El Gobierno autoriza y desclasifica ocho notas del CNI para que su jefe en Ceuta declare ante la jueza Tardón, mientras el jefe del puesto fronterizo ya ha testificado sobre la entrada masiva de julio.
La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en la causa que investiga la entrada masiva de migrantes por El Tarajal el 30 y 31 de julio de 2026. Es la primera persona formalmente investigada en el procedimiento y deberá declarar el 18 de noviembre, a once días de las elecciones generales del 29-N. El Gobierno autoriza y desclasifica ocho notas del CNI para que su jefe en Ceuta declare ante la jueza Tardón, mientras el jefe del puesto fronterizo ya ha testificado sobre la entrada masiva de julio. En la práctica: Es la primera persona formalmente investigada en la causa judicial sobre la crisis migratoria de El Tarajal, lo que traslada el episodio de julio del terreno político al judicial a solo dos semanas y media de las elecciones generales.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid, donde se instruye la causa sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
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La titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado un auto que imputa —es decir, cita como investigado, no como culpable— a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, dentro de la causa abierta tras la entrada masiva e irregular de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026 por el paso de El Tarajal, un episodio que generó una crisis humanitaria en la ciudad autónoma. Pérez Triano deberá declarar el próximo 18 de noviembre, según han informado de forma coincidente Infobae, COPE, Libertad Digital y CeutaTV.
La investigación se centra en si hubo fallos u omisiones en la cadena de alerta y coordinación de los servicios públicos españoles antes y durante la entrada masiva, y no en una acusación ya probada: en esta fase procesal, Pérez Triano tiene la condición de investigado, con derecho a no declarar contra sí mismo y a la presunción de inocencia, y la causa puede concluir sin cargos. Libertad Digital describe el objeto de la instrucción como la posible responsabilidad por no trasladar a las fuerzas de seguridad alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre un riesgo de entrada masiva; COPE recoge que el juzgado examina si hubo "acciones coordinadas destinadas a entorpecer la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles".
En el ordenamiento español, la figura clásica del "imputado" fue sustituida en 2015 por la de "investigado" en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pensada, entre otras cosas, para reducir la carga estigmatizante del término; jurídicamente, ambas expresiones designan a la persona sobre la que existen indicios racionales de participación en un hecho que pudiera ser delictivo, pero que no ha sido acusada formalmente por el Ministerio Fiscal o una acusación particular, y mucho menos condenada. Esa distinción es especialmente relevante en un caso con tanta repercusión mediática y electoral como este: la apertura de la causa no implica que los indicios bajo examen —el posible fallo en la cadena de alertas del CNI hacia los servicios de seguridad— vayan a confirmarse, ni que deriven necesariamente en una acusación formal contra Pérez Triano.
La pieza central de la instrucción es el testimonio de Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete de Pérez Triano, quien ha declarado que transmitió a su superior avisos del CNI sobre la movilización que se estaba produciendo en Marruecos. Como respaldo aportó, según Infobae, 19 mensajes con un contacto del CNI y una llamada telefónica mantenida el 29 de julio —la víspera de la entrada masiva—, que Libertad Digital cifra en once minutos de duración. Pérez Triano ha negado reiteradamente haber recibido esas alertas y sostiene que él mismo advirtió "semanas antes" al Gobierno central de la movilización en la otra orilla; esa negación, recogida por varios medios, no ha sido contrastada todavía con prueba documental independiente por ninguna de las fuentes consultadas.
Un tercer testimonio, el del jefe del puesto fronterizo, añade otro elemento no resuelto: declaró haber visto el 29 de julio vídeos e indicios de "cosas no habituales" y que las autoridades marroquíes dirigían a masas de personas hacia la frontera española, con un presunto cribado por parte de policías de paisano que habría permitido el paso selectivo de algunos migrantes mientras impedía el de otros, de origen subsahariano; ese mismo testigo afirmó que no llegó ninguna orden para reforzar la frontera, según Libertad Digital. Se trata de una declaración testifical, no de un hecho judicialmente acreditado, y CeutaTV señala además que Sanz dejó su puesto de jefe de gabinete en medio de contradicciones sobre el contenido exacto de esas alertas, un extremo que introduce matices sobre la fiabilidad cruzada de los testimonios y que la instrucción deberá depurar.
Pérez Triano dejó el cargo el 28 de septiembre, tras ocho meses en el puesto, en lo que CeutaTV describe como una decisión que, según él mismo explicó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llevaba tiempo tomada; otros medios la han vinculado a motivos familiares. El Gobierno ha autorizado la desclasificación de informes del CNI relacionados con el episodio para que puedan incorporarse a la causa, y el jefe de la delegación del CNI en Ceuta podría testificar como testigo en un trámite a puerta cerrada, aunque ninguna fuente confirma todavía que esa comparecencia se haya producido ni cuándo se resolverá la petición de desclasificación.
El paso de El Tarajal ya había protagonizado otra entrada masiva histórica en mayo de 2021, cuando varios miles de personas cruzaron a Ceuta a nado o por la escollera en pocas horas, en un episodio vinculado entonces a la crisis diplomática entre España y Marruecos por el Sáhara Occidental. Aquella crisis, pese a su magnitud, no derivó en ninguna imputación judicial contra un delegado del Gobierno, lo que subraya el carácter inédito de la decisión de la jueza Tardón y explica parte de la repercusión política del actual procedimiento, cinco años después y con un marco jurídico y de inteligencia fronteriza distinto.
La citación llega a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre y en plena campaña, lo que añade una dimensión política al caso sin que ningún medio consultado haya recogido hasta ahora una valoración oficial del Ministerio de Interior o de Presidencia sobre la imputación. Ceuta vivió en los días previos al aniversario de la crisis protestas vecinales —con unos 600 flotadores colocados simbólicamente, según CeutaTV— que reclamaban explicaciones sobre la gestión de julio, un indicio del desgaste político local del episodio con independencia de cuál sea, finalmente, el resultado judicial.
La crisis de El Tarajal de julio de 2026 reabrió el debate sobre la gestión fronteriza en Ceuta, con el precedente directo de la entrada masiva de mayo de 2021, que no derivó en imputaciones a cargos del Gobierno.
Es la primera persona formalmente investigada en la causa judicial sobre la crisis migratoria de El Tarajal, lo que traslada el episodio de julio del terreno político al judicial a solo dos semanas y media de las elecciones generales.
La instrucción pone el foco en un posible fallo en la cadena de alerta del CNI hacia los servicios de seguridad, un asunto de gestión de la seguridad fronteriza con potencial impacto en el debate electoral sobre inmigración.
La entrada masiva de migrantes por El Tarajal se produjo los días 30 y 31 de julio de 2026 y generó una crisis humanitaria en Ceuta; Pérez Triano dejó su cargo el 28 de septiembre, dos meses después, tras ocho meses como delegado del Gobierno.
El caso se instruye en la Audiencia Nacional, competente para asuntos de esta naturaleza, ante la jueza María Tardón.
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