La Fiscalía recurre de nuevo el tercer grado del exjefe de ETA Olarra Guridi por "escasa reparación del daño"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso para revocar por segunda vez en menos de medio año el tercer grado penitenciario concedido a Juan Antonio Olarra Guridi, exjefe de ETA condenado por delitos de asesinato, lesiones, estragos y otros vinculados a su pertenencia a la banda terrorista, con una pena acumulada de más de mil años de cárcel. El Ministerio Público argumenta que existe una "escasa reparación del daño" causado por el preso y que "los graves delitos cometidos" no se corresponden con una progresión de régimen tan temprana, según recoge Europa Press.

El fiscal Carlos García Berro, firmante del recurso según informó El Español, centra su argumentación en tres elementos: el escaso tiempo transcurrido —solo cinco meses— desde que la Audiencia Nacional revocó, a petición de la propia Fiscalía, una primera concesión de tercer grado a Olarra Guridi en torno a abril de este año; lo prematuro de una nueva progresión cuando aún resta un periodo sustancial de condena por cumplir, con una fecha de licenciamiento definitiva proyectada para 2032; y los pagos "escasos" realizados hasta ahora por el preso en concepto de responsabilidad civil hacia las víctimas.

La nueva concesión de tercer grado —la segunda en este caso— fue otorgada en los últimos días por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, el organismo competente en la gestión penitenciaria en Euskadi tras la transferencia de competencias. Se trata del mismo patrón que llevó a la primera revocación: la Audiencia Nacional había dejado sin efecto en los meses previos la progresión de grado inicial, también a instancias de la Fiscalía, por motivos similares relacionados con la insuficiente reparación a las víctimas.

La presentación del recurso tiene un efecto inmediato: paraliza la puesta en libertad semiabierta de Olarra Guridi hasta que un juez de la Audiencia Nacional resuelva sobre el fondo, de acuerdo con el procedimiento habitual en estos casos. No consta en las informaciones disponibles una respuesta pública del Gobierno vasco ni de la defensa del preso al recurso fiscal hasta el momento de esta publicación.

El caso de Olarra Guridi no es aislado: según informó El Español, el fiscal García Berro ha presentado un recurso paralelo contra la concesión de semilibertad a otra exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como "Anboto", otorgada por la consejera socialista María Jesús San José también cinco meses después de que un tribunal revocara una medida equivalente. Ambos recursos reflejan una controversia recurrente sobre el criterio del Gobierno vasco para conceder progresiones de grado a presos de ETA con penas muy elevadas y escasa reparación económica a las víctimas.

La decisión final corresponde a un juez de la Audiencia Nacional, que deberá valorar si el tiempo transcurrido, el historial penitenciario y el grado de reparación del daño justifican mantener o revocar la progresión. Hasta que se resuelva el recurso, Olarra Guridi permanece en régimen ordinario de cumplimiento.

El tercer grado es, en el sistema penitenciario español, el régimen de semilibertad que permite a un interno salir del centro para trabajar, formarse o pernoctar fuera de prisión, y constituye el penúltimo escalón antes de la libertad condicional. Su concesión exige valorar, entre otros factores, el tiempo de condena cumplido, el comportamiento en prisión, el pronóstico de reinserción y, de forma expresa en la normativa aplicada a delitos de terrorismo, el grado de reparación a las víctimas y la colaboración con la Justicia, que es precisamente el punto que la Fiscalía considera insuficiente en este caso.

La gestión penitenciaria en el País Vasco fue transferida por el Gobierno central a la comunidad autónoma en 2021, de modo que es el Departamento de Justicia del Ejecutivo vasco, y no la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado, el órgano que resuelve sobre las clasificaciones y progresiones de grado de los internos recluidos en centros vascos, entre ellos los presos de ETA. Esa transferencia de competencias ha sido objeto de controversia política recurrente cada vez que el Gobierno vasco concede terceros grados o permisos a exmiembros de la banda terrorista condenados por delitos de sangre, al entender algunas formaciones políticas y asociaciones de víctimas que los criterios aplicados desde entonces son más laxos que los que regían antes de la transferencia, mientras que el Ejecutivo vasco ha defendido en ocasiones anteriores que sus decisiones se ajustan estrictamente a los informes técnicos de los equipos de tratamiento penitenciario.

El episodio se produce, además, en un contexto en el que persisten expedientes abiertos sobre la reparación económica de las víctimas por parte de condenados por delitos de ETA con responsabilidades civiles fijadas en sentencia, un elemento que distintas resoluciones judiciales han señalado como relevante para decidir sobre la progresión de grado de los presos de la organización, y que vuelve a situarse en el centro del debate con este nuevo recurso.

El desenlace del recurso —y el del caso paralelo de Iparraguirre— se conocerá en las próximas semanas, cuando la Audiencia Nacional resuelva si confirma la nueva progresión de grado o la anula por segunda vez, en un proceso que, de repetirse el patrón de la primera revocación, podría volver a dejar en manos del Gobierno vasco la decisión de intentar una tercera concesión transcurrido un nuevo periodo de varios meses. Mientras tanto, el caso se suma a una lista de decisiones sobre presos de ETA que, año tras año, siguen generando un intenso debate público entre las comunidades autónomas con competencias penitenciarias transferidas y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.