Un jurado declara culpable por cohecho al primer teniente general de la Guardia Civil juzgado por corrupción

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable por unanimidad al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como 'Mon', por un delito de cohecho en el denominado 'caso Cuarteles'. Se trata del primer juicio a un teniente general del instituto armado por corrupción, según informaron este martes El Debate e Infobae a partir de la lectura del veredicto en la sede judicial madrileña.

Teniente general es uno de los grados más altos del escalafón de la Guardia Civil, por debajo únicamente de la Dirección General y de la cúpula del Segundo Jefe del cuerpo, lo que explica el carácter inédito del juicio: nunca antes un oficial de ese rango había llegado a juicio, y menos aún había sido declarado culpable, por delitos de corrupción vinculados al ejercicio de su cargo. El propio nombre del caso, 'Cuarteles', remite a la red de contratos menores de obras y suministros para instalaciones del cuerpo que quedó en el centro de la investigación.

El jurado concluyó que quedaron probados todos los hechos por los que se acusaba a ambos: que Vázquez Jarava favoreció de forma irregular a las empresas de Tejera de León con la adjudicación de 120 contratos menores entre 2008 y 2019, repartidos en 13 comandancias de la Guardia Civil por todo el país y valorados en conjunto en 3,3 millones de euros, a cambio de dádivas. La dispersión geográfica de las comandancias implicadas, repartidas por distintas provincias españolas durante más de una década, fue uno de los elementos que la acusación presentó como indicio de un patrón sistemático y no de hechos aislados.

Según la reconstrucción del jurado, Vázquez Jarava recibió del contratista alrededor de 40.000 euros en efectivo, viajes y estancias en hoteles. Los mismos datos —120 contratos, 3,3 millones de euros y 40.000 euros en dádivas— aparecen de forma coincidente en las coberturas independientes de El Debate, Infobae y La Voz de Lanzarote, lo que respalda la solidez de las cifras del veredicto y descarta discrepancias relevantes entre las distintas fuentes consultadas.

El jurado popular, además de declarar probados los hechos, se pronunció expresamente en contra de cualquier suspensión de condena o indulto que pudiera aplicarse posteriormente, una posición recogida igualmente por El Debate e Infobae. La Fiscalía, que mantuvo hasta el final del juicio su petición de la pena máxima prevista para este delito —un año de prisión—, argumentó que los hechos probados comprometieron "la confianza pública y el funcionamiento administrativo" de la institución, según recoge Infobae. La Abogacía del Estado y las asociaciones profesionales de guardias civiles personadas como acusación particular, identificadas por las siglas UGC y ASESGC en la cobertura de Infobae, respaldaron igualmente la petición de condena máxima.

El juicio, que comenzó el pasado 5 de octubre y cuyas vistas se prolongaron hasta el 17 de octubre según La Voz de Lanzarote, investigó si Vázquez Jarava, aprovechando su posición jerárquica para autorizar partidas presupuestarias, benefició de forma sistemática a Tejera de León, cuya empresa ya trabajaba con la Guardia Civil antes de la llegada de Jarava al cargo. La defensa de Vázquez Jarava sostuvo durante el proceso que sus recomendaciones "nunca" se interpretaron como órdenes, mientras que la defensa de Tejera de León alegó que la relación comercial de su cliente con el instituto armado era anterior e independiente del acusado, según recoge La Voz de Lanzarote. Ambas defensas pidieron al jurado no considerar probados los hechos o, alternativamente, una valoración más benigna de la responsabilidad penal.

El delito de cohecho de funcionario público es uno de los que, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, puede someterse en España a un jurado popular compuesto por ciudadanos junto con un magistrado-presidente, que es quien finalmente dicta la sentencia a partir del veredicto sobre los hechos. Esa es la fórmula seguida en el 'caso Cuarteles', en la que el jurado se limita a pronunciarse sobre si los hechos imputados quedaron o no probados, dejando la fijación de la pena al magistrado, que deberá resolver en las próximas semanas tras valorar las peticiones de todas las partes.

El veredicto del jurado no es firme: corresponde ahora al magistrado dictar sentencia atendiendo a las peticiones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares, y la defensa ya ha anunciado que recurrirá alegando dilaciones indebidas, al remontarse el origen de la causa a 2019, es decir, siete años antes del veredicto. Esa vía de recurso podría influir en la pena final o en una eventual rebaja, aunque no altera los hechos que el jurado consideró probados por unanimidad.

El caso se suma a otros procesos recientes de corrupción que han afectado a mandos de cuerpos de seguridad del Estado en España, en un contexto de atención pública reforzada sobre la contratación menor en organismos públicos. A la espera de la sentencia, ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior habían emitido hasta este martes una valoración oficial sobre el veredicto, más allá de las posiciones expresadas por las asociaciones profesionales personadas en la causa, que reclaman una respuesta institucional más allá del propio proceso penal.