzo de 2026.
Los juzgados de lo Mercantil de Valladolid probarán una herramienta de IA para revisar documentación y generar resoluciones preliminares en los expedientes de la ley de segunda oportunidad.
El proyecto, impulsado con el CGPJ y la Universitat Pompeu Fabra, busca aliviar una carga de trabajo en la que estos procedimientos suponen hasta el 90% de los asuntos.
La ley de segunda oportunidad permite a personas físicas insolventes liquidar o reducir sus deudas; las solicitudes han crecido con fuerza en los últimos años tras la flexibilización de sus requisitos.
El Ministerio de Justicia mantiene competencia directa sobre medios materiales y humanos en los territorios donde no ha sido transferida a las comunidades autónomas, como es el caso analizado en Castilla y León.
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